A 8 años de Ayotzinapa, el grito se mantiene intacto: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos"

Se los llevaron. 43 estudiantes desaparecieron de la faz de la tierra. La noche del 26 de septiembre de 2014 quedó marcada en la historia de México y hoy se la recuerda con un grito que resuena en todo el mundo: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Ocho años después, todavía no se conoce a ciencia cierta qué pasó con los normalistas -como se conoce a los jóvenes que se forman para ser docentes rurales-, aunque un giro se marcó en la investigación hace poco más de un mes: el Gobierno de México reconoció la responsabilidad del Estado. La respuesta, sin embargo, no es suficiente: nadie dice dónde están. Por eso, padres y madres, siguen en la lucha “hasta llegar a la justicia y a la verdad”.

En la noche del 26 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala, Estado de Guerrero del suroeste mexicano, detuvieron y atacaron a los 43 estudiantes Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos que se dirigían hacia la Ciudad de México. La investigación posterior estuvo a cargo del ex procurador general de México Jesús Murillo Karam, hoy detenido y acusado de haber instalado lo que se conoció como “la verdad histórica”, es decir, la versión que intentó garantizar un encubrimiento.

Según esa investigación, los jóvenes fueron interceptados y entregados al cártel Guerreros Unidos para quemarlos en el basurero de Colula, en Guerrero. Quisieron, también, vincularlos con el crimen organizado y con el narcotráfico. Todas esas versiones fueron resistidas desde el inicio por los familiares y organismos de derechos humanos locales e internacionales. Con el tiempo, esa resistencia dejó en evidencia la connivencia de los distintos estratos del Estado con algunas de las organizaciones criminales que atraviesan el país.

El Estado es responsable

“La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes”, determinó el documento elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa -creada en 2018- cuyo titular es el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina.

El anuncio fue realizado luego de una reunión con los familiares, a poco de cumplirse un nuevo aniversario de las desapariciones forzadas. Luego, en conferencia de prensa, se dieron a conocer los resultados preliminares del informe de más de mil páginas.

La respuesta de los familiares llegó unos días después, tras analizarlo con detenimiento y en asamblea. En un comunicado celebraron que se reconocieran los hechos como “crimen de Estado”, pero de todas formas no bajan los brazos: “No podemos claudicar en la lucha hasta no tener prueba plena que indique su paradero. Será doloroso para nuestras familias saber de su destino sobre todo si es sin vida, pero si nos dan prueba objetiva, científica e indubitable, nos iremos a la casa a llorarles a vivir nuestro duelo. A la fecha estas pruebas no las tenemos, por lo tanto, nuestra exigencia y lucha, siguen”.

En la noche entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, los estudiantes rurales pretendían asistir a la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, perpetrada el 2 de octubre de 1968, un crimen también de trascendencia histórica y sobre el que aún existen dudas sobre la cantidad de muertes y desapariciones.

Ya mataron a uno

- Cuando estaban sucediendo los hechos, en ese momento precisamente, mi hijo se comunicó conmigo. Yo estaba en Acapulco, él estaba en Iguala. Lo primero que me dijo es “papá, ya mataron a uno”. Que fue cuando hirieron a Aldo (Gutiérrez) en la cabeza, que hasta hoy, a casi ocho años, sigue en coma.

Felipe de la Cruz, ejerció como vocero de padres y madres de los normalistas durante poco más de seis años. Su hijo Ángel es uno de los sobrevivientes. En diálogo con El Destape contó que su hijo prefiere no hablar con los medios. Cuando habían pasado sólo dos años, en una entrevista con el diario El Comercio de Perú, Felipe lo describió como un muerto en vida. “Después de esa noche, él vivía en un mundo diferente al nuestro. No compartía con nadie, se aislaba, lloraba, decía que él estaba muerto desde el momento en que se llevaron a sus compañeros", contó.

A los 27 años, ya se graduó de la escuela y ejerce su profesión de docente, pero no se repuso al ciento por ciento de aquella noche. Hay veces en las que se encuentra sumido en sus pensamientos. Imagina el regreso de sus compañeros, no sale mucho, describió su padre.

El camino hasta ahora no fue sencillo.

“En el periodo de Enrique Peña Nieto, las puertas de las instituciones se cerraron, hubo represión con antimotines y nunca permitieron un acercamiento o un diálogo que para avanzar hacia la verdad. Fue así hasta el cambio de gobierno. Andrés Manuel López Obrador puso en la mesa el compromiso de llegar a la verdad, topara con quien topara, pero pues es demasiado poder el que ejercen aún todavía porque hay células de corrupción que se mantienen en algunas instituciones. Por todo eso, el presidente lanzó un decreto que las compromete a entregar la información que tuvieran. Ahorita se ha dificultado un poco en el sector militar porque es un poder en el país que tiene mucha fuerza, pero se sigue avanzando. Últimamente se han liberado varias órdenes de aprehensión en contra de militares, de ex funcionarios federales y estatales. Eso es una señal de que la impunidad va a empezar a sufrir estragos en México”, destacó De La Cruz.

Los padres y madres de Ayotzinapa, las familias, las y los amigos, se organizaron a lo largo del tiempo. Alzaron sus consignas e hicieron trascender las fronteras qué son las escuelas normalistas en México y por qué el ataque estuvo premeditado contra los estudiantes.

