Pedro Castillo, “el Profe” representante del sur campesino de Perú, quien hace apenas 16 meses arribó por mandato popular al gobierno, está preso, luego de ser destituido por el tercer intento de golpe parlamentario desde su asunción. Esta vez, acusado de intentar un golpe de Estado. Por su parte, Castillo afirma que no ha renunciado a su cargo.
Mientras, el pueblo en la calle demanda desconocer al congreso ilegítimo, elecciones, libertad para Pedro Castillo y una nueva constitución. Ya hay casi una veintena de personas asesinadas por las fuerzas policiales, bajo el control de Dina Boluarte, quien acompañó a Castillo en la fórmula como vicepresidenta y, en un viraje de esos que en Latinoamérica conocemos mucho y de cerca, ocupó de facto el ejecutivo, horas después de que la policía nacional lo apresara a pocas cuadras de la casa de gobierno, tras la acusación de la Fiscalía por rebelión y conspiración.
Boluarte, ha declarado el estado de emergencia social para el control del orden interno y, según informan desde el Partido Juntos por Perú, ha militarizado el país. Al asumir el poder afirmó que presentaría al legislativo un proyecto de anticipación de elecciones, aunque no indicó cuándo y, en una maniobra tiempista, prometió la aprobación de una ley de Reforma Política.
“No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la Sra. fiscal de la Nación, el presidente del Congreso, y la Sra. Dina Boluarte”, dijo Castillo en una carta difundida el domingo, que escribió de puño y letra y entregó al legislador Guillermo Bermejo, que lo visitó en el lugar en el que se encuentra detenido. En esa carta denunció también que intentan tomarle una muestra de sangre sin su consentimiento.
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El lunes por la tarde, Castillo denunció a través de Twitter que está siendo “humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado” y tildó a Boluarte, de “usurpadora”, aliada a la derecha golpista. Al cierre de este artículo, el partido Juntos por Perú informaba que luego de una nueva jornada de protestas y feroz represión el día jueves 15 de diciembre, se contabilizan más de un centenar de nuevos heridos y una veintena de muertos, como resultado de la estrategia de militarización del gobierno desatada contra la población.
Como una manera de desarticular la fuerza territorial del movimiento que acompaña a Castillo, este viernes, a través del Ministerio del Interior, Boluarte oficializó la salida de todos los prefectos regionales por considerarlos responsables de agudizar las protestas en el interior del país. "Entre los azuzadores había prefectos y subprefectos, también profesores del FENATE (Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú), del sindicato del expresidente de la República", dijo el Primer Ministro peruano, Pedro Angulo, al confirmar la destitución.
Previamente, un conjunto de Prefectos y sub prefectos del departamento de La Libertad (noroeste) habían presentado su renuncia en apoyo a Castillo. Uno de ellos, Pablo Ruiz Contreras, indicó a Sputnik que "en la supuesta vacancia que hizo el Congreso, atropelló todos los derechos" y que consideran a Boluarte una usurpadora del cargo presidencial.
Los golpes debajo de la alfombra
Según los mensajes de la prensa, Castillo tomó una decisión en contra de lo que permite la constitución y se convirtió en autor de un Golpe de Estado. En su artículo 134 el texto constitucional faculta al presidente a disolver el Congreso, sólo en el caso de que éste haya censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.
El fatídico 7 de diciembre en que Castillo anunció que disolvía el Congreso, iba a enfrentar un tercer intento de vacancia (destitución).
Las especulaciones indican que intentó adelantarse y tomó la medida para evitarlo, cuando a su alrededor calcularon que esta vez, contrariamente a lo que sucedió en las dos oportunidades anteriores, sí se alcanzarían los 87 votos necesarios para aprobar la medida.
Lo cierto es que la derecha peruana en alianza con el poder judicial y mediático, ha impedido sistemáticamente el despliegue del programa de gobierno que Castillo prometió a sus votantes. Fue necesario esperar más de un mes para que se proclamara oficialmente la victoria de “El Profe” en las elecciones de junio de 2021.
De allí, para acá, debió realizar alrededor de 70 cambios en su gabinete de ministros. Un promedio de un cambio por semana. Triste récord histórico en el país, según la agencia Bloomberg.
Así desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Castillo ha afrontado la condena mediática y un conjunto de ataques judiciales, que acompañaron los procesos de destitución.
Como en muchos casos repetidos en este siglo en la región, uno de los ejes centrales de la matriz mediática que abona el terreno para deslegitimar y golpear gobiernos populares es la “corrupción”. Castillo enfrenta seis investigaciones por tráfico de influencias en ascensos militares de 2021, por colusión y por crimen organizado en la adjudicación de obras públicas.
