A 116 años de la sanción de la ley que impuso de Descanso Dominical, en Argentina se vuelven a debatir cambios profundos en el mercado laboral. Dos proyectos de ley presentados por diputados del Frente de Todos proponen una reducción de la jornada laboral para mejorar el bienestar de los trabajadores, la productividad y las condiciones de trabajo que, además, generen más empleo.
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En momentos de turbulentos cambios para la sociedad, la modalidad de trabajo se vio inmersa en distintos debates respecto al desarrollo de cada actividad. Este es el contexto que propició una discusión que no encuentra un eje común en las filas oficialistas: distintas figuras del Gobierno se pronunciaron en favor y en contra de que esta idea se concrete en el corto plazo.
"La ampliación de los derechos laborales ni crean ni destruyen empleo", sostuvo Héctor Recalde
El primer proyecto es del diputado de origen sindical Hugo Yasky, quien afirmó que “la duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta horas semanales”. Según el legislador, la Argentina se encuentra dentro del grupo de países latinoamericanos con jornada de trabajo más extensa, que ronda entre las 46 y las 48 horas de trabajo semanal, junto con otras naciones como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
“Creemos que, en la hora actual, es fundamental que en la Argentina se consagre legislativamente la reducción de la jornada de trabajo con miras a la adopción del principio de la semana de cuarenta horas previsto en el Convenio Nro. 47 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señala el texto de ley. Además, prevé que la reducción de la jornada sea una compensación por la caída del poder de compra del salario de los últimos años: “Es fundamental que esta iniciativa sea votada favorablemente, de modo que los trabajadores y las trabajadoras al menos puedan ganar en mejoras de las condiciones de trabajo lo que han perdido en términos de salario real”.
Por otra parte, el texto argumenta que implicará un aumento en la rentabilidad empresaria: “Tal como plantea la teoría económica en su conjunto, desde las corrientes liberales neoclásicas hasta John Maynard Keynes, la relación entre la productividad del trabajo y la jornada laboral son inversas; más aún en los trabajos de tipo mecánicos. Esto implica que a mayor cantidad de horas trabajadas, menor es el producto que se obtiene por cada una de aquellas”, concluyó.
La segunda propuesta elevada al cuerpo legislativo fue presentada por la diputada y dirigente del gremio La Bancaria Claudia Ormaechea. Su proyecto apunta que “la duración del trabajo no podrá exceder de seis horas diarias o treinta y seis semanales”, mientras que “la jornada de trabajo nocturno no podrá exceder de cinco horas y quince”.
Aún así, plantea excepciones a ese límite en la carga horaria como directores y gerentes, trabajos efectuados por equipos, entre otras situaciones. “Nuestra propuesta despliega la posibilidad de variar la duración de la jornada laboral como herramienta para la mejor distribución del trabajo existente y, al mismo tiempo, para incrementar la productividad a través de los beneficios que representa, a saber: disminución del ausentismo, disminución de la siniestralidad y disminución de la cantidad de accidentes de trabajo”, expresa el proyecto.
¿Es viable llevarlo a cabo en Argentina?
El ala política ya tuvo sus intenciones de modificar esta realidad. Es el caso de Héctor Recalde, exdiputado nacional y abogado laboralista, quien aseguró a El Destape que "hay que reducir la jornada de trabajo porque la crisis tiene que ser oportunidad". Recalde fue autor de distintos proyectos legislativos sobre la materia. En primer lugar pidió bajar de 48 a 45 las horas semanales, pero no logró el consenso para avanzar en la medida.
"Trataría de sancionar una ley para que en los convenios tengan seis meses de plazo para pactar rebaja de la jornada y darle participación a los trabajadores. Optaría por un proceso gradual, siempre teniendo en cuenta que este tipo de medidas no destruyen empleo", analizó Recalde. A su juicio, en contramano de los detractores, "la ampliación de los derechos laborales ni crean ni destruyen empleo, sino que la política económica es la que los genera". En ese sentido, recalcó la necesidad de que "hay que lograr la reducción de la jornada sin rebajar sueldo".
Por su parte, Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista e investigador del Centro de Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, aseveró que aunque la ley marca un esquema de 48 horas, el promedio de trabajo argentino se ubica en 38 horas semanales, un nivel comparable a países desarrollados.
"Para implementar un estudio, hace falta un programa y políticas para evaluar que tecnología se incorpora en el trabajo, cómo impacta en la siniestralidad, si baja el ausentismo, encuestas de satisfacción de los trabajadores, analizar las trayectorias involucrados, y el impacto ambiental positivo derivado de el menor uso del transporte público", explicó el investigador. Desde su perspectiva, si se implementara de manera general para todas las ramas laborales, "debería estar acompañado del aumento de infraestructura para cuidado de personas".
Muchas de las experiencias de este tipo definen su futuro por el modo en que se ponen a prueba. Por ejemplo, en Francia se implementó una reducción con rebaja salarial y flexibilización, por lo cual fracasó. Mientras tanto, en Alemania se aplicó en la rama industria y fue un éxito. Según Ottaviano, una reforma de este calibre "mejoraría la salud mental de los trabajadores, implicaría una inversión en economías verdes, mayor uso del espacio público, y sería algo positivo en la carga social por la caída de la siniestralidad".
"El mercado laboral argentino es altamente fragmentado, hay más personas sobreocupadas que desocupadas. Eso es un problema de distribución de la fuerza de trabajo. Una disminución de la jornada puede equilibrar esta situación", concluyó el abogado. Aquí yace una de los conflictos principales.
Sobrejornada laboral en Argentina
El debate que, en los países centrales está asociado al tema del cambio tecnológico, en nuestra realidad, si bien debe considerarse, necesita de un abordaje previo ligado a una forma particular de precarización laboral, que es la explotación por la vía de jornadas extenuantes. De acuerdo a un informe del Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP), al año 2021 en Argentina hay 4,5 millones de sobreocupados, es decir que trabajan por encima de las 45 horas semanales y representan nada menos que el 26% del total de ocupados.
La sobreocupación es una consecuencia del fenómeno de la precarización e informalidad laboral y los bajos niveles de ingresos laborales. De los 4,5 millones de personas, el 26% trabajan por cuenta propia por un ingreso mensual de apenas $ 31.300.
Del total del universo de ocupados con sobrejornada laboral, cerca de un millón (el 21%) son asalariados no registrados. Sin embargo, esto no garantiza aumentos significativos de salarios o ingresos laborales. Al contrario, como consecuencia de acceder a un menor nivel de retribución por hora, las personas extienden la jornada para alcanzar un mejor nivel relativo.
Para ganar un ingreso apenas 4% por encima del promedio, los ocupados deben incrementar más del 40% el tiempo de trabajo. La explicación de fondo es el nivel más bajo de la retribución horaria: casi un 30% por debajo de la media.
Según el estudio, si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente podrían liberarse 1,6 millones de ocupaciones y se resolvería el 80% de la desocupación. Esto surge de traducir en empleo las 14,8 horas excedentes de cada uno de los 4,5 millones de sobreocupados.
Aún así, no solo hay sobrejornada en la informalidad. Los asalariados registrados tienen un nivel del sobreocupación del 25%. De este modo, si en este segmento que resulta absolutamente regulable se asignara un reparto de los tiempos de trabajo acorde con la jornada laboral vigente de 8 horas, se generarían 661.375 puestos de trabajo.