Los sindicatos docentes decidieron volver a las clases luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Panamá tras un mes de masivas protestas con cortes de rutas y paros en todo el país. “Tenemos que retornar a las aulas y seguir en la lucha porque este es un repliegue táctico”, sostuvo en un video difundido en las redes sociales el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Fernando Abrego. Entre los distintos puntos se pautó cumplir con la ley que establece que el presupuesto de la educación debe ser igual al 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), a lo que se llegaría en 2024 de manera progresiva.
“La situación no está fácil, pero se sigue la batalla. Tanto en la mesa como en las calles”, dijo a El Destape el coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso), Rolando Ortíz. La huelga docente fue parte de las protestas que coparon las calles panameñas para exigir una rebaja al alto precio del combustible y de la canasta básica, así como que se cumpla la ley de presupuesto. El alto costo de la vida en general llevó a que se sumaran sindicatos, gremios, organizaciones indígenas y sociedad civil. Se suspendió el transporte y se bloquearon los accesos más importantes del país, lo que generó desabastecimiento de alimentos en algunas zonas. Ahora, con el fin del paro de docentes más de 48.200 docentes volverán a clases, al igual que más de 840.000 de estudiantes de niveles desde preescolar a bachillerato, informó el Ministerio de Educación en un comunicado.
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Allí, también indican que “como parte del acuerdo de finalización de huelga, se instalará una Mesa Educativa el 13 de agosto con actores del sector escolar, para fortalecer la hoja de ruta trazada en el compromiso Diálogo por la Educación, del Plan Estratégico 2019-2024.” Según reportó el medio local En Segundos, frente a las denuncias del sector privado -que no participa en la mesa de diálogo- de que las decisiones como el control y regulación de precios alcanzados allí atentan contra el libre mercado y la libre empresa, Abrego señaló que solo combaten a los “oligopolios” que elevan los costos “de manera indiscriminada”. “Estamos enfrentando los abusos de una clase empresarial que aumentan los precios de los productos de manera indiscriminada, incluso la Constitución y la ley prohíben los oligopolios”, sostuvo el dirigente.
Las protestas continúan mientras la Mesa Única de Diálogo Nacional -que cuenta con la Iglesia Católica como mediadora- negocia con el gobierno a cargo de Nito Cortizo y con distintos sectores.
La discusión sigue abierta
Son ocho los puntos que se pusieron sobre la mesa: 1. Canasta Básica Familiar saludable y que no afecte al productor nacional; 2. Precio de los combustibles; 3. Precio de los medicamentos; 4. 6% del PIB para la educación; 5. Costo de la energía eléctrica; 6. Situación de la Caja del Seguro Social; 7. Corrupción y transparencia; 8. Mesas temáticas. En este punto se deben volver a discutir los disensos que se dieron en los temas anteriores.
Sobre los primeros cuatro ya se lograron acuerdos preliminares para rebajar los precios de los alimentos básicos, los combustibles y los medicamentos, según medios locales. Ante esto, Ortíz señaló a este medio que “la metodología que se está utilizando es la de consensos y disensos, por lo cual estos temas tienen en mayoría consensos de carácter mecánico y para resolver el tema inmediato, pero que a mediano o largo plazo se mantiene el control de pocas empresas oligopólicas, que a su vez son benefactoras de los partidos políticos que han administrado el Estado panameño, empresas de las 115 familias de ultra millonarios del país”.
“Los disensos son en los puntos que tienen que ver con lo estructural y con las ganancias exorbitantes que logran estas empresas a costa de la explotación de las y los trabajadores y la corrupción provocada por estos”, agregó.
Aunque la intensidad no es la de semanas atrás, las acciones y manifestaciones continúan en distintos puntos del país. Por ejemplo, se mantienen “vigilias” los originarios Ngabes Bugles -contó Ortíz-, quienes están apostados a las orillas de la Vía Interamericana, alertas a lo que suceda en la Mesa para que se mantenga el pacto de que por tres meses precio del combustible sea de 3,30 dólares por galón (3,7 litros). Las organizaciones de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, entre otras fuerzas, mantienen “acciones de agitación y propaganda. Mañana seguirán. La situación no está fácil, pero se sigue la batalla. Tanto en la Mesa como en las calles. Seguimos”, cerró el dirigente social.