El Poder Ejecutivo promulgó la ley 27.738 que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que plantea diez desafíos nacionales, entre ellos erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, a partir de distintas agendas que se trabajarán en conjunto con todas las jurisdicciones del país.
La promulgación fue realizada a través del decreto 541/2023, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.
La ley que aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, elaborado por el Poder Ejecutivo, fue sancionada por la Cámara de Diputados en la sesión iniciada el 10 de octubre y que se extendió hasta la madrugada del dìa siguiente.
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A través del programa se expresan "diez desafíos nacionales" con foco en temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico.
Los objetivos del plan son "erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria".
Además, la iniciativa busca "contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos; construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética".
También, el proyecto propone "lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espacial, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino".
El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.
La iniciativa pone el foco en agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional y proyecta una inversión del 0,85 % del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030.
Con información de Télam
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