“Son exclusivas para hijos de campesinos, gente pobre, donde la conciencia social se le inculca a los maestros que van a las comunidades más apartadas de nuestros pueblos. Inculcan que se debe de organizar a la gente para que busquen las mejores formas y condiciones de vida. Y eso, al Gobierno que existía en México, no le convenía porque un pueblo educado es un pueblo libre que no se deja someter. Ese era el temor de los gobiernos neoliberales. Por eso la intención de desaparecerlas, porque son escuelas formadoras de docentes”.

El legado pasó, pareciera, en el sentido inverso y ante la falta de sus hijos son padres y madres los que emprendieron la lucha. Felipe, un padre devenido en dirigente cercano al partido oficialista MORENA, es consciente de ello. Sabe que no todo lo da ni lo dará el presidente, sino que los pequeños avances son “una muestra de que cuando un pueblo se organiza y se une, todo es posible”.

En pie de lucha

Lograr comunicación con Cristina Bautista es casi imposible. Cuando no está en una actividad para reclamar por aparición con vida de su hijo, Benjamín, está en el campo trabajando. Ella, junto con otros padres y madres, vive de manera alternada en la escuela normalista en donde estudiaban los jóvenes desaparecidos. Cuando llegó ahí no quiso recuperar todas las pertenencias que habían quedado. Sentía que si lo hacía era como sacarlo de la normal. De igual modo, en su casa. Ahí permanecen sus libros, sus zapatos, sus credenciales, que ella limpia y ordena cuando puede.

Hoy, su hijo tendría 27 años. Benjamín nació en Alpuyecatzingo de las Montañas, municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero, en donde la mayor parte de la población es indígena. De hecho, Cristina debió perfeccionar su español, dice, para que no la engañen. Su lengua originaria es el náhuatl. Además de Benjamín, Cristina, que es madre soltera, tiene dos hijas más: Laura y Mariani. Cuando vivían en familia sembraban el maíz que consumían y usaban para hacer pan. Benjamín y Mairani salían cada día a las seis de la mañana a vender las dos canastas que juntaban y cuando volvían, Laura y Cristina tenían el almuerzo listo para compartirlo los cuatro. Cristina apenas se había separado dos veces de ellos para viajar a Estados Unidos a trabajar para poder construir su casa.

Por ahora, todo eso quedó atrás. Pero no pierde las esperanzas, lo dejó en claro en un audio para El Destape:  

“Seguimos en pie de lucha, seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Ha sido muy difícil, muy triste y muy doloroso, pero aquí seguimos agradeciendo a todo el pueblo de México que ha acompañado nuestro caminar y a todos los medios independientes que han difundido nuestro caso. El informe del Gobierno pues es muy relevante porque reconoció que fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, el que asesinó a tres de ellos y dejó a uno en coma. Ha sido muy difícil este caminar, pero vamos a seguir hasta encontrarlos. Pedirle al Gobierno que avance con las investigaciones, que detengan a los responsables, que deben decirnos a dónde dejaron a nuestros hijos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

Con el dolor a cuestas

“El dolor sigue ahí. La rabia y el coraje, siguen. Es por eso que nosotros no hemos podido irnos para la casa, porque todavía no sabemos nada”, dijo a El Destape Mario César González. En la conversación, por momentos, hay silencios. Mario hace una pausa para pensar y pareciera que la imagen de su hijo César se volviera presente. Él, con su esposa, es parte de los padres y madres que viven en la escuela. Vivir en un cuarto de dos por dos, asegura, es deprimente, pero es también su lugar de resistencia.

Mario y su esposa, Hilda Hernández Rivera, dejaron todo lo que tenían en Huamantla, un pueblito mágico del pequeño Estado de Tlaxcala, en el centro del país. De ahí, cruzaron hacia Guerrero, ubicado sobre la costa pacífico. No eran ricos, pero comían tres veces al día con lo que ganaban como comerciantes. Festejaban fin de año, los cumpleaños y salían a pasear los domingos.

Ahora, en Guerrero, sobreviven con las remesas de las dos hijas que los ayudan a mantenerse. Ahí, contó Mario, “es complicado” el tema de las desapariciones, la represión y la pobreza extrema. Como el resto de padres y madres, se convirtieron en investigadores a la fuerza. Cumplieron el rol que las instituciones les deben hasta ahora.

“Fue un aprender tan radical. Nosotros no sabíamos cómo era el problema real de México. El México al desnudo de lo que estaba pasando con tantas desapariciones y corrupción. Con tanta crueldad hacia los mexicanos. Nosotros vivíamos en una esfera, por decirlo así. Lo que nos importaba era el bienestar de la familia, que comieran los hijos, que estuvieran bien. Ese era nuestro rol de vida. Ahora, lo principal aquí es la no repetición de los hechos. Desafortunadamente, miles más de familias están sufriendo lo mismo que nosotros. Sí reconocemos que tenemos mucho dolor en estar buscando a nuestros hijos, que nos tratan de la peor manera y nos vuelven a engañar”.

- ¿Se renovaron las esperanzas luego de la presentación del informe del Gobierno?

- No tanto. Lo que pasa es que hay cosas que sí son buenas, pero ya llevamos un mes y fracción y de las 83 órdenes de aprehensión nada más apenas se cumplieron unas pocas.

- ¿Piensan en volver a su pueblo?

- Creo que la esperanza muere a lo último. Creo que primero tenemos que encontrar a nuestro hijo o saber realmente qué pasó ese 26, y ver qué sigue. Tenemos la esperanza de regresar y ser la familia que éramos. Lo normal.