Con las nuevas reglamentaciones decretadas por el Gobierno, las empresas de Internet o telefonía celular que hayan aplicado aumentos deberán devolver lo que cobraron de más. Según lo dispuesto, no habrá incrementos de precios hasta 2021.
El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, aclaró que las empresas que enviaron facturas con aumentos en el servicio de internet y telefonía deberán devolver el mes siguiente lo que cobraron de más ante la vigencia del congelamiento de tarifas. En declaraciones radiales, el funcionario señaló que "las empresas sacaron una comunicación confusa" respecto de las tarifas, "diciendo que si bien había un decreto, faltaba una reglamentación, pero no".
El último aumento establecido por las compañías se produjo en abril. Esto quiere decir que "a partir de mayo la tarifa sigue igual y hasta el 31 de diciembre será la misma", puntualizó el vicepresidente del Enacom. Al mismo tiempo, el dirigente sostuvo que si una empresa en la siguiente facturación aplica un porcentaje de aumento, "lo tienen que devolver el mes que viene" a través de una "nota de crédito".
Por su parte, el titular del sindicato de jerárquicos de telecomunicaciones, Fabián Boccella, defendió la decisión del Gobierno y consideró que "lo que hay que hacer ahora es regular bien la actividad". En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, evaluó que "si se desarrollan las redes, va a generar mayor empleo" y subrayó la necesidad de contar con un plan "de acceso básico universal a un precio accesible, que es lo que va a definir la autoridad de aplicación".
"Al no estar regulada la industria, los privados que tienen la explotación de las licencias de telecomunicaciones, que son del Estado, siempre van a ir a la crema del negocio", apuntó y estimó que "no van a democratizar las telecomunicaciones".
Servicios Públicos
El Gobierno congeló las tarifas de telefonía, cable e internet hasta el 31 de diciembre y los declaró servicios esenciales, tal como informó a través del Decreto 690/2020 publicado en el Boletín Oficial.
Según explicó la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, la decisión se tomó para favorecer el acceso de la sociedad a ciertos derechos y servicios fundamentales, especialmente considerando la situación que se vive ante la pandemia del coronavirus.
A su vez, la funcionaria habló se refirió al DNU a partir del cual se efectuará esta medida: "Básicamente declara el acceso a estas tecnologías como un derecho fundamental, respaldado por la declaración que hizo la ONU semanas atrás, porque se considera que estos servicios son una puerta de acceso a otros servicios y otros derechos que tenemos que garantizar".
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