La estrategia de los golpes judiciales además no se quedó sólo con el presidente sino que fue también contra su familia: la fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva para su cuñada Yenifer Paredes, acusada de la concesión irregular de licitaciones de obras públicas en las regiones de Cajamarca y Lima. Además, el Ministerio Público solicitó a un juez que impida salir del país por tres años a Lilia Paredes, la primera dama, quien está también investigada por las “licitaciones fraudulentas” junto con otros de sus hermanos y sobrinos. Esto último guarda relación con el impedimento que impuso el Congreso peruano a Castillo de salir del país para asistir a la asunción del primer mandatario colombiano, Gustavo Petro.
Pero, ¿contra qué golpean los sectores concentrados?
Inicialmente, Castillo intentó llevar a la posición de gobierno un programa que preveía, una nueva Constitución, la nacionalización y estatización de recursos estratégicos, salud y educación pública, cambiar al Estado "supervisor" por un Estado "interventor, planificador, innovador, empresario y protector", y renegociar el reparto de utilidades de las empresas extractivas transnacionales. También el aumento del presupuesto para la agricultura y defensa del medio ambiente, el aumento del presupuesto para la educación del 3,5% al 10% del PIB y cambiar la "economía social de mercado" que establece la Constitución actual por una "economía popular con mercados".
En materia de política exterior la plataforma de Castillo aseguraba la necesidad de integrarse a la UNASUR y el abandono de la OEA.
Ya para la segunda vuelta, sin embargo, y en respuesta a la campaña mediática en su contra que lo tildaba de comunista, lanzó consignas más moderadas, tales como la lucha contra la inflación, la generación de empleo y el impulso de créditos para micro y medianos empresarios. No es de extrañar que el fujimorismo se mantuviera a la ofensiva desde el primer día de su mandato.
Algo que los medios tradicionales están silenciando, es que hay una base social activa en las calles. Esta semana se viralizó en las redes sociales una entrevista que la periodista argentina nacionalizada peruana, Juliana Oxenford realizó en el canal ATV Noticias a una manifestante que participaba del corte de la panamericana sur en Lima: “Toda la vida a nosotros nos han discriminado esos extranjeros que nos han gobernado. Pero hoy por hoy ¿qué les duele? que nos gobierne un profesor, un agricultor que sabe comer papa sancochada”, se escucha decir con firmeza, a la entrevistada, antes de rematar con una extraordinaria pregunta para la periodista: “¿Cuánto le pagan a usted por apoyar a la derecha?”. A lo que la periodista respondió: “No importa cuánto me pagan, ese es asunto mío”.
El minúsculo y corrompido Estado al que llegó Castillo desde las organizaciones campesinas, es conducido por un modelo económico minero agroexportador totalmente transnacionalizado y concentrado. Hoy Perú es el primer productor mundial de plata, el segundo de cobre (comprado principalmente por China) y otros metales. De hecho, el 50 por ciento de sus exportaciones son de la industria minera, sin agregado alguno de valor en origen, fuente de escasos puestos de trabajo y en manos de un puñado de empresas con participación canadiense, norteamericana, europea y china.
El fruto de esos recursos no derrama sobre la población urbana y rural pauperizada. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estimó que este 2022 alrededor de 11.4 millones de peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y están en riesgo de caer en la pobreza. El segmento poblacional más afectado por la pobreza son los niños y adolescentes (de 0 a 17 años) en el que la incidencia es 35,4%, seguida de la población de 18 a 59 años de edad (22,6%), y de la población de 60 y más años de edad (18,1%).
La confusa salida de Castillo del ejecutivo, sería en parte el resultado del nulo margen para la discusión de la distribución de la riqueza, que existe en el país andino. El hecho golpea además sobre el proceso de integración regional que intenta reorganizarse a partir de la llegada al poder de gobiernos progresistas como el de Lula en Brasil, el de Petro en Colombia y el de Boric en Chile. En noviembre el Congreso impidió la salida del país de Castillo, para asistir a la Cumbre de la Alianza del Pacífico, donde Perú asumiría la presidencia. Manuel Lopez Obrador, pospuso el encuentro para comienzos de diciembre en la que por primera vez se reunirían cuatro gobiernos progresistas de la región.
La región entera debería estar alerta, ante una derecha que avanza recargada, en esta oportunidad, contra un pueblo que se atrevió a rebelarse en las urnas y ahora empuja la desobediencia en las calles.
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