Leonardo Ratuschny, el dueño del edificio de la Casa Santa Cruz, en Parque Patricios, es conocido por gerenciar hoteles familiares que alojan a personas en situación de vulnerabilidad que reciben un subsidio del Gobierno porteño, y como “inversor” en negocios inmobiliarios a través de la compra de propiedades de gran superficie y que estén pendientes de desalojo.
La maniobras implementadas por Ratuschny no son nuevas, sino que vienen de años dado que su apellido figura en un proceso del 2001, iniciado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ante la detección de irregularidades en torno a la operatoria de los hoteles que asistían a personas sin techo y que obtenían un pago del Estado por brindar ese servicio.
Por entonces, este empresario fue denunciado por estar en una lista de propietarios que “inflaba” el número de personas registradas para su alojamiento, por lo cual, percibía mayores ingresos de fondos públicos.
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También se lo investigó porque algunos de sus hoteles, entre ellos uno llamado Zavalía, no cumplía con los requisitos para estar habilitado.
Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), esta situación ocurría “con la connivencia de los organismos de gobierno” y fue denunciada por la Defensoría del Pueblo “en los casos particulares y, en líneas generales, respecto de todos los que no tenían habilitación y usufructuaban de las diferentes operatorias involucradas”.
Ratuschny, nueve años más tarde, en 2010, compró la Casa Santa Cruz -donde ya vivían decenas de familias en el edificio- a un precio irrisorio para el mercado inmobiliario para un inmueble de unos 65 mil metros cuadrados en el sur de la Ciudad debido que alcanzó la cifra de 1,5 millones de pesos.
Según testimonios de los residentes, el flamante propietario intentó cobrarles un alquiler a las familias, luego les ofreció venderles la torre en un valor veinte veces mayor al cual había adquirido el lugar y, finalmente, eligió avanzar con el inicio de una demanda por desalojo ante el Juzgado en lo Civil 60, donde quedó radicado el caso hasta la actualidad.
“Ratuschny es un conocido inversor, uno de cuyos negocios principales ha sido la explotación de los hoteles familiares”, señala el documento del ODC.
Remarca que aparece también “como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”.
De acuerdo a diversas fuentes consultadas por Télam, el mecanismo contempla la adquisición de los inmuebles “de grandes superficies que están pendientes de desalojo”, para luego ejecutar la desocupación de la propiedad y, una vez liberada, ponerlas a disposición del Gobierno de la Ciudad para los programas habitacionales.
Ratuschny, desde hoy, recibirá un pago mensual y por un semestre del Gobierno porteño para permitir la permanencia de las más de 100 familias que habitan en el lugar, como parte de un acuerdo alcanzado para evitar el desalojo previsto para esta mañana.
Mientras tanto, las partes alcanzadas por este conflicto conformarán una mesa de trabajo para dar con una solución habitacional adecuada.
Con información de Télam
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