El Perú de Boluarte: tres meses de represión, protestas y muerte

Repudio, desaprobación, represión, criminalización de la protesta, masacres, detenciones arbitrarias son sólo algunas de las palabras que caracterizan los tres meses del Gobierno de Dina Boluarte, en Perú. La presidenta asumió el 7 de diciembre pasado, tras la destitución del ex presidente y ex compañero de fórmula Pedro Castillo -hostigado por los sectores de poder durante el año que se mantuvo en el Ejecutivo-, lo que despertó la movilización campesino-indígena, que pronto tuvo el acompañamiento de gran parte de la población a lo largo y ancho del país. La respuesta de la mandataria fue letal y ya cosecha al menos 60 muertes, denuncias por desapariciones forzadas, observaciones por parte de las Naciones Unidas por violaciones a los derechos humanos y una creciente tensión con sus pares de la región.

La pregunta que surge ante semejante escenario pareciera ser una sola: ¿Qué sostiene a Boluarte en el poder?  “Es un gobierno muy precario, débil, con alta desaprobación que, creo, se sostiene en el uso de la fuerza, la judialización y la criminalización –aquí el Poder Judicial es un actor clave- y el Congreso, en un consenso de estos grupos para no irse”, le respondió a El Destape la ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante el Gobierno del destituido Castillo, Anahí Durand.

Sumó, además, otro factor. “Una venia de la comunidad internacional que, recién después de tres meses y 70 muertos, ha empezado a pedir explicaciones al Gobierno”, destacó Durand. Es que, cuando Boluarte asumió la Presidencia –y se convirtió en la primera mujer en ese cargo en la historia del país- Castillo pasó a formar parte de la tristemente célebre lista de presidentes peruanos con un mandato truncado, otra baja dentro de la crisis institucional persistente desde el regreso a la democracia en 2000.

Más allá de los cuestionamientos que generó su último decreto, la condición de profesor campesino indígena de Castillo despertó la indignación de las comunidades que se ven en él representadas, que levantaron su voz y catalogaron a la vicepresidenta como “traicionera”.

Las banderas de estas protestas son, por lo menos, tres: renuncia de Boluarte, cierre del Congreso y elecciones anticipadas con un llamado a una Asamblea Constituyente para echar por tierra la Constitución (1993) elaborada tras el autogolpe de Estado del ex presidente Alberto Fujimori.

Mientras estos reclamos no dejan de retumbar en las calles del sur del país y cada vez más en Lima, Castillo sigue detenido, tras un proceso irregular ante la Justicia, y Boluarte recién este martes, cuando se cumplan tres meses de su mandato, deberá comparecer ante la Fiscalía General para responder en persona por las muertes y las violaciones a los derechos humanos en el contexto de protesta.

7 de diciembre: debilidad institucional y denuncias cruzadas de Golpe de Estado

Hace exactamente tres meses, el Congreso de la nación tenía previsto tratar la tercera moción de censura –juicio político- contra Castillo. Había pasado más de un año de su mandato y los bloqueos contra las medidas que pretendía tomar eran diarios. Al mismo tiempo, las denuncias de corrupción en su contra se acumulaban en la Fiscalía. Nunca se sabrá si la oposición realmente contaba con los votos para su destitución ese día porque un decreto de Castillo –dado a conocer en un mensaje grabado cerca del mediodía- desató un rechazo generalizado en la clase política que entonces sí se unificó y hasta lo llevó tras las rejas, en un proceso judicial hoy también cuestionado.

Castillo había decretado el cierre del Congreso, la instalación de un Gobierno de emergencia, la intervención del Poder Judicial y el llamado a elecciones para renovar al Legislativo y de una Asamblea Constituyente. Según lo establecido por el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, de 1993, el presidente tiene la facultad de disolver el Congreso en caso de “censura” o si se ha “negado su confianza a dos (en dos ocasiones) Consejos de Ministros”. Es decir, en caso de que el Congreso niegue el aval al gabinete de ministros en dos ocasiones. Esa no era la situación de Castillo, por lo que para muchas personas su accionar fue leído como un intento de autogolpe de Estado.

El Congreso unicameral hizo caso omiso al decreto del presidente, sesionó y votó por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, la vacancia presidencial por “incapacidad moral”. Boluarte, su vicepresidenta, asumió el cargo unas horas después. Las marchas, paralizaciones de servicios y bloqueos comenzaron ese mismo día. La represión, también. 

La mandataria decretó el estado de emergencia en el país a la semana de haber asumido y el estado de sitio en Puno -desde donde creció la revuelta popular-, dos medidas que implican la suspensión de las garantías constitucionales y el derecho a la libre circulación, que todavía persisten en el país pese a que va contra las responsabilidades internacionales asumidas.

El mote de “asesina” le cupo pronto a Boluarte con la primera masacre bajo su gestión, en Ayacucho, en el surandino del país Diez personas fallecieron en el contexto de represión bajo las balas militares y policiales. En las calles, las denuncias de un golpe de estado llevaban una foto con su cara.

