Panamá, en la calle, contra las políticas neoliberales

“¡No se aguanta más! El pueblo panameño ha dicho basta.” Así describe Ronaldo Ortiz el levantamiento popular que desde hace casi un mes sacude esa pequeña pero estratégica nación de Centroamérica. Ortiz es coordinador de Frenadeso (Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá), uno de los muchos movimientos sociales que, hartos de no tener respuesta oficial, están reclamando políticas sociales a lo largo de todo el país.

Panamá, como Ecuador, Colombia, Perú, Chile y tantos otros países de Nuestra América ha reaccionado a la asfixia de los ajustes neoliberales que ya no le permiten acceder a una salud o educación dignas ni a comprar alimentos de calidad. Ahora, se suma la carestía del combustible, algo que, como en el caso de Ecuador, fue la chispa que hizo explotar la bronca popular. 

Panamá estuvo en la mira de Estados Unidos desde el siglo XIX y fue colonizada por Washington a comienzo del XX. Para los planes de expansión estadounidense era fundamental abrir un canal que conectara los océanos Pacífico y Atlántico porque hasta entonces el único paso era el Cabo de Hornos y la travesía hasta el sur del continente insumía, en aquel momento, 60 días, algo económica y militarmente costoso. 

En el pasaje de un siglo al otro sucedieron dos hechos fundamentales, muy al estilo de las operaciones conjuntas público-privadas de EEUU. En 1898, el Pentágono (con la ayuda inestimable de los medios operados por el magnate William Randolph Hearst) provocó una guerra contra España para apropiarse de Cuba y otras posesiones españolas en el Mar Caribe y, en 1903, con una maniobra artera, el presidente Theodore Roosevelt y el banquero J.P. Morgan le quitaron la provincia de Panamá a Colombia, crearon un nuevo país y declararon soberana una franja de tierra en la que construyeron el canal bioceánico, luego sede no sólo del Comando Sur del Pentágono sino de la diabólica Escuela de las Américas, donde se formaron militarmente casi todos los dictadores y genocidas latinoamericanos.

Así describe Ronaldo Ortiz ese proceso: “En una maniobra de la clase oligárquica, Panamá se declara “independiente” en 1903. Se dolariza en 1904 y desde 1979 establece el modelo neoliberal cuyas medidas antipopulares fueron afectando muchísimo a nuestro pueblo. Ya antes de la pandemia teníamos una crisis marcada y las organizaciones sociales veníamos pidiendo mejores salarios, medicamentos con precios más accesibles y que baje la carestía de los alimentos. Pero a partir del Covid 19 todo empeoró: en un año quedaron 200 mil panameños sin empleo y sin ninguna protección social. Creció enormemente la informalidad laboral y el gobierno de Laurentino Cortizo, en plena pandemia, pidió más dinero al FMI y nos endeudó aún más.”

“En 2019 cuando empieza la gestión de Cortizo teníamos una deuda de 25 mil millones de dólares. Este año, 2022, llegamos a 44.000 millones. Se ha duplicado”, subraya el coordinador del Frenadeso. 

El país, conocido también por los Panamá Papers, el tráfico clandestino de fortunas, y por facilitar tanto la evasión de impuestos como el ocultamiento de riqueza a políticos, empresarios, artistas, deportistas, miembros de familias reales, líderes religiosos y corporaciones, tiene uno de los índices de desigualdad más inmorales del mundo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2020, en América latina y el Caribe el 10% más rico de la población gana, en promedio, 22 veces más que el 10% más pobre. En Panamá esa cifra es de 37 veces. “Panamá está entre los primeros seis países más desiguales del planeta y el segundo en el continente”, asegura Ortiz.

Así es como, gradualmente, desde fines de mayo comenzaron las protestas que se hicieron masivas con el aumento del combustible. “Cada diez días el gobierno aumentaba la gasolina 5 o 10 centavos de dólar…y ya va un 47% de incremento. Llegó a 5,90 dólares el galón. En promedio, para llenar el tanque de un auto, antes se necesitaban unos 40 dólares y ahora entre 100 y 120.”

A mediados de julio de 2022, luego de “exhortar a la cordura”, el gobierno lanzó una serie de medidas cosméticas: control de precios a diez productos de la canasta básica, abaratamiento del precio de los peajes, congelamiento del precio del combustible en 3,95 dólares el galón y una convocatoria –según el texto oficial- “a una mesa de diálogo con los grupos representativos y con la iglesia católica como facilitadora”.

Según Ronaldo Ortiz, se trató de un truco. “Ya hemos denunciado la maniobra del gobierno: de los múltiples movimientos que estamos en lucha, el gobierno sentó a uno solo para luego poder decir que había abierto un espacio de diálogo con el pueblo. Y da la triste casualidad de que al sector que convocó fue el de los empresarios, es decir, a los que no estaban en las calles. Nosotros estamos proponiendo una mesa única con todos -indígenas, educadores, campesinos, obreros de la construcción, médicos, estudiantes-, para negociar unidos con el gobierno. Nosotros exigimos no sólo el congelamiento de precios de los combustibles, de los alimentos, medicamentos y energía eléctrica sino también un seguro de desempleo para la gente sin trabajo; un aumento general de salarios y un 6% del PBI destinado a la educación.”

El martes 19 de julio, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) anunció nuevas acciones de los siete pueblos originarios y los doce congresos y consejos distribuidos en toda la nación, por la falta de respuesta del gobierno nacional a las demandas que han presentado en reiteradas ocasiones. La reacción del gobierno de Cortizo fue ordenar la represión, lo que llevó a la crisis a su máxima tensión. El miércoles 20, Saúl Méndez, secretario del poderoso Sindicato Unico Nacional de los Trabajadores de la Construcción, advirtió que, para avanzar en las conversaciones, debe cesar la represión policial.

Panamá es una nueva muestra del sufrimiento que dejan a su paso las políticas neoliberales. Cada vez más, para imponerlas se requiere de la violencia represiva, de la asfixia económica a través del FMI o de ambas. El proceso histórico está en marcha y Panamá se ha sumado a los pueblos latinoamericanos en pie de lucha.