A casi dos meses del decreto de necesidad y urgencia que declaró como públicos y esenciales a los servicios de telecomunicaciones, el Gobierno negocia con las compañías para llegar a un acuerdo que readecúe el sistema de conectividad y de tarifas. Las reuniones se dan de forma continua pero no cesa la puja por la desarticulación de un esquema de negocios híperconcentrado.
Hacen un mes que se suceden los encuentros entre el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las principales empresas de telecomunicaciones de nuestro país para reestructurar los servicios de internet, cable y telefonía celular, que ahora serán regulados por el Estado. En principio, las firmas dominantes plantearon establecer la discusión sobre los tres servicios sin distinciones. Claro, el objetivo era obviar las diferencias entre las distintas redes de operadores y dejar sin voz a los pequeños prestadores.
Sin embargo, prevaleció la postura del Gobierno, que tuvo en cuenta la simetría del mercado y la desigualdad entre los prestadores. Por ese motivo -hasta el momento- el diálogo se centra sobre la telefonía móvil, ya que es considerado el servicio con mayor nivel de masividad. Se estima que existen 57 millones de líneas activas en nuestro país.
En este último punto radica la mayor preocupación del Gobierno, que evita desgastarse sobre debates nimios que traen a la mesa las empresas. Guste o no, hay 30 millones de usuarios que esperan garantía del acceso al servicio y una mejora del mismo.
Aún así, desde el Enacom comprenden que las negociaciones son arduas y no tienen apuro en acelerar los plazos. A fines de noviembre ambas partes deberían llegar a un entendimiento para sentar las bases de planes de inversión y cuadros tarifarios de 2021.
Según la Secretaría de Comercio Interior, el rubro telecomunicaciones lidera el ranking de empresas con más reclamos, con 24.363 denuncias entre enero y julio de este año, que representan el 20% del total de los 121.000 reclamos de los consumidores. El 48,28% responde a los paquetes de productos como TV Satelital, Internet o Telefonía fija; el 19,36% a la telefonía celular; 15,13% a Internet; 9,57% a televisión por Cable/Satelital; 5,63% a telefonía fija; 1,97% a correos postales (Correo Argentino y OCA) y 0,06 % a televisión abierta.
La lucha por el internet
"No hay que aflojar", es la frase de que usaron desde el Gobierno para marcar el terreno de discusión con las Telcos. El DNU sustituye el artículo 48 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el siguiente: "Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".
Tras la sanción del decreto, en el Gobierno reconocen el impacto de la medida sobre los pequeños prestadores, quienes fijaron un aumento promedio desde enero hasta septiembre del 4,5% . Distinta es la situación de los monstruos del mercado, que ostentan el 90% de las facturación de la industria de las telecomunicaciones.
En este punto juegan dos variables: una es la densidad poblacional, ya que no es lo mismo tender 1.000 metros de fibra óptica en Catamarca que en Rosario, debido a potencialidad de rentabilidad. Aquí yace el núcleo de la brecha digital, por el cual las empresas dejan de lado a pueblos enteros con el fin de maximizar ganancias. Por otro lado, la espalda financiera que puede tener una Pyme difiere de la de Clarín o Telefónica.
En Casa Rosada saben que no alcanza con el congelamiento y que una reforma debe incluir la proyección de un plan la cobertura para los millones que no tienen acceso. Y no hay que dirigirse al Interior para atestiguar la desigualdad, sino que el conflicto se presenta también en los barrios populares del Área Metropolitana.
El debate por las tarifas
A diferencia de otros sectores, las telecomunicaciones requieren de una inversión en tecnología que es muy variable y se expresa dólares. Pero también influye el desplazamiento territorial, ya que el costeo de acuerdo a la densidad poblacional cambia considerablemente. Hay un precio establecido del mega mayorista pero después depende hasta donde tenga que viajar la empresa para prestar el servicio. Por eso en el Enacom remarcan que la ley menciona el concepto de racionalidad del costo para escapar a los artilugios que utilizan las compañías para quejarse.
Es que al analizar el servicio comparado en dólares, las empresas le explican a los funcionarios que Argentina es "barata" y que no hay rentabilidad. Pero los representantes del Gobierno en las mesas de negociación lo desmienten. Hace 15 días, Telecom anunció inversiones por mas de $ 1.000 millones en Tucumán y de U$S 2,7 millones en Salta. Por su parte, en Claro estiman un plan de inversión muy agresivo para 2021.
Al ser tan volátiles las variables que inciden sobre la estructura de costos, el Gobierno trabaja aún para elaborar un índice de ajuste automático que contemple todas las particularidades. Por ese motivo se descartó aplicar modelos de referencia internacional de manera inmediata, mas allá de ahber estudiado las legislaciones del resto de los países de la región.
"Vamos a un modelo sui generis, con instrumentos propios y que ya son observados por entes reguladores de otros países del continente", comentó una fuente directa a El Destape.
Justamente por la potencialidad del mercado local, el acuerdo que imaginan en el Frente de Todos pretende dinamizar la contratación directa e indirecta y robustecer el empleo. En la actualidad, las Telco generan el 60% del trabajo de toda la industria.
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