El pueblo salvadoreño está en alerta desde esta Navidad: el Congreso -con casi la totalidad de legisladores oficialistas- aprobó la Ley General de Minería Metálica y revirtió así casi diez años de prohibición total de esta práctica extractiva de los recursos naturales con la que se conservaban el medioambiente y la vida. La iniciativa fue impulsada por el presidente, Nayib Bukele, en una suerte de búsqueda de salvataje económico, que afronta un lento crecimiento desde el inicio de la gestión. “Atentado contra el agua, la vida y la salud”, “nefasta”, “destrucción”, “contravención del pueblo” y “muerte” son algunos de los términos que usaron para repudiar la normativa organizaciones sociales, ambientales, iglesias y universidades.
Antes de avanzar con la propuesta de la normativa, Bukele hizo varios movimientos: persiguió y encarceló a cinco líderes campesinos defensores del agua que lucharon y consiguieron la prohibición total de la minería metalífera en el país centroamericano (como se contó aquí) y, también, consolidó la cooptación total de las instituciones del país que legitimó a través de unas elecciones espurias a principio de este año. En ese último paso, se hizo de 54 de las 60 bancas de la Asamblea Nacional (se contó aquí también).
A fines de noviembre, por fin, hizo público su plan. En sus redes sociales dijo que “Dios colocó un tesoro bajo los pies” del territorio salvadoreño y afirmó que tiene “potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”. No presentó mayores pruebas ni citó estudios científicos específicos, pero usó ese argumento para repudiar el hecho de ser el “único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica”, cuando a su entender esa riqueza “puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes”.
El repudio social fue instantáneo y llegó desde diversos lugares porque la actividad estaba, hasta ahora, totalmente prohibida por ley desde 2017 por una razón simple: la forma de explotación que exigen los metales podrían significar una fuente de contaminación de la totalidad del pequeño territorio de 21.041 kilómetros cuadrados atravesado en sus dos terceras partes por el río Lempa.
¿Qué dice la ley?
La Ley General de la Minería Metálica fue aprobada por 57 votos a favor y 3 en contra. Consta de 35 artículos y tiene por objeto la regulación de todos los aspectos relativos con las acciones del Estado en cuanto a la exploración, explotación, extracción, procesamiento y comercialización de actividades de las mineras metálicas, según especifica el comunicado publicado por el órgano.
“Estudios realizados por empresas extranjeras determinaron que en solo el 4% del área con potencial de extracción minera se identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en $131,565 millones”, sostuvieron en el comunicado en donde calificaron la votación como “histórica”. Eso, según Bukele, "equivale al 380% del PIB", en un año en el que el mayor desafío que tiene es estabilizar la economía, que sí es la principal preocupación de la población ante la retracción que vive desde hace cinco años.
MÁS INFO
En sus artículos, establece que será el Estado "el único autorizado para explotar, atraer y procesar" dichas riquezas, pero que podrá hacerlo a través de "instituciones específicamente creadas" para ello o de "sociedades en las que tenga participación accionaria". En tanto, no se requerirá que la Asamblea otorgue una concesión de explotación. Solo las entidades privadas que participen en ello necesitarán autorizaciones o permisos, se aclara.
La nueva normativa prohíbe el uso del mercurio, utilizado en la minería a pequeña escala para extraer oro de las rocas, arena, u otros materiales, considerado por Nacionales Unidas (ONU) uno de los químicos más nocivos para la salud humana.
En una entrevista a la BBC, el coordinador de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (Acafremin), Pedro Cabezas, en tanto, puso en duda la cantidad de oro que hay bajo el Cinturón de Oro sobre el que se asienta el país: “Los depósitos de oro que hay en El Salvador no son de gran concentración", dijo Cabezas, que también señaló que existen otros metales como litio, cobalto, níquel, platino, galio y germanio, pero aseguró que no conoce “ningún estudio que determine en qué cantidad”.
El repudio total
“Se consuma el mayor atentado contra el agua, la salud y la vida en El Salvador”, sentenciaron en sus redes sociales desde la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES), Santa Marta. Cinco líderes de ese movimiento estuvieron encarcelados de manera ilegal por más de un año y medio, todos ellos militantes que estuvieron al frente de la defensa del agua y de la construcción de la ley para prohibir la minería metalífera.
“La administración Bukele está echando adelante su proyecto prescindiendo de la consulta pública y el análisis ambiental que son de rigor para una ley de este calado. Con ello refleja su falta de visión a largo plazo, profundo desinterés por el sentir y pensar ciudadano, y total desconexión con las realidades ecológicas y sociales que afectan a la población”, apuntaron en un comunicado desde la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Allí, además, citaron un relevamiento de la encuestadora Iudop, que dio a conocer lo que piensa la población sobre esta decisión: a nueve de cada diez personas no les gustaría trabajar en una mina; cuatro de cada cinco están muy preocupadas por los problemas medioambientales del país y consideran que es muy peligroso vivir cerca de una mina; y dos terceras partes opinan que en El Salvador existe ya una crisis de agua y que no es un territorio apropiado para hacer minería metálica.
“La Iglesia acompañará al pueblo en la defensa de la vida y del bien común”, dijeron desde la Conferencia Episcopal. Los obispos del país hicieron pública su posición a través de un comunicado y difundieron su parecer en una conferencia de prensa en la que exigieron la marcha atrás, visto que “dañará a todos, incluyendo el sufrimiento a las nuevas generaciones y los costos mortíferos del medioambiente”. Consideraron que “contraviene la voluntad del pueblo” y que ignora la decisión de 2017 con la que se “protegía la vida y la salud”, por lo que acompañarán “la defensa de la vida y del bien común”.
“Queda en evidencia que nuestras capturas son una manera de apartar a aquellos que se ponen al impulsan de este tipo de proyectos”, dijo ante la prensa Alfredo Pacheco, de ADES, criminalizado y encarcelado de manera irregular. En su último comunicado, llamaron a la organización, la movilización y la resistencia frente a los proyectos mineros ante lo que consideran representa “el mayor atentado contra el agua, el medioambiente, la salud y la vida de las presentes y futuras generaciones”.
Cerrar sesión