“Menos sanciones, más democracia” es el lema elegido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para la Cumbre de Bogotá que impulsa y que convocó este martes con el propósito de destrabar las negociaciones entre el Gobierno de Venezuela y la oposición. La propuesta hace pie y sigue el camino del diálogo que se lleva adelante entre las partes en México, con el seguimiento de Noruega. Cuenta con la venia del presidente Nicolás Maduro, de Plataforma Unitaria –que congrega a varios de los partidos opositores venezolanos más importantes- y ya están confirmadas las delegaciones de 20 países, entre las que se encuentran las de Estados Unidos con el asesor especial para las Américas, Chris Todd; y el director para asuntos del hemisferio occidental, Juan González; y de la Unión Europea con Josep Borrell al frente.
El diálogo comenzó hace tiempo, pero no deja de encontrar escollos en el camino. Tras tantos años de polarización, son muchas las asperezas por limar, como quedó claro en cada instancia que avanzó y, al mismo tiempo, encontró excusas para quedar en vilo. Mientras el Gobierno enciende la luz verde para esta instancia y la oposición se reorganiza de cara a sus elecciones internas, una idea resuena a ambos lados de la mesa: solucionar los problemas de las y los venezolanos.
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En la arena internacional, mientras tanto, parecieran ser cada vez más los actores interesados en que la crisis política, institucional y económica en Venezuela comience a desandarse. El golpe de la pandemia y la crisis económica mundial –en energía y alimentos, sobre todo a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania- son dos de los factores clave que pesan sobre el país con una de las mayores reservas de crudo en el mundo. De hecho, impulsó al presidente estadounidense, Joe Biden, a retomar el contacto con el Ejecutivo venezolano para que Chevron reactive la extracción y producción de petróleo en el país, aunque manteniendo limitaciones hacia la estatal venezolana PDVSA.
De intercambiar petróleo por transferencia tecnológica, vacas o maquinarias, Venezuela pasó a ser una de las economías más débiles del continente, sobre todo por las fuertes restricciones impuestas desde 2015.
La crisis llevó a la inflación a sus números máximos desde 2013, con unas 7,1 millón de personas desplazadas, según ACNUR -de ellas, 220 mil en Argentina para fines de 2022- y su correlato en una profunda polarización política y social, que llegó a resquebrajar el orden institucional con el mandato de Maduro -sucesor del fallecido Hugo Chávez- no reconocido por la oposición, y con dos Parlamentos que funcionan de manera paralela desde 2017 y que no se reconocen mutuamente. Hubo movilizaciones opositoras que pidieron la intervención de Estados Unidos y detención e inhabilitación de algunos de los líderes políticos como respuesta desde la administración de Maduro.
El último sábado, algunos de los dirigentes de Plataforma Unitaria se reunieron con Petro y con su canciller, Álvaro Leyva. En una mini conferencia de prensa el coordinador del espacio, Gerado Blyde, declaró lo mismo que en el comunicado titulado “Por elecciones libres, sin presos políticos y el rescate de nuestra democracia”, que emitieron ni bien el presidente colombiano hizo su convocatoria. Apoyaron fervientemente la iniciativa y remarcaron que “nunca” se levantaron de la mesa de negociación, herramienta que consideraron “fundamental”. Allí no se vio a Freddy Guevara, representante de Voluntad Popular, partido de Juan Guaidó y Leopoldo López.
Este lunes, Guaidó llegó por sorpresa a Colombia y anunció que pedirá reunirse con las delegaciones internacionales que participarán del encuentro del martes y con "la diáspora venezolana" en ese país. Tras un comunicado en el que no aclaraba si se sentaría a la mesa del diálogo, el Gobierno anfitrión explicó poco después que no había invitado al líder opositor que durante un tiempo Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de los países de América Latina, incluido el Gobierno de Mauricio Macri, lo reconocieron como "presidente interino legítimo" de Venezuela. Hoy sus propios aliados en la oposición venezolana le quitaron ese título.
La propuesta de Petro
“Esta cumbre de cancilleres es en pos de destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos, México y Noruega. El objetivo: que no haya sanciones y que haya mucha más democracia. Más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá”, dijo el mandatario colombiano desde Estados Unidos, previo a su encuentro con Biden la semana pasada.
Días más tarde, a la salida de la reunión con su par estadounidense, Petro reafirmó su propósito y dijo no tener el carácter de “mediador”. Para él, se trata de propiciar un espacio que ya se estaba dando en México –en donde desde 2021 se llevan adelante mesas de negociación y en donde se espera que sigan tras la Cumbre-. En Bogotá, entonces, se tratarán de establecer “los mínimos de un gran acuerdo que garantice levantamiento de sanciones, elecciones y la normalidad de todos los actores políticos en Venezuela”.
