El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador concedió el habeas corpus en favor del exvicepresidente Jorge Glas y determinó que su detención fue “ilegal y arbitraria” en medio del allanamiento a la embajada de México, que implicó el rompimiento de las relaciones bilaterales con ese país. Sin embargo, la Justicia decidió que seguirá preso por las condenas anteriores que tiene. El tribunal también apuntó a la responsabilidad del presidente, Daniel Noboa.
La decisión fue dada a conocer en el marco de la presentación de un recurso de habeas corpus presentado el pasado lunes pasado por Francisco Hidalgo, en calidad de ciudadano y representante legal del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC); en contra de Noboa, así como de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Rita Annabel Bravo Quijano; de la jueza de la Unidad Especializada en Garantías Penitenciarias de Quito, Melissa Muñoz Sánchez; de la ministra de Gobierno, Mónica Palencia; del comandante general de la Policía Nacional, César Zapata; y del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo.
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Tras la audiencia que se llevó a cabo entre el jueves y el viernes, la parte de la defensa de Glas presentó las pruebas y su testimonio, así como también se escuchó la intervención de Palencia. En su declaración, el ex vicemandatario repitió algunas de las denuncias que ya había hecho ante su defensa: que fue golpeado y torturado por agentes armados y encapuchados que entraron a la sede diplomática mexicana. Y que, también, fue golpeado el responsable de la embajada, Roberto Canseco, cuyas imágenes fueron ampliamente difundidas incluso por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Según informó el diario El Universo, por eso, Glas solicitó que se lo devolviera a la embajada y que se le concediera el salvoconducto para salir del Ecuador. En base a ello, los jueces Mónica Heredia, Liz Barrera y Adrián Rojas, determinaron que la detención de Glas fue “ilegal, arbitraria e ilegítima” debido a que antes de su arresto ya había recibido asilo diplomático por parte del Gobierno mexicano.
También dispusieron que se vulneró el derecho a la libertad personal cuando policías y militares ejecutaron la orden de detención que estaba dispuesta desde enero, pero que “no se puede disponer la liberación del ex vicepresidente porque aún tiene sentencias condenatorias por cumplir y que no pueden ser modificadas por el Tribunal”, informó El Universo.
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La jueza, Mónica Heredia, fue quien señaló que el allanamiento a la embajada de México “es evidente” que se llevó a cabo sin que la intervención haya cumplido el artículo 482.4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), “es decir, sin que exista autorización del jefe de Cancillería y Asunto Políticos de la Embajada de México en Ecuador, deviene la detención en ilegal en su dimensión formal”.
En esa línea, expuso los “problemas jurídicos” del caso que corresponden a la responsabilidad “pasiva” del presidente, Noboa; y a la ministra Mónica Palencia; también la arbitrariedad o no de la detención de Glas y, finalmente, si el tribunal tiene competencias en el caso, reportó el portal Ecuavisa.
Y, además, los magistrados explicaron que “carece de sustento jurídico” el argumento de los demandados, que justificaron la detención con base en los decretos ejecutivos suscritos por el presidente Daniel Noboa, correspondientes al estado de excepción y conflicto armado interno. “Los decretos no constituyen una excepción para la aplicación del principio de legalidad”, concluyeron los jueces.
Pese a la “ilegalidad y arbitrariedad” del hecho, Glas seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, donde fue llevado la mañana del 6 de abril tras su detención. Allí, el ex vicemandatario lleva adelante una huelga de hambre.
La defensa de la Policía y del Gobierno
Las defensas de los jefes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas negaron que haya habido “maltratos” hacia Glas y afirmaron que “respetaron sus derechos humanos”. Además, señalaron que la intervención a la sede diplomática se “apegó a la ley” –aunque hay registros que muestran que se llevó a cabo de manera violenta-, así como a decretos ejecutivos y en cumplimiento de las órdenes de captura contra el exvicepresidente.
En un informe –que no da detalles específicos sobre el operativo-, el comandante de la Policía Nacional afirmó que la orden de la detención de Glas provino de “manera verbal y escrita” por parte de Noboa.
Palencia, por su parte, argumentó que Glas fue “uno de los protegidos de una administración de justicia corrupta”. También dijo que Glas está procesado desde 2017 por casos de corrupción y no por delitos políticos. “Aquí no hay ninguna persecución política”, afirmó la ministra. Que el exvicepresidente “ha demostrado una conducta antisocial y agresiva”, aupado por operadores de la justicia y abogados.
Respecto del asilo a Glas, Palencia confirmó que, hasta el 11 de abril, la Cancillería ecuatoriana no había notificado oficialmente de asilo. Mientras que la jueza Melissa Muñoz, una de las accionadas en la causa, dijo en la audiencia que el segundo del expresidente Rafael Correa “no alcanzó las calificaciones necesarias para obtener la libertad condicional”. Por ello, en diciembre de 2023, se le negó ese beneficio. En ese momento, fue que ingresó a la embajada mexicana.
Como en ese momento Glas estaba en libertad, por orden del juez Emerson Curipallo, la magistrada dispuso su localización y captura para que cumpla los dos años que le faltan para completar la pena de ocho, ya que se unificaron las dos sentencias de seis y ocho años de prisión por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016.
Muñoz defendió la legalización de la detención de Jorge Glas, el 5 de abril, y ratificó que la privación de libertad “no es ilegal”, ni arbitraria, porque se originó de dos procesos penales que pesan contra el exfuncionario.
La orden de detención fue de Presidencia
En la audiencia, en tanto, se estableció que la orden de ingreso a la Embajada de México en Ecuador la dio el Presidente de la República, Daniel Noboa. El representante del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), informó que la orden de captura se ejecutó al llegar a Flagrancia y no en la Embajada Mexicana.
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