Diálogo en Venezuela: con consensos y sin declaración conjunta en Bogotá

La Cumbre de Bogotá convocada para destrabar las negociaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reunida en la Plataforma Unitaria, no tuvo el cierre esperado. No hubo una declaración conjunta, pero sí la identificación de puntos de consenso que dio a conocer el canciller del país anfitrión en una breve conferencia de prensa: 1. un cronograma electoral para celebrar elecciones libres, transparentes y con plenas garantías bajo las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea; 2. que los pasos acordados vayan en paralelo con el levantamiento de sanciones; 3. la continuidad del diálogo iniciado en México, en 2021.

"Se procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas (20) delegaciones a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado", dijo el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, desde el Palacio de San Carlos, informaron desde el portal colombiano La Silla Vacía. Además, marcó que las y los presentes "han recogido la intervención del Presidente en horas de la mañana como el punto de referencia para tener en cuenta en la ejecución de lo acordado". 

"Hay dos grandes procesos en esta esquina de América del Sur: el proceso de paz colombiano y el proceso político de diálogo en Venezuela, en cierta forma ambos países dependemos de la suerte de ambos", reconoció el presidente Gustavo Petro. Con esas palabras, dejó entrever también el interés que lo llevó a pergeñar durante meses la instalación de esta mesa conformada sólo por delegaciones internacionales: el fin de la crisis política, social y económica que asedia a Venezuela -desde 2015, sobre todo por las fuertes restricciones externas impuestas-, significaría, también, un alivio y la construcción de un sendero para la construcción de la paz en su propio territorio, que vive en un conflicto armado desde hace 60 años.

“América tiene que ser un espacio de libertades, América tiene que hacer un espacio de democracia”, insistió en su discurso de apertura del encuentro. La decisión fue que no estuvieran presentes representantes del Gobierno venezolano ni de la oposición. Para ello, se encargó de recoger las demandas de ambas partes así llevarlas al resto de los actores internacionales, que tienen en sus manos la decisión de levantar o no sanciones económicas, por ejemplo, la principal demanda del Gobierno de Maduro para poder acceder a los fondos estatales. Del otro lado, desde la oposición, la demanda es la elaboración de un cronograma electoral. 

Ante las representaciones internacionales, Petro tejió un hilo histórico con el salón en donde se llevó a cabo la reunión -en donde residió uno de los libertadores de Latinoamérica, Simón Bolívar- y convocó a las “energías históricas” de ese espacio para marcar un camino que vaya hacia “la reconstrucción democrática de toda América Latina” que sea “profunda” y “hacia una sociedad más igualitaria y libre”.

Sumó, además, la posición colombiana de reintegración de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) -mecanismo del que Venezuela salió en 2017- y la respectiva necesidad de hacerle cambios a la Carta del organismo americano, en donde se incluyan los derechos de cuarta generación, de las mujeres, la naturaleza y los derechos sociales. Eso, para no “retroceder al tiempo de la sangre de las guerras”.

Sus palabras fueron escuchadas por: el presidente pro témpore de la Celac y primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves; la primera ministra de Barbados, Mia Mottley; el asesor en política exterior de Brasil, Celso Amorim; los cancilleres de Bolivia, Chile y Honduras, Rogelio Mayta Mayta, Alberto Van Klaveren; y Enrique Reina García; representantes de alto nivel y embajadores de Canadá, Portugal, Noruega, España, Reino Unido, Turquía, Alemania, Francia, Sudáfrica, Italia. Por parte de Estados Unidos, el asesor especial para las Américas, Chris Dodd; y el director para asuntos del hemisferio occidental, Juan González; y por la Unión Europea (UE), Josep Borrell.

Para el cierre de esta nota, sólo la UE se había manifestado. Desde su cuenta de Twitter, Borrel señaló que desde su espacio se "seguirá promoviendo elecciones creíbles, inclusivas y transparentes". En esa línea, indicó que las recomendaciones que la Misión de Observación Electoral (MOE) hizo en 2021 son clave para "mejorar el proceso electoral venezolano" -que debería concretarse en 2024-. Así se ha reconocido en la reunión", escribió Borell.

