El año pasado la dupla Gustavo Petro–Francia Márquez consolidó la llegada a la izquierda al Poder Ejecutivo por primera vez en la historia de Colombia. Tras un año de mandato, el Gobierno sentó su plan de gestión sobre la consolidación de la paz como eje transversal, tuvo algunos éxitos en el Congreso y, también, un golpe que lo llevó a reconfigurar su estrategia de alianzas en el Legislativo. Petro hizo un llamado para visibilizar el apoyo popular en las calles, al tiempo que apunta a afianzarse como una figura clave en el ámbito internacional en la lucha contra la crisis climática. Mientras, en la última semana, timonea la detención de su hijo mayor Nicolás por supuestos fondos ilícitos en su campaña.
Bajo la premisa “Colombia potencia mundial de la vida” el Gobierno instaló una administración que va a contrapelo de las que hasta ahora había habido en el país: va por fuera de los proyectos neoliberales acompañados por políticas en consonancia con el Consenso de Washington. Hasta ese momento, en el país que lleva más de 60 años de conflicto armado, todos los aspirantes a la Casa de Nariño con un perfil progresista habían sido asesinados y el “establecimiento” -como llaman a la élite política tradicional y empresarial- habían logrado enquistarse en las instituciones.
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Ante ese contexto, Petro llega al año con una imagen positiva del 48,8 %, según la última encuesta difundida por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y el medio CM&, informó el portal Porfolio. La negativa se ubica en 45,7 %. Sin embargo, la percepción de la situación de Colombia con miras al 2026 muestra que el 48% de las personas encuestadas considera que la situación del país habrá mejorado.
El Congreso
Con un llamado a un “gran acuerdo nacional” el mandatario había logrado consolidar en el Congreso amplias mayorías. Con ello, consiguió una de sus mayores ambiciones: la reforma tributaria, en noviembre de 2022. “Se recaudarán $17,5 billones (4 billones de dólares) en el primer año (1,1% del PBI) y en promedio 1,3% del PBI cada año entre 2024 y 2033. “Como hito histórico, se aprobaron los tipos penales por delitos asociados a la evasión fiscal, que permitirán enfrentarse a los grandes evasores reincidentes del país”, destacaron en el documento Hitos del primer año de Gobierno elaborado desde la Presidencia, al que tuvo acceso El Destape.
Otro de sus grandes logros fue la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta con la que todos los presidentes deben contar para tener el presupuesto de -251.000 millones de dólares- correspondiente para llevar a cabo sus políticas a lo largo de su gestión.
Pero esas no son las únicas aspiraciones del Gobierno. En su agenda incluye una reforma laboral, previsional –elaborados desde el Ministerio de Igualdad, que encabeza la también vicepresidenta Márquez- y de salud que aún están en veremos. La primera, completamente hundida, será presentada por segunda vez en este nuevo año; la previsional, en tanto, avanza lento, pero con vistos buenos en comisiones.
El debate y las trabas de la reforma de salud dejaron en evidencia las disputas internas y obligaron un golpe de timón en la estrategia de alianzas del Ejecutivo con un cambio de gabinete. Fue un día de abril, cuando cerca de la medianoche, el mandatario escribió en sus redes sociales que "la invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada". Pidió la renuncia de todos sus ministros y, finalmente, fueron ocho los cambios. En contrapartida, el mandatario llamó a la ciudadanía a las calles y allí la respondieron el 1 de mayo.
"Estos partidos de la derecha tradicional, que tienen asiento en el Congreso, estaban siendo más confrontados por estas reformas", analizó la encargada de comunicación de la Comisión por Comunes (partido de la ex guerrilla FARC), Julieta Penagos. En esa línea, para Camilo Ernesto Quintana Salazar, gestor cultural e integrante de la Fundación Intercultural Barule, ante los obstáculos la respuesta implicó "llamar a personas de mayor afinidad política e ideológica que permitan digamos afianzar lo que se prometió en campaña". Por eso, el desafío para este nuevo año es lograr que las reformas sean validadas, "pero con el respaldo popular de la ciudadanía, del poder publico, del poder político, en las calles, de las organizaciones sociales, sindicales, obreras, estudiantiles".
La paz total
El plan para consolidar la paz es eje transversal para cada iniciativa. En este aspecto, en el documento del Gobierno, destacaron: el histórico cese al fuego bilateral por 180 días con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -la última guerrilla y la más antigua que hay en el país- tras un ciclo de negociaciones que había estado frenado durante siete años. También señalaron la instalación de conversaciones con lo que llaman “estructuras de crimen de alto impacto” –crimen organizado- que operan en ciudades como Medellín, el Valle de Aburrá y Buenaventura, entre otros puntos.
