El Congreso de España aprobó hoy una ley contra la violencia sexual que establece la obligación de un consentimiento explícito, una medida que el gobierno progresista abanderó después de la violación grupal de "La Manada" a una joven en 2016.
El texto, apoyado por todo el pleno de la Cámara de Diputados, salvo el Partido Popular (PP) y Vox, elimina la distinción entre abuso y agresión, regula la necesidad del consentimiento expreso y tipifica el acoso callejero.
La "Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual" -conocida como "Solo sí es sí"- había sido aprobada por Diputados en mayo pasado.
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No obstante, en julio, durante la votación en Senadores se introdujo una enmienda menor y el proceso requería que se votara nuevamente en la Cámara baja.
Hoy, con el texto corregido, que solo modificaba una palabra del preámbulo respecto de la ley original, quedó definitivamente aprobada por 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones, informó la cadena pública RTVE.
La sanción fue celebrada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que la describió como una "victoria" y agradeció los "años de lucha" al movimiento feminista y, especialmente, a "las víctimas de violencias sexuales".
Algunos argumentos esgrimidos entre quienes no votaron a favor de la ley fueron, por ejemplo, que "puede traer consigo irregularidad" y que, por tanto, "no es la ley que nos habría gustado apoyar", de parte del PP, mientras que Vox calificó la norma de "infame", porque "el objetivo no es proteger a la mujer, sino atacar al hombre".
El texto, que implica una reforma del Código Penal español, sitúa en el centro el "consentimiento", que solo se entenderá "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona".
Las víctimas ya no tendrán que acreditar que sufrieron violencia o que se resistieron como ocurría hasta ahora.
La ley también considera ilícita la publicidad que contribuya a promover la prostitución y castiga a quien reenvíe imágenes de terceros que hayan sido grabadas sin autorización.
En paralelo, se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria y los menores que cometan delitos sexuales deberán realizar programas formativos sobre educación sexual y de igualdad de género.
La utilización de violencia o de intimidación ya no serán, por tanto, necesarias para tipificar un delito de violación, como ocurría hasta ahora.
Esta cuestión fue clave en el caso de "La Manada", la violación grupal en 2016 a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en la norteña ciudad de Pamplona por parte de cinco hombres que grabaron los hechos, jactándose de sus acciones, y que compartieron los videos por WhatsApp.
Su condena en primera instancia, en abril de 2018, fue a nueve años de prisión por el delito de "abuso sexual".
Definido por la ausencia de violencia o intimidación, este crimen que implicaba penas menos estrictas desaparecerá ahora con la nueva ley.
Esa primera pena provocó masivas movilizaciones de mujeres en España bajo el lema "Yo sí te creo", además de numerosas peticiones para endurecer el Código Penal.
Finalmente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo corrigió la sentencia y consideró que sí había existido violación, por lo que elevó a 15 años de cárcel las penas para los acusados.
Desde su llegada al poder en junio de 2018, el Gobierno de alianza, entre el partido socialdemócrata PSOE del presidente Pedro Sánchez y el partido de izquierda Podemos, prometió la adopción de una ley sobre el consentimiento explícito.
"No queremos más 'manadas', ni para nosotras, ni para nuestras hijas", afirmó hoy la senadora socialista Donelia Roldán Martínez.
Con información de Télam
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