Petro no pierde el tiempo e inició su Gobierno con medidas claves

El presidente de Colombia no perdió ni un minuto para poner en marcha su plan de gobierno. Sabe que los primeros cien días son clave para su futura gobernabilidad y que lo que no pueda lograr en los primeros tiempos, será muy costoso más adelante. Gustavo Petro sabe que cada decisión será escrutada hasta el mínimo detalle y que, después de décadas de neoliberalismo extremo en Colombia, le espera una orfebrería compleja que requiere cautela y osadía a la vez.

En solo quince días –Petro asumió el 7 de agosto-, sus primeras y principales resoluciones muestran que está decidido a mucho. Entre otras medidas, mandó una importante reforma tributaria al Congreso; hizo cambios profundos en las Fuerzas Armadas y policiales y dio fuerte impulso a la prometida y necesaria paz en Colombia. Pero las dos decisiones más audaces han sido, primero, admitir (a contrapelo de lo que quiere Estados Unidos) que no va a mantener a Cuba en la lista de los países que patrocinan el terrorismo y, segundo, restablecer los vínculos hermanos entre Colombia y Venezuela, hijas del Libertador Simón Bolívar.

Venezuela 

Desde comienzos del siglo, los gobiernos demócratas y republicanos de Estados Unidos han arremetido sistemáticamente contra el proceso bolivariano, primero contra Hugo Chávez y luego contra Nicolás Maduro. Colombia -en especial el gobierno de Iván Duque- se prestó a ser la plataforma de los ataques. Entre las muchas operaciones diseñadas por Washington para derrocar (incluso matar) a Nicolás Maduro hubo una que marcó un punto álgido.

En febrero de 2019, cuando Juan Guaidó (autoproclamado presidente) dio un ultimátum al gobierno democrático venezolano, Colombia, en simultáneo, organizó un megafestival en la frontera entre ambos países. Uno de los objetivos era transportar a Venezuela decenas de cajas de una supuesta “ayuda humanitaria”, enviadas por el Departamento de Estado y la agencia USAID, ambos conocidos promotores de golpes (blandos y de Estado) en todo el planeta.

Analistas internacionales como el ecuatoriano Amauri Chamorro previnieron que se trataba de una “fachada para ocultar una intervención militar”. El genial músico y militante Roger Waters, de la banda Pink Floyd, lo dijo abiertamente: “El festival no tiene nada que ver con democracia, ni con libertad ni con ayuda. Tengo amigos en Caracas en este momento y allí no existe guerra civil, ni hay violencia, ni hay una dictadura, ni arrestos masivos de opositores, ni censura de la prensa. Nada de eso está pasando, aunque esa sea la narrativa que se nos vende".

Las relaciones colombo-venezolanas, históricamente importantes también por su alto intercambio comercial, se cortaron en aquel febrero de 2019. Para curar esa herida, Petro –quien catalogó a Guaidó como un “presidente inexistente”- actuó con rapidez. Antes de asumir, envió a su canciller designado Alvaro Leyva a reunirse con su par venezolano, Carlos Faría, en la frontera. El 11 de agosto, al cuarto día del nuevo gobierno, Petro y Maduro ya habían designados los embajadores: Armando Benedetti, hombre clave para el presidente colombiano, y el ex canciller venezolano Félix Plasencia.

Entre muchos temas pendientes y vitales para ambos países hay uno que ya está en vías de entendimiento: la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) que Duque dejó al mando de Guaidó en 2019 y transfirió al gobierno colombiano en 2021. Petro declaró que su gobierno va a devolver la empresa “a quien pertenece”. Monómeros es una compañía productora de fertilizantes, la segunda empresa agroindustrial de Colombia.

Cúpula militar y policial

La violación de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas militares, policiales y paramilitares ha sido récord en Colombia. El viernes 19 de agosto un nuevo crimen a cargo del llamado “Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) golpeó al país. El líder social Lenin Guerra fue asesinado en Antioquia, feudo del ex presidente Alvaro Uribe. Según la Defensoría del Pueblo, en los seis primeros meses de 2022, 122 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia, 32 más que en el mismo período de 2021.

Petro se enfrenta al ominoso pasado de Colombia. Uno de los casos más siniestros es la banda ultraderechista Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusada de haber masacrado entre 30 mil y 120 mil personas. Las AUC estaban financiadas por el narcotráfico, apoyada por el ejército y contaban con la venia de EEUU y de ex presidentes como Uribe.

Otro ejemplo horroroso son las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FFAA, conocidas como “falsos positivos”. El ejército reclutó decenas de miles de muchachos pobres a los que se les prometía trabajo. Luego los obligaban a ponerse uniforme guerrillero y los fusilaban. Así las FFAA “mostraban resultados” y decían “haber abatido” a parte de la guerrilla: de ahí el nombre de “falsos positivos”. Según la Jurisdicción Especial por la Paz (JEP) entre 2002 y 2008 hubo más de 6.400 jóvenes fusilados. Otros casos son las masacres cometidas por los paramilitares, dispositivo ilegal surgido en 1951 para combatir teóricamente a la insurgencia, pero que perpetraron verdaderos asesinatos masivos de civiles inocentes.

