El Ente Regulador expondrá las propuestas de cuadros tarifarios de transición en Transporte y Distribución de Energía Eléctrica. Las audiencias tienen como objetivo primordial preservar el derecho de las personas usuarias a la información y registrar sus posturas. La Interventora del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Soledad Manin, a través de la Resolución ENRE N° 54/2021 convocó a Audiencia Pública el 29 de marzo a las 8, con el objeto de tratar el Régimen de Transición Tarifaria a la empresa Transener.
Por su parte, por medio de las Resoluciones ENRE N° 55/2021, 56/2021 y 57/2021, se convocó a Audiencia Pública para el 29 de marzo a las 14:00 horas al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y las empresas de transporte de energía eléctrica Transba., Distribuidora, Transpa, Transco, Transenea y Trasnoa, con el objeto de tratar el Régimen de Transición Tarifaria.
Por último, el ENRE llamó a Audiencia Pública el 30 de marzo a las 08:00 horas para exponer el Régimen de Transición Tarifaria correspondiente al sector de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El Ente Regulador pondrá a consideración, en tales instancias, el cuadro tarifario de transición propuesto para los próximos dos años.
"El objetivo es brindar una adecuada solución de coyuntura en beneficio de las personas usuarias, así como para las concesionarias, bajo la premisa de sostener la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el
abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales”, según lo dispuesto por el Decreto 1020/2020.
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En cumplimiento de dicho Decreto, los Regímenes de Transición regirán en materia de transporte y distribución de energía eléctrica hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación. Las Restructuraciones Tarifarias Integrales (RTI) de 2017 fueron suspendidas tras sendas auditorías y revisiones técnicas, jurídicas y económicas, que determinaron que éstas carecían de validez jurídica y racionalidad económica, al no considerar la realidad social y económica del país. Además, las mismas no fueron razonables ni prudentes en su diseño y su aplicación vulneró el marco regulatorio del sector y los derechos de usuarios.
La propuesta de Regímenes Transitorios se orienta a revertir las consecuencias que esas RTI tuvieron en el ingreso disponible de los hogares y en los costos de los comercios y las PyMEs. Al mismo tiempo que se reconocían formalmente mayores ingresos a las concesionarias y se rigieron por la necesidad de resolver la desarticulación entre el esquema tarifario heredado y la realidad macroeconómica del país.
"La realización de estas audiencias cumple con el objetivo primordial de garantizar la publicidad y transparencia del proceso, preservando el derecho de las personas usuarias a la información y disponiendo una plataforma a través de la cual registrar y analizar posturas y demandas ciudadanas", informó el ente regulador.
Gas
La Secretaría de Energía publicó este miércoles en su página web el Informe Técnico correspondiente a la Audiencia Pública convocada para el 15 de marzo próximo que tiene por objeto el tratamiento de la porción del Costo Total del Gas que en 2021 se requerirá para abastecer la demanda prioritaria, que el Estado tomará a su cargo, tal como lo posibilita el decreto 892/20 que estableció el Plan Gas.Ar.
El titular de Energía, Darío Martínez, expresó que “esta Audiencia Pública es una buena oportunidad para clarificar este tema intercambiando ideas entre los usuarios, las empresas productoras, las transportistas, las Pymes y el Gobierno". “Darle transparencia a la información ayuda a llamar a las cosas por su nombre. Es necesario comprender cuál es la situación actual, de qué parte del costo del gas se está haciendo cargo el Estado y cuál los usuarios, y qué significa eso en tanto costo fiscal y en materia presupuestaria", agregó Martínez..
Según el Informe Técnico, el Estado Nacional está tomando actualmente a su cargo una porción equivalente al 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria. La continuidad de esta situación implica un costo fiscal anualizado para el año 2021 de $ 132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto Nacional 2021, generando un faltante de $ 56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones.
En el documento también se señala que mantener inalterables las partidas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Nacional 2021, considerando la porción que se imputa a IEASA en concepto de volúmenes de origen importado (Bolivia y GNL) destinadas a financiar la porción que el Estado toma a su cargo del costo total del gas natural necesario para abastecer la demanda prioritaria, implicaría readecuar la proporción de ese costo que actualmente toman a su cargo los usuarios, lo que implicaría que el componente gas debería ser corregido en un 63%, que se traduciría en una adecuación tarifaria del orden de entre el 26 y el 35 % para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente.
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