Las autoridades sanitarias de Costa Rica anunciaron el martes la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para todos los trabajadores del Estado y la autorización a las empresas particulares de exigirla a sus empleados, en un gesto inédito hasta ahora entre los países de Latinoamérica.
La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la medida, que afecta a más de 300.000 funcionarios, producto de la cantidad de contagios y muertes por la enfermedad, la creciente circulación de la variante Delta y la alta ocupación hospitalaria, según un comunicado del Ministerio de Salud.
En las últimas semanas, la campaña de inoculación masiva ha ido menguando por diversos motivos. El gobierno de Costa Rica se ha trazado la meta de vacunar al 83% de sus 5,2 millones de habitantes. Actualmente, el 64% de los costarricenses han recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
En febrero, el Gobierno ya había declarado obligatoria la inmunización de los empleados del sector salud. La Universidad de Costa Rica, la más importante del país centroamericano, lo hizo también el lunes, tras pronunciarse el tribunal constitucional sobre la legalidad de ese paso.
El Ministerio de Salud todavía no ha detallado las consecuencias para los funcionarios que rechacen la inyección. "Será responsabilidad del patrono tomar las medidas según las legislación del país y la normativa institucional", indicó en el comunicado, sin dar más detalles.
A causa de la pandemia, han muerto en Costa Rica 6.300 ciudadanos mientras que poco más de medio millón se han contagiado. Desde fines de julio, la nación ha experimentado un incremento de los casos y defunciones relacionadas al COVID-19.
Con información de Reuters
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