Sobre el país sudamericano pesan 929 sanciones. Según denunció el último viernes la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, el 60% de ellas fueron impuestas por Estados Unidos. “El impacto que han tenido ustedes lo han visto en la caída de la producción petrolera, desde el año 2015 la pérdida ha sido de 232.000 millones de dólares", detalló Rodríguez, desde Caracas.
En ese sentido, Petro, que se ocupó de reabrir la frontera entre ambos países –cerrada desde 2019-, propuso que el camino se pare entre los pedidos de ambos lados: el levantamiento de sanciones que hace el Gobierno y la realización de elecciones “libres”, en la voz de la oposición. El plus de su aporte: que Venezuela regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que el país decidió retirarse en 2017.
La intención es que el camino sea paulatino y en paralelo. “Propuse que en ese proceso las conversaciones gravitaran en la construcción dos rieles: que pudieran impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías. Y, por otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones, de tal manera que lleguemos a una meta en la que el pueblo decida libremente, sin presiones y sin sanciones, su propio destino social y político”, explicó el mandatario ante la prensa a la salida de la Casa Blanca y el mismo camino fue reafirmado tras el encuentro con los opositores venezolanos este sábado. Aseguró, además, que no hubo condicionamientos. Por el momento, se sabe que la delegación estadounidense estará presente con Todd y González, hasta se rumoreó la presencia virtual del secretario de Estado, Antony Blinken.
Por eso, entre sus propuestas, también, está “rehacer” la Carta Democrática de la OEA. El planteo lo hizo ante el Consejo Permanente del organismo la semana pasada.
El pedido del Gobierno
El presidente venezolano ya conocía la propuesta. En lo que va del mandato del colombiano –iniciado en agosto- se reunieron cuatro veces. En su programa de televisión manifestó el apoyo explícito a la iniciativa “para que esa cumbre permita dinamizar y reanimar” la lucha de su país para lograr el respeto a la soberanía, la independencia y “el levantamiento definitivo de todas las medidas coercitiva unilaterales sobre Venezuela”. ¿Las bases? “Lo que siempre hemos buscado -dijo- el diálogo político soberano permanente entre todos los sectores políticos sociales y económicos de Venezuela para superar los problemas de los venezolanos. Sobre todo, para pasar la página de este periodo tortuoso de persecución económica y bloqueo contra Venezuela”.
Entre las impuestas por el gobierno de Donald Trump a partir de 2017 se incluyó la prohibición de comercializar bonos del Tesoro venezolano en mercados financieros estadounidenses o hacer negocios con PDVSA. Esto implica la retención de unos 3 mil millones de dólares a los que el Estado no puede acceder. Uno de los puntos clave que estaba previsto destrabarse a partir de diciembre, pero que todavía no se concretó.
El lugar de la oposición
2023 comenzó con una revisión interna de la estrategia llevada a cabo desde 2019. El giro fue rotundo. El 5 de enero la Asamblea Nacional 2015 –el órgano que se mantiene en funcionamiento por la oposición- decidió eliminar la figura de “presidente encargado” que había creado hacía exactamente cuatro años atrás y, con ella, destituyó de su cargo a Juan Guaidó. Decidió, también, mantener las estructuras diplomáticas paralelas que habían creado y nombrado.
“Esta política fue perdiendo vigor, importancia y relevancia en la dinámica interna del país”, consideró, en ese entonces, ante El Destape, el analista y dirigente político opositor Ángel Medina. Desde su mirada, “hace falta” reconstruir el sistema político. “La única forma es que los actores políticos entendamos que el proceso de polarización no funcionó y nos terminó apartando de la gente. Hicimos que el sistema no anduviera, ahora es tiempo de ver cómo hacer para reconocernos y cómo hacer para no eliminarnos los unos a los otros”, dijo el también legislador de la Asamblea 2015.
El paso siguiente de Plataforma Unitaria -que congrega a Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, entre otros partidos- fue elaborar un cronograma para las elecciones internas, cuyos candidatos terminarán por conocerse el 23 de junio próximo, con tiempo suficiente para hacer campaña de cara a las primarias del 22 de octubre.
