Las masivas manifestaciones comenzaron en Haití, una vez más, debido a un aumento del precio del combustible de más del cien por ciento dispuesto por el Gobierno nacional. La medida, sancionada en septiembre, se sumó al descontento ya instalado por el alto costo de la vida cotidiana, la crisis humanitaria general y la violencia perpetrada por las bandas armadas. Esos no son los únicos malestares que atraviesan a la sociedad haitiana: la decisión de los máximos responsables de autorizar y pedir la intervención militar extranjera despertó nuevas movilizaciones y pedidos de renuncias. Esta semana, una persona falleció a causa de la represión policial en ese contexto.
Según reportó el portal Alterpresse, en la jornada del lunes 10 de octubre, la policía intervino en varios lugares en los que “disparó munición real y empleó gases lacrimógenos”. En Delmas, Puerto Príncipe, los disparos alcanzaron a una persona no identificada que falleció. En las manifestaciones de la capital y de las provincias, las personas y las organizaciones sociales exigen la salida del Gobierno del primer ministro, Ariel Henry, que asumió tras el magnicidio de Jovenel Moise, en julio de 2021.
En esta semana, se registraron manifestaciones en violentas en Cabo Haitiano (norte), en la isla de Gonâve, Petit-Goave (oeste), en Jacmel (sureste), Mirebalais, Lascahobas (meseta central, este), así como en varios barrios de la periferia y en el centro de la capital. Además, desde hace cerca de un mes, permanecen bloqueadas las actividades en varios puntos del territorio nacional.
Enfrentar la crisis de seguridad
La solicitud para la intervención militar extranjera la hizo el primer ministro Henry el pasado 8 de octubre y fue oficializada por el embajador del país, Bocchit Edmond, ante la Organización de Estados Americanos (OEA). De acuerdo al decreto publicado Le Moniteur, el Diario Oficial de la República de Haití, el Consejo de Ministros dio el aval para autorizar la presencia en el país de una fuerza armada especializada con el propósito de ponerle un freno a la crisis humanitaria que tiene múltiples causas que se profundizan con el correr de los años, al menos, desde el fatídico terremoto de 2010: la débil situación económica y la pobreza, la inseguridad derivada del accionar de las pandillas y la reaparición del cólera -que dejó 11 muertes, al menos, en el país caribeño-.
En el decreto, además, se señala la intención de que la presencia militar extranjera ayude a reanudar la distribución de combustible -bloqueada en las vías más importantes del país por pandillas criminales del G9, según denunciaron organizaciones internacionales- y de agua potable en todo el país, a reactivar los hospitales y a reabrir las escuelas.
“Queremos que la comunidad internacional ayude al país a sacar el combustible, que se distribuya y que se reanuden las actividades”, dijo en un discurso público la semana pasada.
La respuesta por parte de organizaciones sindicales del sector del transporte, como de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití (Apch) es crítica. Según ellos, “dotar a la Policía Nacional de Haití (PNH) de medios efectivos para derrotar a las bandas armadas nunca ha sido la prioridad del gobierno de facto, que solo esperaba el momento oportuno para ‘traicionar al pueblo’”, citó AlterPresse.
La Konbit, que nuclea organizaciones políticas, sindicales y populares, expresó su preocupación en la misma línea. Para ellos, esta solicitud “sólo apuntaría a fortalecer la ocupación de la isla”.
Por su parte, la Asociación Militar de Haití (Amidh), que agrupa a exmilitares, criticó el comportamiento de los ministros y pidieron que los firmantes del decreto y la autorización sean juzgados a largo plazo por "delito de alta traición" contra su país.
Hasta ahora, Estados Unidos decidió enviar solo ayuda, pero no tropas, según informó la agencia de noticias Télam. El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció restricciones de visado a los haitianos señalados de proteger o financiar a las pandillas y dijo que trabajaba con México en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para imponer sanciones específicas y tomar medidas de seguridad adicionales.
El principal diplomático de Estados Unidos para las Américas, Brian Nichols, y el teniente general Andrew Croft, comandante adjunto del Comando Sur estadounidense, que supervisa las actividades de defensa en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, estarán hasta mañana en Puerto Príncipe y prevén reunirse con el primer ministro Ariel Henry, precisó el Departamento de Estado, informó la agencia de noticias AFP. En la agenda de los dos funcionarios estadounidenses también está la intención de concretar citas con otras autoridades haitianas y miembros de la sociedad civil.
Tras la ocupación estadounidense de 1915 por 34 años, Haití ha vivido varias intervenciones extranjeras y ha acogido varias misiones de la ONU durante los últimos 30 años, sin que se resuelvan sus problemas de estabilidad y seguridad. Por el contrario, en 2019, se supo que durante la intervención militar de los Cascos Azules de las Naciones Unidas, al menos, dos mil niñas fueron abusadas sexualmente por integrantes de ese cuerpo de paz.
Con información de Télam
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