El presidente de una comisión del Senado de Brasil que investiga la respuesta del Gobierno a la pandemia de COVID-19 dijo el martes que podrían investigar a las empresas de redes sociales, lo que plantea dudas sobre la responsabilidad que tienen las empresas por la desinformación publicada en sus plataformas.
La semana pasada, el vicepresidente de la comisión del Senado, Ranfolfe Rodrigues, pidió que representantes de Google, Facebook y Twitter testifiquen ante el panel de investigación, conocido como CPI. Las solicitudes aún deben ser aprobadas por otros legisladores de la comisión.
El martes, el presidente del CPI, senador Omar Azis, dijo que si bien los representantes declararían como testigos sobre presuntos delitos perpetrados a través de internet, las empresas podrían eventualmente ser investigadas por sí mismas.
"Recetar medicamentos a través de YouTube, Instagram, Twitter es un delito", dijo Aziz durante los procedimientos del Senado.
"Están siendo citados como testigos pero, sí, podrían ser investigados si la comisión lo decide. Entonces sería bueno que vinieran aquí y explicaran adecuadamente qué tipo de plataformas permiten -para una enfermedad tan difícil y dolorosa para Brasil- (...) propagar medicamentos que no tienen una base científica", agregó.
Un representante de Twitter Inc se negó a comentar las declaraciones de Aziz, pero dijo que la compañía había lanzado iniciativas para "proteger la conversación sobre la pandemia", como la promoción de enlaces a información creíble sobre el COVID-19.
El propietario de Instagram, Facebook Inc, y el propietario de YouTube, Google, no respondieron a pedidos de comentarios el martes.
Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia, con más de 500.000 muertes, solo superado por Estados Unidos.
El presidente Jair Bolsonaro ha impulsado tratamientos con poca base científica como la hidroxicloroquina, a veces como una alternativa a métodos probados como el distanciamiento social y las vacunas.
Millones de brasileños han acudido a las redes sociales en busca de formas no probadas y a veces excéntricas de prevenir y tratar el COVID-19.
El CPI no tiene el poder para responsabilizar penalmente a nadie, pero puede transmitir sus conclusiones a las fuerzas del orden.
Con información de Reuters
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