La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta debatirá el proyecto de ley de alivio fiscal, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. En paralelo al beneficio para miles de monotributistas y autónomos, la medida representará un costo que el Estado deberá distribuir en distintos canales, como el sistema de seguridad social y las arcas provinciales.
La iniciativa busca, por un lado, actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos. Los cambios que se proponen incluyen beneficios para los sectores de menor facturación al incrementarse en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del Monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $ 288 y $ 555 por mes, respectivamente.
Las principales diferencias entre el texto sancionado y el proyecto original se encuentran en la incorporación de una escala de tramos diferente para los sujetos alcanzados por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la exención del pago de dicho tributo para determinados contribuyentes de las nuevas Categorías A y B, en tanto que también se modificó la parte relativa a los contribuyentes autónomos, elevando respecto al texto del proyecto original la deducción especial del Impuesto a las Ganancias. Para darle progresividad a la medida, este beneficio es para los monotributistas "puros", es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.
Distribución del impacto fiscal
En lo que refiere al análisis del impacto fiscal, los cambios introducidos durante la discusión parlamentaria implican una mayor disminución de la recaudación en relación a lo previamente estimado: $ 11.067 millones por el sobre el Régimen Simplificado (en el texto original se había estimado en $ 4.566 millones) y el efecto sobre la determinación del Impuesto a las Ganancias implicaría una reducción de $ 55.223 millones (en el documento previo se había estimado $ 29.730 millones).
Cabe aclarar que en el caso de Ganancias -de no mediar un ajuste en la normativa vigente sobre el monto de los anticipos a ingresar- el efecto sobre la recaudación tributaria se comenzaría a observar a partir de junio de 2023, una vez realizada la presentación de la Declaración Jurada del ejercicio fiscal 2022.
Como los anticipos de personas humanas se calculan aplicando una tasa del 20% tomando como base el impuesto determinado del año anterior menos los conceptos susceptibles de deducción, se comenzaría a tributar anticipos con la incorporación del proyecto a partir de agosto 2023. Por lo tanto, en 2022 no tendría impacto fiscal, a menos que se solicite una reducción de anticipos.
¿Cómo absorberá el Estado la aplicación de cambios tributarios? La AFIP un 1,9% ($ 210 millones), el sistema de seguridad social un 68,6% ($ 7.599 millones) y las arcas provinciales otro 29,4% ($ 3.257 millones).
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