Durante años, con especial dedicación en el ciclo político del kirchnerismo, el mundo empresarial ha reclamado con vehemencia el respeto a las instituciones de la República, exigiendo independencia del Poder Judicial al cuestionar la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo y criticando la utilización del Poder Legislativo como “escribanía” de la Casa Rosada.
Convocaba a la convivencia democrática cuando el debate público subía varios decibeles con proyectos de ley que intentaban modificar, en los márgenes, la desigual relación de fuerza entre sujetos sociales y buscaban ampliar derechos económicos, sociales y personales.
Demandaba tolerancia en el disenso de ideas y se mostraba en primera fila en la defensa de la libertad de prensa. En términos globales, exigía seguridad jurídica para generar las condiciones económicas y normativas que permitieran comenzar un período de inversiones privadas.
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Transcurridos quince meses del gobierno de Javier Milei, cada uno de estos principios del poder económico está siendo violentados y, pese a ello, existe un silencio atronador de cada uno de sus miembros y entidades que lo agrupan, sin observaciones críticas sobre la descomposición de las normas básicas que constituyen el pacto democrático, inaugurado en 1984.
Por el contrario, algunas cámaras empresariales, por omisión, y otras mediante comunicados, apoyan los desbordes institucionales y represivos de la administración liberal-libertaria.
“La CAC repudia la barbarie”
Una muestra de este comportamiento de doble estándar en la evaluación política de los gobiernos es la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que picó en punta. Fue la primera entidad que emitió un comunicado, en la misma noche del día de la represión de las fuerzas policiales durante la habitual marcha de los jubilados, en esta ocasión apoyada por hinchas de diferentes clubes de fútbol.
El sugerente título del mensaje institucional (“La CAC repudia la barbarie”) induce a considerar una posición crítica por la brutalidad ejercida por las fuerzas bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es decir, la barbarie de pegarle a jubilados indefensos.
El mensaje no fue en este sentido. Replicó lo difundido por el gobierno y la red oficial de medios de comunicación: hubo manifestantes que “buscaron desestabilizar”.
Existen documentos fílmicos y fotográficos, además de decenas de testigos, que muestran, de forma incuestionable, que la alteración de “la paz social, el respeto y la convivencia democrática” fue provocada por las fuerzas de seguridad.
¿Qué dice el comunicado?
El texto de la CAC señala que “repudiamos enérgicamente los lamentables episodios de violencia registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación e incluso dentro del Palacio Legislativo”, para sentenciar:
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“Los distintos partidos políticos y la ciudadanía en general tienen el derecho de manifestarse y expresar sus disidencias; es natural y saludable que así sea en cualquier sociedad democrática. Pero resulta inadmisible que una minoría pretenda imponer sus posiciones por la fuerza, provocando daños en personas y bienes, y perturbando severamente el orden público: eso nos recuerda etapas de nuestra historia que no queremos repetir”.
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“Los argentinos, en diversas ocasiones, hemos visto cómo detrás de reclamos atendibles se escondían arteramente intenciones desestabilizadoras; los recientes acontecimientos, con participación activa de espacios que no logran imponerse en las urnas, parecen inscribirse en esa triste saga”.
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“Actos vandálicos como los registrados en las inmediaciones del Congreso Nacional, que tuvieron réplicas en distintas zonas de la ciudad, merecen por sí mismo una condena lisa y llana”.
El presidente de la CAC es Natalio Grinman y el vicepresidente, Eduardo Eurnekian, promotor y patrocinador del entonces panelista de televisión y hoy presidente de la Nación Javier Milei.
El comunicado empresarial concluye: “Expresamos un hondo pesar y firme condena ante los tristes hechos de la jornada de hoy; a la par que hace un llamado a la reflexión general, para que la paz social, el respeto y la convivencia democrática imperen en nuestra querida Nación”.
Ahora o nunca
Esta posición pública de una de las principales cámaras empresariales constituye la expresión más nítida de la descomposición del discurso formal del poder económico vinculado al respeto de las instituciones, el republicanismo y la libertad de expresión.
La última convocatoria del Coloquio de IDEA, en noviembre pasado, fue explícita sobre el pensamiento profundo del mundo empresarial: “Si no es ahora, cuándo”, un eslogan que se traduce en “Ahora o nunca” para modificar definitivamente la matriz productiva, laboral y social.
Tras este objetivo, diferentes facciones del poder económico se unifican en el respaldo al gobierno de Milei que, en los hechos, vulnera cada uno de los valores que dicen defender en la construcción de una sociedad desarrollada. Es decir, aceptan sin cuestionar e incluso aplauden discursos violentos (“los zurdos de mierda”) y soeces (“le dejamos el culo como el de un mandril”) del Presidente.
Que la libertad de expresión no distraiga la libertad de hacer negocios
El ensañamiento de la Policía Federal y Gendarmería con los y las fotoperiodistas y la agresión permanente de Milei a periodistas y a medios de comunicación no provocan la reacción de las tradicionales cámaras empresariales, que durante años han manifestado preocupación por la libertad de expresión.
La excombativa Asociación Empresaria Argentina (AEA), bajo la conducción de Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Paolo Rocca (Grupo Techint) y Luis Pagani (Arcor), tuvo una tibia reacción cuando uno de los suyos, la familia Saguier (Julio César, quien es uno de los vocales de la entidad), quedó bajo el fuego verbal de Milei.