En aquel informe, de 88 páginas, la MOE ofreció 23 recomendaciones. Entre ellas, "reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del Tribunal Superior de Justicia", llevar campañas de educación al votante, equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas y hacer "más esfuerzos" para informar a la ciudadanía sobre su slección como miembros de mesa.

Durante la tarde, también hubo una rápida respuesta desde Venezuela. El Gobierno consideró "imperante" que sean levantadas las sanciones, medidas que considera "coercitivas y unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional". Son unas 929 y, según denunció la semana pasada la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el 60% de ellas fueron impuestas por Estados Unidos. Esto implica la retención de unos 3 mil millones de dólares a los que el Estado venezolano no puede acceder. 

"Venezuela cree en la diplomacia de paz que se construye sin agresiones, con respeto y en condiciones de igualdad", destacaron desde el comunicado que difundieron.

En representación de Argentina, el canciller, Santiago Cafiero, se manifestó en el mismo sentido que Petro. “El camino para encontrar una salida política a la situación en la República Bolivariana de Venezuela está dado por el diálogo entre los propios venezolanos, sin presiones ni condicionamientos externos, el cual, en el marco de sus mecanismos institucionales y constitucionales, debe garantizar la plena vigencia de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos, contribuyendo así a la recuperación de la economía Venezolana y al bienestar de su gente”, manifestó, según el comunicado difundido por el Palacio San Martín.

A lo largo de los últimos años, hubo varios intentos de diálogo para acercar las posiciones: en República Dominicana, en 2017; en Barbados, en 2019; en México, en 2021; y, por último, también en México, en diciembre de 2022. En cada ocasión, la desconfianza y la falta de cumplimento de alguna de las partes llevaron al fracaso. Pero el camino parece firme desde México. En las últimas dos instancias fueron firmaron varios memorándums, en donde se explicitan las mismas demandas que se llevaron a la mesa durante la jornada de este martes. Sin embargo, no todos los acuerdos se cumplieron, lo que llevó al congelamiento de las negociaciones. La contraparte internacional, pareciera, al momento, ser la que tiene la decisión en la mano para consolidar el proceso.

Expresidentes latinoamericanos denunciaron una “falsa narrativa”

Una legión de exmandatario latinoamericanos reunidos en lo que denominaron el Grupo Libertad y Democracia emitieron un comunicado en una suerte de protesta contra el encuentro convocado por Petro. Entre las principales firmas están las de los expresidentes y representantes de la derecha en la región: Iván Duque (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón (México) y Sebastián Piñera (Chile). También, está la de la exjefa de Estado, que estuvo al frente del golpe de Estado en Bolivia, Jeanine Añez.

“Alertamos para que no se pida el levantamiento de sanciones al régimen, sino que se le exija la libertad de presos políticos, garantías a la oposición y se convoque a elecciones libres sin la participación del tirano”, escribió Duque en su cuenta de Twitter. Allí, compartió el documento “La cumbre Petro-Maduro no puede convertirse en una validación de la dictadura venezolana”.

Según ellos, con esta cumbre “se puede denotar una falsa narrativa, según la cual el dictador Maduro es una pobre víctima de las sanciones, y no un violador de derechos humanos”.

Desde un día antes de que comenzara el encuentro ya se empezaron a sentir algunas tensiones. En la mañana del lunes, Juan Guaidó el dirigente de Voluntad Popular -autoproclamado “presidente encargado”, cargo que fue eliminado por la propia oposición este año- anunció en sus redes sociales que había cruzado la frontera hacia Colombia de manera ilegal, que pediría ser parte del encuentro -al que no estaba invitado- y que mantendría una reunión con la “diáspora venezolana” a la que había convocado a una protesta. A las pocas horas, denunció persecución y expulsión del país. Las autoridades colombianas se encargaron de aclarar que no fue deportado, que fue "acompañado por agentes de EEUU" -dijo el canciller Álvaro Leyva-, que las autoridades estadounidenses le suministraron un pasaje de avión y que, con el permiso de ese país, voló hacia Miami.