Las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) cuestionaron hoy la "ley de desinformación" aprobada por el Parlamento de Turquía, que endurece el control del gobierno sobre las plataformas de redes sociales y los sitios de noticias, a la vez que penaliza la difusión de información considerada falsa.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por la ley, que contempla penas de hasta tres años de prisión por la difusión de "noticias falsas", y advirtió que la norma deja la puerta abierta a la interpretación y a un posible "abuso arbitrario" y "subjetivo".
"En un contexto ya muy restrictivo, corren el riesgo de limitar aún más los derechos de las personas a buscar, recibir y difundir información, tal como lo garantiza el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Turquía es parte", afirmó la portavoz de la oficina de la ONU Marta Hurtado, citada por la agnecia Europa Press
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En este sentido, Hurtado señaló que, según el derecho internacional, la libertad de expresión no se limita a la información "veraz", sino que se aplica a "información e ideas de todo tipo", al tiempo que recalcó que "la libertad de expresión y el acceso a la información son necesarios para la participación efectiva de las personas en la vida pública y política y esenciales en cualquier democracia".
"Lamentamos que estas leyes se hayan redactado y adoptado sin una consulta significativa con la sociedad civil y los representantes de los medios", expresó la portavoz y destacó que este tipo de "marcos legales y regulatorios" tan amplios deben tener un "amplio debate público".
Hurtado hizo un llamamiento a las autoridades turcas para que garanticen "el pleno respeto de la libertad de expresión garantizada por el Derecho Internacional", una alerta que también manifestó la UE, que se mostró preocupada acerca de que esta nueva ley se utilice para limitar libertades.
En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, subrayó que es "imperativo" que cualquier normativa contra la desinformación y las interferencias tenga "claras delimitaciones" y respete los derechos humanos, así como la libertad de expresión y de prensa.
"Vemos con preocupación el lenguaje ambiguo sobre lo que constituye información falsa y tememos que (la ley) pueda limitar la libertad de expresión y la actividad de medios independientes", señaló.
Y puso el acento en las penas de cárcel que contempla la ley por diseminar desinformación, afirmando que el bloque comunitario espera que Turquía respete "el principio de proporcionalidad" a la hora de aplicar la nueva legislación.
Poco después de la aprobación de la norma, Güney Yildiz, investigador de Amnistía Internacional, destacó que "hoy es otro día aciago para la libertad de expresión y de prensa en Internet en Turquía".
"Tras el creciente control de los medios de comunicación por parte del gobierno en los últimos años, estas nuevas medidas le permiten censurar y silenciar aún más las voces críticas de cara a las próximas elecciones en Turquía y más allá, con el pretexto de luchar contra la desinformación", indicó el investigador de la ONG.
“De hecho, en lugar de garantizar la seguridad de la información, las disposiciones de la ley, vagamente definidas, facilitan la persecución de quienes supuestamente difunden públicamente ‘información falsa’, que podrían enfrentarse a penas de cárcel de hasta tres años sólo por un retuit", advirtió.
El artículo 29 de la ley aprobada ayer abre el camino para que los periodistas y usuarios de redes sociales sean condenados con hasta tres años de prisión por "difusión de información engañosa al público".
En el caso de que el autor cometiese este delito ocultando su verdadera identidad o en el marco de las actividades de una organización, la pena aumentará.
Con información de Télam
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