El shut down significa el cierre de la administración pública y se produce cuando el Congreso no llega a un acuerdo sobre la aprobación del Presupuesto. El Gobierno no puede prorrogar dos veces seguidas el Presupuesto 2021 y de no conseguir el aval, no habría elementos para pagar servicios esenciales.
El concepto fue acuñado por la política estadounidense para denominar el proceso en el cual no hay capacidad distributiva por parte del Estado para atender cada responsabilidad de pago. La oposición dejó al Gobierno sin el presupuesto de 2022 y no hay marco legal para prorrogar dos años seguidos la misma hoja de ruta.
En el Frente de Todos confían en un gesto de la oposición a partir del diálogo que entablará el oficialismo en el Congreso. No hay posibilidades de otra prórroga presupuestaria tras el fracaso de 2021 y de no conseguir el aval legislativo, el Estado entraría en la condición shut down, lo cual significaría una catástrofe para las cuentas públicas por la incapacidad de redistribuir los ingresos con los que actualmente se cuentan. Es decir, no se podrían pagar jubilaciones, salarios estatales, el sostenimiento del PAMI, el pago para los empleados judiciales y la caída consecuente del Poder Judicial, y se detendría la obra pública, entre tantos otros daños colaterales.
A fines de 2021, la Cámara de Diputados finalmente rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 que había presentado el Poder Ejecutivo. No fue la primera vez: en 2010, la entonces presidenta Cristina Kirchner no logró que aprueben el presupuesto y gobernó con la ley de leyes anterior.
El antecedente de Estados Unidos
Sobre el filo de 2021, el Senado de Estados Unidos dio sanción definitiva a un proyecto de ley de financiación provisional, en una muestra inusual de unidad entre partidos para mantener las agencias federales en funcionamiento hasta 2022. La urgencia por evitar el shut down fue el motor del consenso.
En Estados Unidos, el gobierno federal solo atendería las agencias que son esenciales, como las de salubridad o seguridad general. De esa forma, seguirían funcionando, aunque la mayoría de los trabajadores federales podrían ser suspendidos o, incluso, correr el riesgo de quedarse sin paga.
Entre las oficinas gubernamentales esenciales que no se verían afectadas por un eventual cierre, se encuentran la Agencia de Control de Drogas (DEA), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Cuándo se debatirá el Presupuesto 2023
La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, convocó para este martes a los bloques del Frente de Todos y de la oposición para acordar el mecanismo de tratamiento del Presupuesto 2023, que se empezará a discutir en los primeros días de octubre con la presentación que hará el ministro de Economía, Sergio Massa. Fuentes parlamentarias confirmaron que el encuentro se realizará a las 16 en el despacho de la presidenta de la Cámara baja.
El Gobierno envió el pasado jueves a la noche el Presupuesto 2023 justo cuando se realizaba la sesión en la cual tuvo media sanción la prórroga de seis impuestos que vencen en diciembre próximo y que son clave en el esquema tributario, ya que explican más del 32% de la recaudación. La iniciativa contempla para el próximo año un gasto total de $ 29 billones, proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 2%, una inflación de 60% y un déficit primario de 1,9%.
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