En una decisión histórica, la Justicia colombiana imputó por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a diez miembros del Ejército nacional -un ex comandante y a otros nueve militares- por haber cometido asesinatos y desapariciones de, al menos, 49 civiles a quienes hicieron pasar por guerrilleros presentados como bajas en combate. Los casos son conocidos como “falsos positivos” en el marco del conflicto armado que atraviesa el país desde hace 60 años.
Luego de analizar el caso, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidieron que los uniformados son responsables de la desaparición forzada de personas en el municipio antioqueño, ubicado en el noroeste del país, y sus posteriores asesinatos.
“Este es un caso de enorme trascendencia para el país, las víctimas y la verdad. En este caso partimos de una impunidad absoluta”, dijo el presidente de la JEP Eduardo Cifuentes en la conferencia de prensa transmitida por Youtube. Esta decisión es inédita. Según dijo la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín, para este caso no existían informes oficiales y de víctimas; se produjo la destrucción de documentos operacionales, y hubo precarios avances de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, “por lo que la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos testigos de la fuerza pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP”.
"Tras contrastar información, la JEP considera que los integrantes de los batallones son responsables por 49 víctimas, asociadas a 23 hechos, en los cementerios de Dabeiba e Ituango", dijo ante la prensa el magistrado Alejandro Ramelli. Además, añadió que hasta ahora se han recuperado y entregado a sus familiares 11 víctimas exhumadas del cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, en Antioquia. De todas las víctimas, 29 fueron enterradas en el cementerio de Dabeiba; y 16 en Ituango y 1 en Carepa (todos en Antioquia). “Ninguna de las víctimas exhumadas, identificadas y entregadas dignamente pertenecieron a un grupo armado ilegal”, precisaron.
Además, el tribunal indicó que el subteniente Jesús Javier Suárez Caro fue asesinado por sus propias tropas por negarse a participar de los crímenes y para generar terror en el seno de la fuerza e intimidar así a quienes hubieran querido oponerse a la actuación criminal.
El tribunal señaló a los máximos responsables a: Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79), Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79) y Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos). También fueron imputados tres sargentos en retiro identificados como William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo; dos mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica; y un soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado.
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Según el documento difundido por el tribunal, la investigación se logró gracias “al compromiso por la verdad y las víctimas” por parte de quienes comparecieron ante la Justicia, que decidieron confesar e involucrar con sus testimonios a máximos responsables, que tampoco habían sido judicializados. “De igual manera, si bien algunos familiares habían recibido una indemnización económica por parte del Estado, no conocían el paradero de sus seres queridos, la verdad sobre lo sucedido, ni a los responsables de los crímenes”, aclara.
El alto tribunal de paz afirmó que, en estos casos, encontró tres patrones criminales: homicidio de campesinos de la región por prejuicio insurgente y de combatientes guerrilleros que se habían desmovilizado; de personas ajenas al territorio, traídas bajo engaño desde Turbo, Medellín y otros municipios para obtener y mostrar resultados operacionales; y de desaparición forzada a través del ocultamiento de cuerpos y el uso de los cementerios municipales de Dabeiba, Ituango y Carepa para ser enterrados como NN.
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