Es ciertamente un desafío de dimensiones colosales enfrentar esas fuerzas manchadas de corrupción y genocidio. Tal vez, como sucedió en la Argentina post-dictaduras, sanear las FFAA requiera más de una generación de colombianos. Petro ya ha comenzado con un pase a retiro masivo de generales y con el reemplazo de las cúpulas militares y policiales. Los nuevos cargos –en palabras del mandatario- tienen “cero corrupción, cero violación de derechos fundamentales, por lo menos a través de la información que obtuvimos". El presidente colombiano puso especial acento en los Derechos Humanos: “Las prioridades serán la disminución de la violencia, la criminalidad, el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas”.

Durante la campaña, Petro acusó a miembros de la antigua cúpula militar de estar aliados con el mencionado Clan del Golfo, la mayor banda narco del país. "Estamos ante un cambio de mentalidades. Cambió el gobierno y cambian las estrategias", dijo.

Acuerdo de paz

Es tal vez la más importante promesa de campaña para los colombianos. Petro no sólo comenzó a reactivar los acuerdos sellados e incumplidos con las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino que ya envió a Cuba una delegación de alto nivel para las negociaciones de paz con la única guerrilla existente en la región, el Ejército de Liberación Nacional, (ELN), suspendidas en 2018. Este sábado fue aún más lejos y su Gobierno suspendió las órdenes de captura y extradición para los negociadores de la ELN, un gesto de buena fe que se ha visto en el pasado en otras negociaciones de paz en el mundo. "Para que comience un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional", explicó el mismo Petro al terminar un consejo de seguridad en el norte colombiano.

“El gobierno reconoce la legitimidad de la delegación de paz y, por lo tanto, se ha llegado al acuerdo de avanzar con relación con unos pasos que hay que dar para volver a sentarnos y explorar la posibilidad de un acuerdo”, dijo el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, integrante de la delegación colombiana que viajó a La Habana, encabezada por el canciller Leyva. Elíecer Herlinto Chamorro, alias “Antonio García” líder del ELN, también demostró su predisposición ante la prensa: “Quien la rompió (la negociación de paz) fue el gobierno de Duque, ahora el nuevo gobierno y el Estado colombiano deben ponerse a salvo de dicho incumplimiento. Es el punto de partida para reiniciar las conversaciones”. El ELN refirió a través de varios comunicados su interés por retomar el diálogo.

En cuanto al relanzamiento del proceso de paz con las FARC, el 11 de agosto se reunieron el representante del gobierno, Mauricio Lizcano, y miembros del Partido Comunes (fundado por ex guerrilleros de las FARC que dejaron las armas y se volcaron al juego democrático). El senador Carlos Antonio Lozada de Comunes confirmó que acordaron “una hoja de ruta de lo que serían los puntos más importantes para avanzar de la mano, con todos los actores”. Al día siguiente, el gobierno de Petro puso en marcha las jornadas pedagógicas “La escuela abraza la verdad”, con la que el Informe Final de la Comisión de la Verdad llegará a cerca de 4.332 establecimientos educativos (colegios, instituciones, centros, gimnasios, etcétera) de toda Colombia.

Reforma tributaria para la igualdad y la justicia social

Otra importante promesa de campaña que busca que los más ricos contribuyan a disminuir la astronómica deuda social acumulada en Colombia durante décadas. Entre varios ítems muy importantes, vale la pena destacar uno: el “impuesto saludable” que grava a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados (snacks), muy nocivos para la salud de la población y funestos para el medio ambiente. Las familias en condiciones de mayor pobreza son las que más consumen esta comida chatarra. El impuesto busca disminuir su consumo. Son conocidos los efectos dañinos de las bebidas con edulcorantes o azúcares añadidos; energizantes; aguas saborizadas y mezclas en polvo, entre otras que pueden provocar diabetes, hipertensión y obesidad.

Esta medida desató una guerra mediática y empresarial feroz. Un escuadrón de lobistas ya presiona sobre los legisladores para que no se apruebe. Con el hipócrita argumento de que es una medida contra los pobres, o que el Estado no permite a la población que coma mortadela o salchichón (alimentos que en absoluto el gobierno incluye como ultraprocesados) los empresarios del ramo y las multinacionales asedian al Congreso. En Colombia varios empresarios de esas industrias tienen vínculos o son dueños de medios de comunicación, por lo que se suele publicar información en contra de las decisiones que los afectan.

Temas urticantes y muy complejos sobran en Colombia. No obstante, estimula ver cómo, en apenas quince días, el gobierno del Pacto Histórico ha demostrado no sólo tener objetivos claros, sino además contar con el coraje para cumplirlos y cambiar Colombia….¡hasta que la dignidad se haga costumbre!