Mientras Colombia cuenta los días finales para la asunción histórica de su primer gobierno de izquierda el próximo domingo 7 de agosto, su presidente electo, Gustavo Petro, completa el giro a la moderación que inició en plena campaña, con la configuración del futuro equipo de gobierno. En paralelo, su vice, Francia Márquez, recaló en Buenos Aires este fin de semana como parte de su recorrida por la región para conectar a la nación sudamericana con el foro de voces progresistas del Sur. La incógnita por delante ahora es cómo empujarán las profundas reformas de Estado comprometidas en un delicado equilibrio entre lo deseado y lo posible, a cuenta de décadas de deudas sociales y postergación.
De movida, en el círculo de Petro reconocen que los desafíos son monumentales y habrá resistencias de distinto tenor a medida que avancen contra los intereses permanentes. De ahí las señales que el Presidente electo ha dado durante las últimas semanas en esa dirección, buscando un balance entre convicción y negociación: el nombramiento de un gabinete paritario con mujeres en lugares de decisión; la prioridad puesta en temas de la agenda progresista y, a la vez, el reclutamiento de figuras tradicionales provenientes del campo liberal y conservador para “tranquilizar” a esos sectores. O a los mercados.
En palabra y acción, lo de Petro en su tercera campaña a la presidencia fue una ‘lulización’ como reflejo estratégico de aquella campaña de 2002 que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil por primera vez, luego de una radical transformación del candidato y su discurso a la par de las alianzas a su alrededor. Es el mismo camino de coalición amplia que ensaya hoy el líder brasileño para derrotar al mandatario Jair Bolsonaro en primera vuelta, el 2 de octubre próximo.
También a Petro le sirvió para vencer al uribismo primero y luego al universo de los sectores conservadores más radicales que se encolumnaron detrás del disfraz de outsider del ingeniero y ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Pero ahora sabe que debe convivir con esas resistencias del otro lado de la calle y que cada obstáculo que planten para la concreción de las ansiadas reformas que persigue el Pacto Histórico será en desmedro de su gobernabilidad.
Como sucede con Gabriel Boric, en Chile, Petro desembarcará en la Casa de Nariño el próximo domingo con una pesada mochila de desigualdades por resolver, como si de una bomba de relojería se tratara. El mismo entusiasmo que lo puso en la historia la noche del 19 de junio, en ballotage, puede volvérsele en contra si las deudas no se saldan y su gobierno termina enfrascado en una lucha sin resultados con el establishment y sus defensores.
“Por primera vez, en su larga historia republicana, Colombia va a tener un gobierno realmente de izquierda. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que será un gobierno en el que se privilegien temas como los derechos humanos y la búsqueda de paz sobre la estabilidad y el mantenimiento del orden público. Que será un gobierno en el cual se aumente la inversión social sin hacer más regresiva la fiscalidad o el recaudo de tributos. Y en el cual valores como la cultura y la igualdad de género van a tener un interés muy superior al que podrían tener en otros gobiernos que subestimaron esos campos dentro del relacionamiento”, indica a El Destape el ex mandatario colombiano Ernesto Samper.
No obstante, gran parte de esos cambios de índole social estarán encadenados a otros de naturaleza económica para poder concretarse.
Postergaciones
Al igual que Chile, durante mucho tiempo Colombia fue ponderada por su pujanza como un modelo de éxito dentro del neoliberalismo. De hecho, los pronósticos de la OCDE relativos a 2022 auguran un crecimiento del 6,1 por ciento para el país. No obstante, la nación cafetera también esconde desigualdades estructurales que, en los últimos tiempos, producto de la pandemia y la guerra, se han agravado: la mitad de su población trabaja en la informalidad y la Cepal proyecta que la tasa de pobreza trepará de 36,3% el año pasado al 39,2% en 2022. Esto puede empeorar porque el país lidia hoy con una inflación anualizada del 9,6 por ciento —con registros récord en las últimas dos décadas— y el mayor endeudamiento público de su historia.
En este contexto, una de las primeras ecuaciones a resolver por Petro es cómo volver su plan de transformaciones sustentable en el tiempo. Y para ello ya anunció que buscará impulsar una reforma tributaria que reducirá las cargas sobre las empresas para incrementar el alcance sobre la renta de los ciudadanos y ciudadanas de mayor poder adquisitivo. Con esto, se busca dar una progresividad real al sistema tributario colombiano y corregir, a la par, la elevada evasión fiscal. La pregunta es cuan profundo se podrá cavar y cuánto tiempo demandará.
Quien llevará adelante esta tarea desde Hacienda será el economista José Antonio Ocampo, profesor de la Universidad de Columbia vinculado a la Cepal y con un pasado como ministro de Agricultura y Hacienda durante el gobierno de Samper. En el entorno de Petro afirman que conoce los mecanismos del modelo colombiano como pocos y que se necesita de una visión experimentada para reencauzar su funcionamiento sobre la base de un equilibrio que transmita suficientes garantías al sector internacional para no afectar los planes de inversiones en Colombia.
Ligado a ello asoma la promesa de una reforma agrícola integral y sostenible en un país que importa el 30 por ciento de los alimentos que consume mientras gran parte de sus tierras permanecen ociosas y en manos de grandes latifundistas. No es casual que esta deuda se vincule directamente con el proceso de pacificación en el país, como uno de los capítulos acordados por el entonces presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pero postergado por el actual mandatario, Iván Duque, su sucesor.
Quien tendrá a cargo esta difícil tarea ya conoce del tema porque fue ministra del área en el mismo gobierno de Samper. Cecilia López regresará así a las mismas trincheras y bajo su mando deberá analizarse cómo administrar en una red de subsidios a la producción agrícola para incentivar la producción local de alimentos a pequeña y mediana escala. En el actual contexto internacional, lograr la soberanía alimentaria, más que una bandera, constituye un paso indispensable para el desarrollo.
