El Senado de México dio media sanción este miércoles por 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención la reforma constitucional que propone mantener al Ejército en las calles hasta 2028 como apoyo al trabajo en seguridad pública. La iniciativa, impulsada por el partido oficialista Morena y defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, despertó controversias tanto en el Congreso Nacional como en la población, ya que la Guardia Nacional -fuerza creada durante este mandato- había sido fundada con la intención de que fuera un organismo civil. Se prevén controles parlamentarios cada seis meses y realización de informes para conocer el desempeño de los soldados. Ahora se espera la aprobación final en Diputados.
Esta fue la segunda vez que la propuesta de norma avanzó en el Parlamento mexicano para su aprobación y contó con el apoyo fundamental del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Tras un primer paso fallido, el Gobierno nacional apostó a realizar cambios de manera conjunta con la oposición para poder obtener la mayoría calificada que necesitaba para hacer cambios constitucionales (N de R: las dos terceras partes de las y los legisladores nacionales presentes).
Pese a los acuerdos concretados, la sesión estuvo atravesada por acusaciones cruzadas y llantos. “¡Son una bola de corruptos! Me acuerdo cómo juraron y perjuraron que la Guardia Nacional iba a ser de carácter civil. Aquí, bola de corruptos, hablaron horas, se comprometieron, prometieron, defendieron, se rasgaron las vestiduras, gritando aquí que la Guardia Nacional iba a ser civil”, espetó la senadora del Partido de Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez, según Animal Político, y sostuvo que los senadores de “Morena” son “corruptos” que encubren al crimen organizado.
Ejes del proyecto
El documento denominado Modificaciones Decreto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segundo introdujo reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, institución de carácter civil.
En el marco de las negociaciones acordaron adelantar el dinero del presupuesto que se les asignará a 2023 y, además, que las gobernaciones establecieran un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. En el fondo de la discusión está la ausencia de policías locales capaces de garantizar la seguridad en el país.
El portal El Sol de México, especificó que el fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año y no podrán ser utilizados para otro fin.
En tanto, se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio.
Otro de los controles incorporados es una evaluación periódica del desempeño del Ejército en materia de seguridad pública, así como la facultad del legislativo para revisar la capacitación de soldados a través de la creación de una comisión bicameral que los analice, dictamine y tenga la facultad de citar a los titulares del gabinete de Seguridad a comparecer.
La Cámara Baja recibirá el dictamen modificado en comisiones y ahí deberá aprobarse primero si quiere llegar al pleno. Cuando llegue al pleno, se necesita nuevamente una votación calificada a favor, es decir, dos terceras partes de las y los legisladores presentes.
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