La primera ministra italiana, la dirigenta de extrema derecha Giorgia Meloni, impulsó en los últimos días dos medidas económicas importantes. Por un lado, este martes decretó un impuesto de 40% para las ganancias extraordinarias de los bancos que hayan ganado en 2023 un 6% más que en 2022. Por otro lado, la semana pasada, avanzó con la eliminación de la "renta de ciudadanía", un subsidio de desempleo de hasta 780 euros que a partir del mes que viene cambiará de nombre y solo alcanzará a familias que tengan a cargo menores de edad, mayores de 60 años o personas discapacitadas sin posibilidades de acceder a un empleo.
En el primer caso, la medida sorprendió. No figuraba en el orden del día de la reunión del Consejo de Ministros realizada a última hora del lunes. Sin embargo, este martes dio a conocer que el Gobierno había aprobado un decreto-ley para que los bancos que hayan ganado en 2023 un 6% más que el año anterior, y los que en 2022 hayan tenido una ganancia de más de 3% frente al ejercicio precedente, pagarán el 40% a modo de impuesto.
La medida, explicó el vicepremier Matteo Salvini, es "una norma de equidad social que se dedicará a una ayuda para los préstamos de compra de la primera vivienda y una rebaja de impuestos" a personas y empresas. "Se aplica entonces un impuesto del 40% a las ganancias multimillonarias de los bancos", planteó Salvini, quien prevé que se recauden "un par de miles de millones".
Poco después, las entidades bancarias reaccionaron con dureza a la medida y la calificaron como "negativa", en medio de caídas de entre el 2 y el 7% en la bolsa de Milán.
Menos subsidios a desempleados
Pese a las críticas y a las protestas iniciadas en varias ciudades del país, el Gobierno italiano avanzó la semana pasada con la eliminación de la "renta de ciudadanía", un subsidio de desempleo de hasta 780 euros que a partir del mes que viene cambiará de nombre y solo alcanzará a familias que tengan a cargo menores de edad, mayores de 60 años o personas discapacitadas sin posibilidades de acceder a un empleo.
"Se desperdiciaron 25.000 millones de euros con la renta de ciudadanía. Hoy, quien quiere trabajo lo encuentra", planteó la semana pasada en declaraciones a la prensa la ministra de Trabajo, Marina Calderone, vocera de la eliminación del subsidio para casi 160.000 beneficiarios dispuesta por el Gobierno desde fines de julio, que provocó una fuerte reacción por el fondo y por las formas de la decisión.
A fines del mes pasado, el Gobierno de Meloni comenzó a enviar mensajes de texto y correos electrónicos en los que anunció a unos 159.000 grupos familiares que habían cobrado ya siete meses del subsidio que dejarán de recibirlo a partir del mes que viene, como había prometido la premier en la campaña electoral que la llevó al Ejecutivo en 2022. Según datos del instituto de la Seguridad Social italiana, el INPS, 895.000 familias recibieron la renta básica en junio.
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El principal argumento del Gobierno es que las personas consideradas "ocupables", entre los 18 y los 59 años y sin discapacidades, podrían encontrar trabajo si lo desean y no necesitan una renta. Los datos oficiales, de todos modos, muestran que, si bien la desocupación bajó en junio al 7,4%, se mantiene por encima de la media europea del 5,9%. "Cabe recordar que frente a 112.000 hogares que perciben una renta básica con un componente de edad laboral considerada empleable, en Italia, en estos momentos, se prevé la contratación de 1,5 millones de trabajadores, de los cuales el 48% son difíciles de encontrar", buscó argumentar Calderone en esa decisión.
La eliminación de la renta de ciudadanía, que se otorga a una persona por núcleo familiar, busca ser compensada con la introducción de dos nuevas medidas. Por un lado, las personas que el Gobierno llama "ocupables" que no tengan empleo recibirán 350 euros a través del denominado Apoyo para la Capacitación y el Trabajo. Entre las mayores novedades, este programa durará 12 meses en vez de los 18 de la renta de ciudadanía, a la vez que será asignado a las personas y no a los grupos familiares. Así, solo en una familia con tres o más desocupados entre 18 y 59 años será más conveniente la nueva herramienta, según aduce el Gobierno.
La nueva medida incluye además otros requisitos como tener ingresos declarados anuales menores a 6.000 euros por familia y ser ciudadano europeo, titular de un permiso de trabajo o familiar.
La otra medida con que el Gobierno quiere reemplazar la renta de ciudadanía es el denominado "subsidio de inclusión", que entrará en vigor a partir de enero para las familias que el Gobierno considera "no ocupables", o sea mayores de 60, menores de 18 o con discapacidad. El nuevo subsidio dará entre 480 y 560 euros mensuales a los beneficiarios, más un complemento para alquiler de hasta 3.360 euros al año, que se pagarán a partir del 1 de enero de 2024 a través de una tarjeta ad hoc que será emitida por el Gobierno. Al igual que la renta de ciudadanía que busca reemplazar, el nuevo subsidio durará 18 meses, con la posibilidad de renovarlo por otro año si hay una pausa de un mes en la asignación.
Con información de Télam
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