Por último, otro campo en el cual se evidencia una interrelación entre lo económico y lo social es el compromiso de reconvertir la matriz energética, hoy basada en el extractivismo, hacia las fuentes renovables. Acorde al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el carbón y el petróleo representan cerca de la mitad de las exportaciones colombianas, en momentos en los que ha escalado la demanda internacional de ambas fuentes como resultado de la guerra en Europa. Petro sumó el apoyo de movimientos ambientalistas comprometiéndose también a prohibir, incluso, el fracking, por lo que ahora deberá honrar sus palabras.
De movida, la media sanción del Acuerdo de Escazú por parte del nuevo Senado va en esa dirección en un país que se ha cobrado la vida de cientos de activistas ambientales de manera impune. Su puesta en vigencia, largamente demorada, también formó parte de las promesas de campaña del Pacto Histórico, junto con el impulso a un Plan Nacional de Desarrollo que proteja la vida digna, la naturaleza, la paz y la democracia, entre otros ejes rectores para la forja de un nuevo Estado.
Gran parte de las próximas batallas se darán en el Legislativo en donde el futuro gobierno de Petro cuenta con 63 de las 108 bancas senatoriales y 110 de los 188 lugaresde la Cámara de Representantes, a partir de sus alianzas para mantener el timón de ambas cámaras. Así y todo, esa misma arena será escenario de una de las peleas más simbólicas y encarnizadas en virtud del descrédito popular que se ganó la clase dirigencial. En el futuro gobierno del Pacto Histórico lo presentan como una Reforma Política Anticorrupción que, en rigor, buscará redireccionar recursos de los privilegios políticos hacia áreas donde más se necesiten, sobre todo, en materia de agenda social.
Pacificación
“Cuando vine por primera vez a la Argentina, estaba recogiendo firmas para poder competir. La mayoría del progresismo no nos creyó —recordó, medio en serio, medio en broma, la compañera de Petro durante su paso por el Instituto Patria, este último viernes a la tarde—. Sabemos que no es suficiente ser progresista si no se es antirracista, y ese será un desafío enorme para este nuevo proyecto de región que se renueva”.
Márquez venía de reunirse con Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil, y Gabriel Boric, en Chile, en una gira fugaz por la región. Esa misma mañana, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner la recibió en su despacho del Senado. “La tarea por delante: integración regional y construcción de la paz y la igualdad. Una agenda común del género”, tuiteó Cristina luego. También el Presidente Alberto Fernández la recibió en la Casa Rosada, donde conversaron sobre los desafíos de la región en materia ambiental, los derechos de las personas afrodescendientes y la agenda de trabajo común entre la Argentina y Colombia, acorde al comunicado oficial.
Más allá de convertirse en la primera afrocolombiana en asumir el cargo dentro de una semana, Máquez es también reconocida internacionalmente como una férrea defensora de los derechos ambientales y de las mujeres —se creará el Ministerio de la Igualdad en Colombia— en el marco del conflicto armado que sigue estremeciendo al país. Por eso, desde el Instituto Patria, insistió con la idea de que “la vicepresidencia no es un fin, sino un medio para cambiar las realidades estructuralmente” y que parte de esa transformación depende sustancialmente de la pacificación. La Paz, la Seguridad y la Convivencia también tendrán su propio ministerio.
En este sentido, Márquez puso sobre la mesa, como lo había hecho en Brasil y Chile y lo hará luego en Bolivia, el debate sobre la legalización de las drogas sobre la base de una lógica de salud y no de criminalidad, un camino para resolver años de dolor por parte de quienes han sufrido una “política de drogas en Colombia y América latina (que) ha sido ineficaz. Ha servido para dejar los muertos en el campo y la riqueza en los bancos”, señaló frente a quienes la escuchaban atentamente en el Patria. Y resaltó lo que ya no es un secreto: “Somos uno de los países más desiguales e inequitativos de la región. La igualdad de las regiones más excluidas y marginadas. Ese es el desafío mayor para nosotros”.
Iván Velásquez, un jurista de 67 años con una extensa trayectoria de lucha contra la violación de derechos humanos en el plano internacional, en países como Guatemala, y responsable de dar curso a la denuncia contra la parapolítica a nivel local, se pondrá al frente del Ministerio de Defensa, con fuerzas armadas formateadas en la lógica de la guerra durante más de 50 años bajo mandos militares. Uno de los grandes desafíos por delante será, en este sentido, la separación y democratización de los cuerpos de seguridad, acusados de severas violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales.
Parte de recalibrar Colombia implica además reconocer los liderazgos que emergen de aquellas etnias históricamente marginadas e integrarlas a la representación institucional, resignificando su voz como parte de un mismo Estado plural frente al mundo. De este modo, junto al futuro canciller Álvaro Leyva —un conservador que ha defendido las negociaciones de paz—, las representaciones colombianas en Estados Unidos y las Naciones Unidas estarán a cargo respectivamente de un ingeniero ambientalista y ex gobernador del Chocó —el departamento de mayoría afro—, Luis Gilberto Murillo, y una lideresa social de origen arahuaco, Leonor Zalabata, activista por los derechos ancestrales de las comunidades indígena.
“Será un gobierno en el cual habrá cambios porque las elecciones se decidieron entre un país que se quería quedar y un país que quería llegar. Y ese país que quería llegar está preparado para hacer un gobierno que marcará una diferencia histórica. Ojalá se prolongue en cabeza de otras personas que compartan el mismo proyecto político”, deseó Samper en diálogo con este medio. El tiempo de Colombia es ahora.
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