El desafío, marcó Medina, es el mismo que hace cuatro meses: “Reconectar con la gente”. “La gente no quiere saber nada con la política de ningún lado, falta recorrer ese camino mucho más. Estamos seguros de que el ánimo puede cambiar producto de la campaña. Lo que hay de fondo es un descontento con la realidad que se vive y eso es lo que puede y debe motivar la participación política de los ciudadanos en Venezuela”, se animó a analizar. Mientras tanto, planteó, existen los “obstáculos” a sortear para poder concretar los comicios primarios, las garantías del Consejo Nacional Electoral (CNE), aún no confirmado; y ver la resolución que se tomará de aquí en adelante ante una “buena cantidad de candidatos que están inhabilitados por cuestiones políticas”, sostuvo.
¿Por qué ahora?
Los análisis respecto a por qué y cómo se dieron los acercamientos de los últimos meses son varios. El politólogo de la Universidad Central de Venezuela, William Serafino, señaló ante El Destape dos dimensiones: lo político y lo económico. “La primera está marcada por la consolidación de la estabilidad política nacional y el afianzamiento del gobierno de (el presidente Nicolás) Maduro, que ha logrado superar un cuadro adverso de ataque político y desafío a su gobernabilidad en los últimos años”, indicó y señaló que la oposición “se vio obligada a volver al camino constitucional” y reconocer al presidente Maduro como jefe de Estado.
Para la segunda variable, analizó que su país lleva adelante un “proceso de recuperación y reactivación de la economía, reconocido por la CEPAL, firmas y consultoras internacionales de prestigio”, dijo.
Sentado en la vereda de enfrente, Medina insistió en lo mismo que sus pares de la oposición en los últimos días, que “siempre” estuvieron “en negociación”. Ambos, en tanto, leyeron la situación global como el factor que hace que distintos dirigentes mundiales corran la mirada hacia el país sudamericano. En el ámbito regional, la llegada de los gobiernos de izquierda y la dinámica de bloque que buscan reinstalar algunos de los presidentes, también, le aporta fortaleza a esta nueva instancia para la reactivación y el sostenimiento de los acuerdos pautados.
El camino de la negociación
Antes de la instancia planteada para este martes, hubo varios intentos de diálogo: en República Dominicana, en 2017; en Barbados, en 2019; en México, en 2021; y, por último, también en México, en diciembre de 2022. En cada ocasión, la desconfianza y la falta de cumplimento de alguna de las partes llevaron al fracaso. Pero el camino parece firme desde México. En primera instancia, en ese país se llegó a la firma de dos acuerdos. El más importante centrado en “la protección social del pueblo venezolano" hasta que el Gobierno se levantó de la mesa en protesta por la detención de Alex Saab en Estados Unidos, un hombre cercano a Maduro.
El segundo paso en México comenzó a pergeñarse en Francia. Los presidentes Emmanuel Macron, Alberto Fernández; y justamente, de Colombia, Petro, sentaron a la mesa al oficialista Jorge Rodríguez y al opositor Gerardo Blyde, en representación de Plataforma Unitaria. Para fines de noviembre, se firmó el segundo acuerdo parcial para "la protección del pueblo venezolano". El anuncio previo lo hizo Petro en sus redes sociales y a los pocos días ambas delegaciones dieron a conocer el texto.
En ese memorándum: las dos partes se comprometieron a “llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral” compuesto por siete puntos:
- 1. Derechos políticos para todos.
- 2. Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables.
- 3. Levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos.
- 4. Respeto al Estado Constitucional de Derecho.
- 5. Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia.
- 6. Protección de la economía y medidas de protección social al pueblo.
- 7. Garantías de implementación, seguimiento y verificación.
Entre otros puntos, también se creó un mecanismo para “abordar las necesidades sociales vitales y atender problemas de servicios públicos, con base en la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional”, señaló en un comunicado el Gobierno.
Además, solicitaron apoyo a la ONU para "el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único" que será empleado para inversiones en el sistema de salud y educativo, la recuperación de servicios básicos como la electricidad y la atención de la crisis generada por lluvias que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierras, por aquellos días.
Aunque el documento no precisa el monto de los fondos a desbloquear, el jefe de la delegación oficialista dijo que el acuerdo recuperaría 3.000 millones de dólares. Esto aún no pasó.
Hasta ahora, un sector importante de la oposición y el Gobierno pusieron las voluntades, los intereses y los puntos mínimos. Queda saber la voz y la cara que tendrá la contraparte internacional –no dadas a conocer por el Gobierno colombiano aún- y el aporte que estará dispuesto a dar en este difícil contexto global y regional, en el que se vuelve inevitable sumar el interés de las potencias occidentales, ávidas por garantizarse aliados que ayuden a su propia sobrevivencia.
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