El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que finaliza su mandato en menos de dos meses, decretó el estado de excepción en cuatro provincias de la llamada macrozona del norte del país por la "crisis migratoria" que representa la creciente llegada de extranjeros por los pasos no autorizados de esa frontera. La medida habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de seguridad interna en esta región, en principio, por los próximos 15 días.
La acción "permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar con la policía para controlar la inmigración ilegal", explicó el mandatario desde el Palacio de La Moneda al anunciar la medida que rige en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa. Argumentó que la creciente llegada de personas en esa parte de la frontera, "además de generar problemas humanitarios, también genera problemas de seguridad, delincuencia y orden público, y muchas veces es utilizada por verdaderas bandas de crimen organizado para labores de narcotráfico, tráfico de armas, de personas, contrabandos de mercancías y muchos otros males."
El decreto establece el estado de excepción por solo 15 días y el presidente puede extenderlo por el mismo medio por un período igual. Pero si quiere prorrogarlo aún más, deberá contar con la aprobación del Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría. Tampoco la tendrá el gobierno de Gabriel Boric que asume el próximo 11 de abril.
Hace unas semanas, Boric aseguró que existe "un problema muy grande con la inmigración ilegal" y llamó a "pararlo de manera muy clara”. “Chile tiene que recuperar el control de sus fronteras, pero la gente que haya entrado legalmente, bueno, es algo que vamos a revisar con Cancillería y con la persona que designemos encargado de extranjería”, agregó.
La medida anunciada hoy habilitó el despliegue en la zona de 100 carabineros (policías) y 672 efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar la frontera con un mayor equipamiento y tecnología, por ejemplo, drones, helicópteros, equipos de telecomunicación y monitoreo con visión nocturna y térmica.
Actualmente Chile contabiliza 1,4 millones de inmigrantes, lo que representa más del 7% de su población total, y la comunidad con mayor presencia es la de los venezolanos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Desde hace meses, el ingreso de personas desde los pasos del altiplano del Norte, en el límite con Bolivia, se multiplicaron y generaron protestas y hasta ataques de las comunidades contra los recién llegados en esa región.
Organizaciones que asisten a los inmigrantes han denunciado que el gobierno de Piñera ha vuelto burocrático y difícil el proceso para ingresar legalmente al país, por lo que mucha gente, desesperada por encontrar trabajo y rearmar su vida, decida utilizar los pasos ilegales y entrar de manera irregular.
En línea con una política migratoria más dura, el gobierno ahora saliente promulgó una nueva Ley de Migraciones con el propósito de controlar y frenar los ingresos por pasos no habilitados. El fin de semana pasado se publicó en el Boletín Oficial el reglamento de esta norma y en los últimos días ya comenzaron las deportaciones en el pueblo fronterizo de Colchane, lindante con Bolivia.
En su anuncio de hoy, Piñera argumentó que "la crisis migratoria" es un fenómeno mundial y regional y que puntualmente en Chile hay "más de 6 millones de venezolanos que han abandonado ese país por la crisis política, económica, social y humanitaria".
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, más de seis millones de venezolanos viven fuera del país, cerca de cinco millones en América Latina y el Caribe y la gran mayoría se fueron desde 2015, cuando se hizo más fuerte lo que Naciones Unidas calificó como una crisis humanitaria. Según estas cifras, se trata del éxodo más importante de la historia moderna de la región.
Con información de Télam
Cerrar sesión