Otro grupo de empresarios se sumó en las últimas horas en su rechazo a la ley ómnibus que envió el gobierno de Javier Milei al Congreso. En este caso, a través de una carta, fue el turno de las cerealeras que empezaron a sumar votos en el Congreso para frenar la suba de retenciones a los productos industrializados de la soja, una medida que según advierten lejos de mejorar la recaudación generará pérdidas por hasta 2000 millones de dólares.
De acuerdo con la carta que enviaron desde la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) al jefe de los diputados nacionales peronistas, Germán Martínez, se solicita frenar el incremento del 31 al 33 por ciento la alícuota para el harina y el aceite de soja y del 7 al 15 por ciento para el aceite de girasol. "Más allá de la cruenta sequía que se atravesó, que hizo perder contratos de exportación por 21 mil millones de dólares y ocasionó enormes pérdidas económicas en las fábricas de molienda de soja y girasol y en las terminales portuarias de exportación. A pesar de dicha situación, se lograron mantener los 22.500 puestos de trabajo directo en las fábricas de molienda y los 54.000 indirectos del sector", detalló la misiva.
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El proyecto de ley "espera erróneamente incrementar sus ingresos fiscales, pero desconoce que la suba de impuestos provocará una menor molienda de soja, con la consecuente reducción de las exportaciones de los bienes industrializados. Esta situación, generará una caída en el ingreso de divisas y por lo tanto de los ingresos fiscales", sostuvo la cámara de cerealeras. "Argentina perderá, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario y de consultores privados, entre 1.700 a 2.000 millones de dólares de ingresos de divisas al caer los volúmenes de las exportaciones de productos industrializados de la soja y girasol", agregó.
La cámara destacó que la suba de retenciones "promoverá una primarización de las ventas al exterior" y beneficiará a quienes venden el poroto de soja sin procesar a China, que para peor se está inclinando a comprar el producto a Brasil y detalla una serie de pérdidas que se sufrirán por la medida.
"Pondrá en riesgo los ingresos de 22,5 mil familias que trabajan en la industria y de 54 mil familias en la actividad portuaria, transportistas, acopiadores, cooperativas, productores y empresas de insumos, así como los ingresos de provincias donde se produce y procesa la soja; b) Argentina perderá mercados de mayor valor agregado frente a sus competidores (Brasil y Estados Unidos) y se promoverá las inversiones en países que hoy son destino de nuestras exportaciones, para que ellos mismos procesen la soja en vez de hacerlo en el nuestro; c) destruirá la exportación de aceites refinados y envasados con marca nacional dado que resultara inviable ese flujo de exportación; d) destruirá las exportaciones del complejo aceitero del girasol (una economía regional con fuerte arraigo); e) Argentina perderá, según cálculos de la Bolsa de Comercio de Rosario y de consultores privados, entre 1700 a 2.000 millones de dólares de ingresos de divisas al caer los volúmenes de las exportaciones de productos industrializados de la soja y girasol y el valor FOB de los bienes exportados y f) el gobierno nacional notará una caída en la recaudación de derechos de exportación del primer sector aportante de ingresos fiscales", detalló en la misiva. .
"Por lo expuesto, el gobierno no logrará alcanzar su objetivo de mayor recaudación fiscal, sino todo lo contrario, y pondrá en riesgo el valor agregado nacional, que en definitiva es empleo y producción argentina. Es por ello, que le solicitamos que se oponga a la suba de derechos que propone el mencionado Artículo 202 y aceptamos mantener los niveles actuales altos de derechos al 31% mientras perdure esta crisis económica, pero con fecha cierta de baja de retenciones", concluyó la carta de los cerealeros.
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