Andrés Preciado, director de Conflicto y Violencia Organizada de FIP, marcó tres puntos a tener en cuenta de cara a lo que se viene: "Los grupos armados no están derrotados política ni estratégicamente y las disputas son la principal fuente de la violencia que se genera hoy en el país", dijo ante El Destape. Como segundo reto, indicó la necesidad de establecer "objetivos claros" en cuanto a la metodología en el sentido de contar con mecanismos de verificación y de tener en cuenta la paz urbana. Por último, "la falta de armonización entre la política de seguridad y las negociaciones de paz". Según su visión, "el Estado tiene que tener una política de seguridad fuerte que además debe tener una posición importante, relevante y de fuerza en las negociaciones".
La paz en el Congreso
Según un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), durante el primer año legislativo (2022-2023) se tramitaron 97 proyectos de ley o actos legislativos con implicaciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y fueron aprobados sólo 11. Además, en los debates en el Congreso y "por presión de la opinión pública" el eje en la redistribución de la tierra, entre otros, fueron incluidos en el PND, indicó la coordinadora del Proyecto del Capitolio al Territorio de la FIP, Carolina Varela. Aunque, consideró que entre los retos de este año se encuentran el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y la reforma al sistema político electoral, en donde, estimó, el Congreso tendrá un rol clave, más allá de ser un país presidencialista.
Política exterior
“La justicia climática y justicia social son las bases para lograr que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Ese seguirá siendo el norte del Gobierno del Cambio”, sostiene el documento de la Presidencia. En el ámbito internacional, el mandatario colombiano se propuso ubicarse como líder y referente de la región en un tema crucial en los últimos años: la crisis climática. De hecho, así lo destacó el Ministerio local en cuestión: “Alcanzar cifras históricas en la reducción de la deforestación y liderar una agenda internacional para frenar la crisis climática con acciones concretas como la conservación de la Amazonía, son algunos de los logros del Gobierno del presidente que son noticia en el mundo”, destacaron. En esa línea, señalaron que se logró “la cifra más baja de deforestación en los últimos nueve años”, con un 29,1 por ciento respecto al año anterior, pasando de 174.103 hectáreas (ha) deforestadas en 2021 a 123.517 ha en 2022.
En cada conferencia internacional a la que asistió, Petro mencionó la temática e insistió en la descarbonización de la economía para poner en marcha la transición energética dejando de “extraer petróleo, carbón y gas”. Incluso, llegó a proponer un “Plan Marshall contra la crisis climática” que consiste en sentar las bases de un nuevo sistema de financiación del desarrollo que combine el combate contra la pobreza y el cambio climático.
Vuelta a las relaciones con Venezuela
Otro de los puntos clave en este aspecto fue la retomada de las relaciones bilaterales con Venezuela después de siete años, que se consolidó con el reconocimiento como mandatario a Nicolás Maduro, la apertura de la frontera de 2219 kilómetros entre ambos países y el restablecimiento de las embajadas. Esta medida comenzó a trabajarse ni bien se supo el triunfo de Petro en junio del año pasado, que incluyó también la reanudación de la conexión aérea y del transporte de carga entre ambos países. Desde ese lugar, además, aprovechó para ponerse al frente de las negociaciones que se llevan a cabo entre un sector de la oposición venezolana y el Gobierno de Maduro, para poder realizar las elecciones del próximo año en ese país.
"Por temas de seguridad nacional era estratégico económica y socialmente, pues es la frontera más activa del país", indicó Preciado. Para dar cuenta de la relevancia de esta medida el investigador explicó los vínculos directos que tiene este ítem en la resolución del conflicto armado: el ELN es una "guerrilla binacional que opera en territorio colombiano y en el venezolano", por lo que cualquier acuerdo de negociación con el ELN debe implicar necesariamente la participación de Venezuela. A esto, se le suma la ruta de migración que se da a través del Tapón del Darién, zona de la selva ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, que, dijo Preciado, contiene migración que se nutre por la frontera venezolana.
La detención de Nicolás Petro
A las puertas del primer aniversario del Gobierno, el presidente fue golpeado por la denuncia de un supuesto financiamiento ilícito de su campaña hecha por su hijo Nicolás. Fue el mismo Petro el que solicitó la investigación una vez difundida la información e insistió en la autonomía judicial. "Nunca antes en la historia de Colombia se había descubierto en tan poco tiempo tantos hechos tan delicados de corrupción", aclaró, de todos modos, Penagos.
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