Por Gonzalo Ruiz Tovar
La ruptura del partido oficialista Perú Libre (PL), dividido en cuatro grupos tras apenas 11 meses de Gobierno, se agudizó este miércoles con el pedido de ese colectivo marxista leninista de que el propio presidente Pedro Castillo renuncie a la militancia, una movida que podría debilitar su posición ante los pedidos de destitución de la oposición.
PL, a través de un comunicado publicado por su fundador, secretario general y máximo líder, Vladimir Cerrón, acusó a Castillo de fomentar divisiones en la organización y desarrollar un Gobierno “neoliberal” distante de las reformas socialistas prometidas en campaña. “Nuestro partido seguirá luchando por la conquista de sus legítimas aspiraciones, las que indudablemente son innegociables e inclaudicables para lograr un país democrático, descentralista, inclusivo, internacionalista, humanista e íntegramente soberano”, señala el comunicado publicado anoche por el Comité Ejecutivo Nacional y la bancada parlamentaria.
La solicitud de renuncia, que según el pronunciamiento precede a un proceso disciplinario interno contra Castillo, es un nuevo capítulo de evidentes enfrentamientos entre el presidente y un partido con el que ha tenido una relación accidentada desde que asumió el poder en julio de 2021.
Por el momento, Castillo, cuyo ingreso a PL se dio en el marco de la campaña electoral, se abstuvo de comentar el pedido, que puede debilitar aún más su posición en un marco en que fuerzas opositoras trabajan constantemente con el objetivo explícito de destituirlo o forzar su renuncia. Las dudas ahora se centran en si los 16 congresistas que permanecen en PL (de 37 que fueron originalmente) se sumarán a las acciones de vacancia (destitución), pues si lo hacen, el mandatario quedará sin la protección numérica de que ha gozado hasta ahora.
Para la destitución se necesitan los votos de 87 de los 130 congresistas. Hasta ahora, con un bloque oficialista de 37 miembros -al margen de las divisiones- y de cinco aliados, a la oposición, liderada por partidos de derecha “dura”, le había resultado imposible llegar a esa cifra.
PL, fundado en 2008 por Cerrón en el departamento andino de Junín, en principio como una fuerza de alcance solo regional, llegó por sorpresa al poder después de una arremetida de Castillo en la primera vuelta, que le permitió convertirse en el balotaje en el dique de contención para la resistida candidata de la derecha, Keiko Fujimori. No obstante, en cuanto se instaló el nuevo Gobierno empezaron las tensiones entre un partido que mantenía la fidelidad a Cerrón y un mandatario que aparentemente buscaba sus propios márgenes de acción sin la batuta de una dirigencia partidista, criticada por los adversarios por su supuesta tendencia al radicalismo, el autoritarismo y la corrupción.
El fundador y líder del partido, un médico de 51 años formado profesional e ideológicamente en Cuba, quiso ser el candidato presidencial de PL a pesar de su baja popularidad nacional en las encuestas, pero no pudo, por haber sido condenado por hechos de corrupción cometidos durante su paso como gobernador de Junín (2011-2014). Ante esa circunstancia, Cerrón buscó un candidato con fama de radical que representara a la organización y lo encontró en Castillo, un maestro rural que cuatro años antes había acaparado titulares como líder de una huelga magisterial que marcó hitos por su dureza y su extensión de cuatro meses.
Así, Castillo, cuya militancia se limitaba a cargos regionales menores en un colectivo de centroderecha, Perú Posible -del expresidente Alejandro Toledo-, terminó de abanderado de un partido que se proclama marxista leninista, defiende a los gobiernos de Cuba y Venezuela y promueve un sistema económico nítidamente socialista. Al concretar su ingreso en PL, el hoy presidente llevó consigo a varios colegas suyos educadores, con los que siempre mostró mayor afinidad que con el sector cerronista original, a pesar de entregarle al núcleo fundacional del partido algunos ministerios e incluso, en un primer momento, la jefatura del gabinete con Guido Bellido.
Pero los choques se hicieron cada vez más notorios, con un mandatario que sin decirlo en público dejaba roles secundarios al partido y con un sector cerronista que repetidamente alzaba la voz para denunciar supuestos acercamientos del Gobierno con la derecha. En ese marco, 10 congresistas educadores se retiraron de PL y formaron su propia bancada, el Bloque Magisterial, embrión de un partido en formación, el Magisterial Popular, que recoge más nítidamente el pensamiento de Castillo.
Además, las discusiones internas llevaron al surgimiento de otras dos bancadas disidentes, de cinco integrantes cada una: Perú Democrático y Perú del Bicentenario. A eso se suma que el partido se ha debilitado por expulsiones como la de la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, a quien se le castigó por criticar el intervencionismo de Cerrón.
Al declive del bloque oficialista se suma que el aliado de izquierda Cambio Democrático (antes Juntos por Perú) se ha ido alejando por las posturas conservadoras de todo el PL original en temas como la equidad de género, la educación sexual y los derechos de las minorías. Ese marco explica que las miradas de los analistas quedaran hoy centradas en algo que de momento no se aclara: si PL, con los 16 miembros que le quedan, podría eventualmente apoyar un nuevo proceso de vacancia contra Castillo, pues, de hacerlo, existe la posibilidad de que se logren los 87 votos.
Castillo, cuyo Gobierno debe terminar en 2026, ha afrontado desde el comienzo una fuerte oposición, en principio a cargo de los partidos de derecha “dura” que lo acusan de “comunista”, pero luego más generalizada. En ese marco, politólogos consideran que el Ejecutivo se ha limitado a la sobrevivencia y no ha desarrollado los cambios prometidos.
Los expertos estiman que si el mandatario cae en medio de los problemas y de las acusaciones de corrupción, Boluarte, resistida por PL y la derecha, difícilmente podría mantenerse en el poder, por lo que la jefatura de Estado interina podría ir a quien sea elegido en julio como presidente del Congreso. El problema radica en que, si bien el Gobierno es rechazado por el 82 % de la población, según las encuestas, el Congreso tiene una imagen negativa del 88 %, por lo que un mandato nacido de esa institución, aunque fuera interino, podría tener graves problemas de conexión con la ciudadanía.
Con información de Télam
Cerrar sesión