El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este fin de semana una suma fija no remunerativa que se pagará en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras privados, de casas particulares y públicos de la administración nacional. En el anuncio se invitó a las gobernaciones provinciales e intendencias a sumarse a la medida, aunque deberán hacerlo con partidas propias, dado que el Fondo Monetario continúa exigiendo ajuste en las transferencias a las provincias.
Este lunes, en una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la medida, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, sostuvo que lo que se hizo fue “invitar a las provincias en la misma sintonía que lo hace la Nación”. “No tenemos competencia en provincias y municipios. Dependerá de los adelantos transitorios. No hay señal de que el Estado nacional financie esa decisión de las provincias. Pero muchas tienen la situación equilibrada”, aseguró la titular de la cartera laboral.
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De acuerdo con los últimos datos oficiales, el agregado de las 24 grandes jurisdicciones acumuló en doce meses un superávit equivalente a 1 por ciento del PBI, mientras que el Estado nacional el déficit primario del Sector Público Nacional acumulado entre enero y julio presentaría una mejora de 0,5 por ciento del PBI. Además, las 24 jurisdicciones provinciales mantienen depósitos en moneda extranjera, el equivalente a 1023 millones de dólares.
La delgada línea roja
El dilema de un plan de refuerzo con escasos fondos para ejecutarlo quedó en evidencia en el paquete de medidas que lanzó el equipo económico conducido por Massa. Si bien la mayoría -o todos- los anuncios están atados a beneficios fiscales y subsidios (como en el caso de las tasas para los créditos), el Estado nacional tiene el corsé que le impone el Fondo Monetario Internacional. La ministra de Trabajo confirmó que estos anuncios no habían sido consensuados con el Fondo.
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En el staff report del Fondo pide un ajuste del 11 por ciento en el gasto entre agosto y diciembre, con un incremento de tarifas para el segmento que aún mantiene subsidios (medio y bajo) y limitar los aumentos salariales en los próximos meses. Pero las elecciones generales se darán en dos meses y, tras el ajuste del tipo de cambio que convalidó a pedido del FMI al día siguiente de las PASO, el inevitable salto inflacionario requiere de moverse en el fleje de las exigencias del organismo, sin dejar de cumplir las metas que se rediscuten en cada revisión. En ese estrecho margen se mueve Massa.
Luego de la suba de 20 por ciento del dólar oficial y las negociaciones con el sector empresario para morigerar su traslado a precios internos, el Gobierno apuntó a buscar, ya no una recomposición, sino un amortiguador del salto inflacionario que habrá al cierre de agosto y buena parte de septiembre, tal como reconoció Kelly Olmos. Pero también tendrá que cumplir con las metas de déficit.
En los últimos meses la Casa Rosada viene recortando el desequilibrio de las cuentas públicas en un contexto donde la sequía redujo en más de un 25 por ciento los recursos tributarios (principalmente proveniente de retenciones a la exportación). Entre enero y julio, los recortes reales (descontada la inflación) del gasto más importantes se registraron en las transferencias a provincias (28 por ciento interanual), en las asignaciones familiares (25,3 por ciento, en los subsidios a la energía (22,9 por ciento) y en los programas sociales (21,3 por ciento), según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los recursos de origen nacional transferidos a las provincias (coparticipación más otros impuestos) representan en promedio el 70 por ciento del total del presupuesto de cada jurisdicción. Frente a este recorte, se yergue la pregunta de si las provincias están en condiciones de sumarse a la iniciativa de un bono o suma fija para el sector trabajador. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la gobernación adelantó que está estudiando cómo llevarlo a cabo.
La situación de provincias
Pese al menor volumen de recursos transferidos a las provincias en términos reales –es decir, la inflación es más alta todos los meses que lo que se aumenta en adelantos transitorios a las distintas jurisdicciones—, la posición presupuestaria es sólida. El año pasado se registró un superávit provincial récord, con un resultado financiero consolidado que alcanzó el 0,6 por ciento del PBI y el primario, que excluye intereses de deuda, fue superavitario en 1 por ciento, el mayor en 20 años.
Luego de casi dos años de encadenar resultados positivos, las provincias y muchos municipios lograron cierto colchón de ahorro que podrían destinar al pago de un bono. Hace unos meses el ministro Massa les reprochó que en el caso de obras de infraestructura las provincias no avanzaran si no era con fondos transferidos de Nación, mientras mantienen liquidez en plazos fijos (en su mayoría en moneda extranjera).
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Según datos oficiales a los que pudo acceder este medio, las 24 jurisdicciones provinciales mantenían hasta fines de junio el equivalente al tipo de cambio actual unos 1023 millones de dólares en depósitos.
Sin contar las colocaciones en pesos, los montos que las provincias mantienen en depósitos en divisas al tipo de cambio actual de 350 por billete verde son Ciudad de Buenos Aires (239 millones de dólares), Provincia de Buenos Aires (293 millones), Catamarca (43 millones), Córdoba (99 millones), Corrientes (2 millones), Chaco (6 millones), Chubut (26 millones), Entre Ríos (5 millones), Formosa (60 millones), Jujuy (3 millones), La Pampa (11 millones), La Rioja (3 millones), Mendoza (113 millones), Misiones (4 millones), Neuquén (14 millones), Río Negro (1 millones), Salta (13 millones), San Juan (12 millones), San Luis (24 millones), Santa Cruz (1 millones), Santa Fe (12 millones), Santiago del Estero (29 millones), Tierra del Fuego (8 millones) y Tucumán (4 millones).
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