Los dueños de las principales compañías del país, reunidos en AEA, rubricaron un comunicado bastante liviano: “Siempre hemos subrayado la enorme relevancia que tiene para nuestra República la plena vigencia de la libertad de prensa, así como la necesidad de asegurar el amplio desempeño de los medios de comunicación independientes. Estos constituyen un reaseguro indispensable para garantizar la circulación de una información plural y diversa, y el derecho de los ciudadanos a estar informados. En este marco es pertinente destacar el papel central que ha tenido el diario La Nación en su centenaria trayectoria en defensa de la libertad y de los principios republicanos establecidos en nuestra Constitución Nacional”.
En realidad, los negocios de la compra de Telefónica (grupo Clarín) y de petróleo y gas en Vaca Muerta (grupo Techint) no pueden verse afectados por ahora “cuestiones menores”, como la libertad de expresión y la vida de los fotoperiodistas amenazada en cada manifestación donde participan las fuerzas de seguridad.
El silencio de las cámaras empresariales
La conducción política del poder económico (Clarín y Techint) no tienen interés en ocuparse, en estos momentos, de estas cuestiones que, en otras instancias, sirven para atormentar a gobiernos que no son de su agrado.
Lo mismo sucede con la mayoría de los integrantes de la Unión Industrial Argentina, dominada por Techint, que se desentiende del proceso de desindustrialización con apertura comercial.
El Foro de Convergencia Empresarial, que reúne a decenas de cámaras patronales, considera que es tiempo de un republicanismo selectivo sin necesidad de cuestionar al gobierno por el escaso apego a las normas básicas de funcionamiento de las instituciones democráticas. Que el Poder Ejecutivo nombre dos jueces de la Corte Suprema por decreto se toma con una indiferencia que hace dudar acerca de las inquietudes pasadas respecto a la independencia del Poder Judicial.
La Cámara Argentina de la Construcción evalúa, en los hechos, que no debe reclamar una deuda multimillonaria del Estado con sus asociados por certificados de obra impagos. Tampoco se sienten ofendidos porque Milei los defina como corruptos.
La alianza entre facciones del poder económico
El documento “La teoría del ciclo del eterno retorno. Los desafíos que enfrentan los sectores populares en la etapa actual”, elaborado por Eduardo M. Basualdo y Pablo Manzanelli (Flacso y Cifra-CTA), ofrece una caracterización del gobierno de Milei que facilita la comprensión del comportamiento del poder económico en esta etapa política y económica, respaldada por una alianza entre grupos locales y el capital financiero internacional.
Las actuales tensiones que atraviesan la economía liberal-libertaria se explican por la disputa que existe “ya sea para garantizar el cumplimiento de los compromisos de la deuda (capital financiero), ya sea para mejorar el tipo de cambio exportador (sector agropecuario), o ya sea para sostener la política energética y de Vaca Muerta (grupos locales)”.
La negociación con el FMI para conseguir dólares con el fin de garantizar las ganancias acumuladas en la bicicleta financiera y el debate sobre el atraso cambiario son las dos expresiones de esta acumulación de presiones entre facciones del poder económico.
Estas facciones se encuentran unidas, con Milei como el mascarón de proa del proyecto político, para “resistir el proceso de no retorno gatillado por la industrialización sustitutiva de importaciones y la consiguiente irrupción de una clase trabajadora con derechos laborales y económicos”.
El texto menciona que la estructura productiva y social compleja que irrumpió en esa etapa histórica marca la excepcionalidad argentina respecto a otras experiencias latinoamericanas. “Esto es algo que no puede digerir cada uno de los principales miembros del poder económico, lo que los lleva a apostar una y otra vez a proyectos políticos conservadores que culminan en fracasos, aunque estos fiascos no los han afectado en absoluto en la expansión de sus respectivos negocios”, apunta.
Tiempos de disciplinamientos y rebeldía popular
La represión bárbara de las fuerzas de seguridad, bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich, está al servicio de este proyecto político y económico del no retorno. Es la revancha clasista que tiene el propósito de disciplinar a los sectores populares, estableciendo una participación decreciente de los trabajadores en el ingreso a través de la reducción del salario real, la desocupación y la restricción de las conquistas sociales obtenidas por las luchas populares a lo largo de décadas.
La revancha clasista también se compone de odio mediático y social, violencia política en los medios y en las redes sociales, la estigmatización de diferentes colectivos con la letra “K” y la obscena persecución judicial y mediática a Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo su punto máximo en el atentado a su vida.
Estos son los principales elementos que expresan esta etapa de revancha clasista, que tiene el mismo objetivo que las anteriores: disciplinar a los sectores populares.
El sendero que pretende transitar el poder económico se resume en el modelo peruano: descomposición de los partidos políticos y, por lo tanto, de la intermediación de las instituciones democráticas y aislamiento de los sectores populares, con la consolidación de un poder económico basado en la explotación de recursos naturales, de sectores de servicios en forma monopólica y en la acumulación especulativa del capital en la esfera financiera.
Para ello, necesitan estabilidad monetaria y cambiaria con represión de la demanda y pauperización de los ingresos de los sectores populares.
Las movilizaciones masivas, pese a la violencia institucional que Milei y Bullrich prometen extender, son el principal desafío para este proyecto de exclusión económica y social.
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