La última oferta de canje de deuda formulada por el ministro Martín Guzmán ha puesto en debate la capacidad de pago del país, entendida esta última como la efectivización de los compromisos externos sin afectar el desenvolvimiento interno de la economía en el marco de un modelo expansivo con inclusión social. En definitiva, que la deuda no actúe como un ancla de sujeción de las políticas públicas que se intenten llevar adelante.
Este objetivo fue logrado durante los gobiernos de Néstor y Cristina. En 2003 se recibieron u$s 81.800 millones de deuda con el sector privado en cesación de pagos y, mediante las ofertas de canje de 2005 y 2010, se alcanzó a reestructurar u$s 75.600 millones nominales, equivalente al 92,4%.
La oferta se centró en un fuerte recorte del 65% del capital y una mejora sensible en el rendimiento de los nuevos bonos a través del denominado cupón PBI y la cancelación de intereses atrasados. El valor presente neto efectivamente abonado rondó en los u$s66 cada u$s100 reestructurados.
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La baja de stock de deuda resultante de los canjes permitió que los servicios de capital e intereses oscilaran en un desembolso promedio anual de u$s 7.300 millones (u$s 1.900 millones de intereses + u$s 5.400 millones de capital). El monto pagado al exterior se aproximaba mucho al promedio anual recaudado de derechos de exportación en torno a los u$s 6.500 millones.
En el lapso 2006-2015, la deuda pública no limitó el desarrollo del Gobierno. La baja de servicios comprometidos fruto de la oferta de reestructuración con los bonistas y la aplicación de la renta primaria para su pago liberó al Estado de esa carga y lo devolvió como herramienta de un proyecto popular.
Esta reseña permite ver que el nivel de compromisos con el exterior que emerja de la reestructuración debe ser compatible con la actividad interna. En este punto, se estima que los mismos han de fluctuar en torno al 2,5% del PIB como máximo, dada la conformación de la economía nacional.
El otro punto es quién es el sujeto social afectado por los desembolsos con el exterior. Si bien el obligado es el Estado, el modo en que las cuentas públicas obtengan los recursos -presión tributaria y/o baja de inversión- no es neutral en términos de actividad ni de agentes económicos incididos.
La oferta de canje, bajo la lupa
La deuda que el Gobierno se propone reestructurar asciende a u$s 68.800 millones, abriendo el período de canje el próximo 4 de agosto. La oferta inicial del mes de abril sufrió sensibles mejoras en favor de los tenedores de bonos a fin de alcanzar un grado de adhesión que consolide el horizonte externo.
El cálculo para medir el impacto de la oferta sobre los bonistas es el denominado valor presente neto que surge de descontar todos los pagos que se efectúen durante la vigencia del acuerdo desde su fecha de vencimiento hasta el presente a una tasa del 10%, que es en la que se estima el riesgo argentino (riesgo país superior a los 1000pb).
La nefasta herencia del macrismo: a los U$S68.800 millones de deuda con bonistas extranjeros, se le suman U$S46.200 millones de deuda en moneda extranjera bajo legislación local y U$S44.800 millones de deuda con el FMI
El valor presente neto ofrecido fue subiendo desde los iniciales u$s 38 en abril hasta los u$s 53 actuales, lo que implica un aumento total de los desembolsos a lo largo de la reestructuración de u$s 10.000 millones.
A diferencia de los canjes de 2005 y de 2010 el énfasis en la reducción del stock de deuda está puesto en la baja de intereses antes que el recorte de capital. En la propuesta original, el rendimiento promedio descendía desde el 7,4% al 2,3% para nuevamente subir al 3,1% en la mejora reciente. El recorte de capital era de apenas el 5,2% en el inicio para achicarse aún más hasta el 1,9% en la última versión.
El ministro Guzmán ha expresado que aspira a que la oferta reciba una adhesión superior al 50% cuando se formalice la oferta pública en agosto, superando el 17% que alcanzó la propuesta de inicio. Sin embargo, ese acompañamiento se encuentra lejos aún del 66% necesario para que la reestructuración se encuentre a salvo de ataques especulativos de los “buitres” y litigantes varios, pues con una aceptación de dos tercios se activaría la clausula de acción colectiva (CAC) y la propuesta sería obligatoria para el tercio restante.
En columnas anteriores expresamos dudas sobre la oportunidad del acuerdo en un contexto global desquiciado por la pandemia y en transición acelerada hacia otra fase capitalista distinta a la inaugurada con la Caída del Muro de Berlín en 1989 y golpeada por el “Crack” financiero de 2008.
Una reestructuración de deuda exitosa sin dudas favorece certidumbres sobre el horizonte externo y moviliza ahorros hacia el circuito económico interno. Pero también expresamos que la reestructuración de deuda condiciona el devenir de un gobierno.
Así ocurrió con la tercera experiencia peronista liderada por Carlos Menem en donde el ingreso al Plan Brady para ordenar la deuda en default heredada de la dictadura cívico-militar abrió la puerta al Consenso de Washington con su impronta de reformas de mercado.
En esa línea de análisis, reseñamos lo sucedido en la cuarta experiencia peronista conducida por Néstor y Cristina, dónde una reestructuración autónoma impulsó un escenario de fuerte recuperación económica con inclusión social.
En el gobierno de Menem, el producido de la venta de las empresas públicas fue el instrumento de pago y las privatizaciones sustentaron la década de la Convertibilidad. En los gobiernos de Néstor y Cristina la baja de stock de deuda y la renta primaria destinada al pago aseguraron la Década Ganada.
El gobierno actual -la quinta experiencia peronista- afronta nuevamente la responsabilidad, frente a todos los argentinos y argentinas, de sacar al país del desastre de un sobre-endeudamiento del Estado provocado por el desmanejo del gobierno anterior, en el marco de extrema gravedad que provoca la pandemia.
El ministro Guzmán ha sostenido con mucha dignidad y solvencia técnica la posición nacional frente a la presión de un sector de bonistas que pretende extraer ganancias extraordinarias del país. Pero no debe olvidar que la deuda es sustentable a los fines de políticas públicas de recuperación interna si los servicios transferidos al exterior fluctúan en torno al 2,5% del PIB y que el mundo se encuentra en tránsito hacia un nuevo escenario global.
A los u$s 68.800 millones elegibles para la reestructuración hoy en debate, se deben agregar los u$s 46.200 millones estimados como deuda en moneda extranjera bajo legislación local que comenzará a tratarse en estos días y finalmente los u$s 44.800 millones otorgados por el FMI bajo la modalidad de “condicionalidades”. Nefasto legado del macrismo para ser abordado por el gobierno de la coalición peronista en este contexto históricamente adverso.
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