El Congreso y el bloqueo al adelantamiento de elecciones

Desde que comenzaron las protestas, el Congreso peruano –con mayoría de derecha- rechazó más de una docena de proyectos que prevén el adelantamiento de las elecciones, como lo exige el clamor popular. El último movimiento en este sentido, fue el sábado pasado, cuando con 63 votos contra 41 y dos abstenciones, el pleno rechazó un pedido de reconsideración que había dejado suspendido a mediados del mes pasado.

Tras esa votación, el proyecto pasó a la Comisión de Constitución, que se comprometió a emitir este martes su dictamen para que pueda ser debatido por el pleno. En caso de que no haya novedades, la fecha para las elecciones se mantendrá para el primer semestre de 2026.

Entre las razones que se bajaran para sostener a Boluarte en el poder –o para haber sacado a Castillo- apunta a los intereses económicos: las zonas de mayor movilización son las más ricas –aunque con la población más relegada y pobre- en minerales con altas reservas de litio, uranio, oro y plata. “Este año justo se vencen cerca de 30 licencias de explotación de megaminería en todas estas regiones que fueron negociadas y firmadas por el ex presidente Fuijimori y que Castillo preveía evaluar…No podían asegurarse la continuidad”, contó hace unas semanas ante El Destape Gonzalo Armua, integrante de la Misión de Observación Internacional de DDHH y encargado de Relaciones Internacionales del Frente Patria Grande, que viajó al país vecino desde Argentina.

Tensión en la región

El escenario elegido por los mandatarios de la región para sentar su postura –con mayor o menor intensidad- fue la VII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizó en enero en Buenos Aires. Pese a que en el documento final no se emitió una condena, quedó clara la “preocupación”. El primero en manifestar su disidencia con el proceso que se estaba dando fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dio asilo político a la familia de Castillo, la primera de varias decisiones que provocaron la expulsión del embajador mexicano de Lima.

Le siguieron los cruces con Xiomara Castro, de Honduras; Gustavo Petro, de Colombia; Gabriel Boric, de Chile; y con el ex presidente boliviano Evo Morales.

En enero, Boluarte ya había decidido retirar “definitivamente” a su embajador de Honduras, luego que Castro desconociera la legitimidad de su administración. “Injerencia indebida”, acusó la peruana. Boric, por su parte, comparó las escenas de intervención con tanques militares en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, con los hechos cometidos por las dictaduras militares en la década de 1970 en América Latina.

Morales, de Bolivia; y Petro, de Colombia, en tanto, fueron declarados persona “non grata” por el Congreso de la Nación. Sobre el primero pesa una idea conspiranoica con la que insiste el Ejecutivo peruano, que lo señala como uno de los hostigadores de la protesta –en su condición indígena- para hacerse parte de ese territorio. El segundo, además de clamar por la liberación de Castillo, dijo que la policía peruana “desfila como nazis contra su propio pueblo”.

Estados Unidos, un sólido socio del Perú, fue el último en reaccionar en estos días y exhortó al Gobierno y al Congreso a buscar fórmulas concretas para anticipar las elecciones previstas para 2026, con lo que recogió a su manera un clamor popular al que el Ejecutivo y el Legislativo peruano sigue sin darle respuestas concretas.

La ONU pone plazo de 60 días para informar sobre situación sobre los DDHH

En la última semana, los medios Epicentro.TV y La República dieron a conocer una comunicación reservada realizada, el pasado 24 de febrero, por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí, dieron un plazo de 60 días para que el Gobierno entregue información precisa sobre las denuncias por violaciones a los derechos humanos que son: uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, estigmatización de la protesta, acoso y “terruqueo” a defensores de derechos humanos y periodistas, así como uso abusivo del término “terrorismo”.

En el documento de 21 páginas, las y los comisionados firmantes instaron al Gobierno a suspender las acciones de uso excesivo de la fuerza, le atribuyeron credibilidad a las denuncias que han recibido y pidieron que Boluarte entregue un informe detallado en el que responda por cada uno de los puntos de preocupación para el sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El documento sostuvo: “Emitimos este llamamiento para salvaguardar los derechos de las personas que están ejerciendo sus derechos de asociación y manifestación pacífica y a la libertad de pensamiento y de conciencia, con el objeto de proteger sus derechos de posibles daños irreparables”.

“La categoría terrorista se empezó a usar en los 90 por Fujimori para referirse a organizaciones como Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Lamentablemente, la derecha y los grupos de poder la han seguido usando para referirse a la izquierda y, en general, ahora es extensivo a todo quien protesta”, explicó Durand. La además socióloga y doctora en ciencias políticas caracterizó la movilización actual como diversa, amplia, con un fuerte énfasis campesino-indígena, en la que las poblaciones quechuas y aimaras son las que más se han movilizado.

La movilización -que partió y parte desde los sectores más relegados del país- “no es ideológica, de izquierda", aseguró Durand, sino que es la lucha por ser escuchados y escuchadas por primera vez en la historia. Se trata de quienes consideran a Castillo como uno más de su comunidad, que fue expulsado, justamente, en un acto racista y colonial, no por lo que haya hecho o dejado de hacer en su gestión. Es, dijo Durand, una movilización "básicamente popular anti-neoliberal, anti-gobierno y que está afirmando la necesidad de un nuevo pacto social, de ahí la insistencia de una Asamblea Constituyente donde ellos participen, donde por primera vez estén todos los pueblos del Perú”.