El Ministerio de Economía, con Sergio Massa a la cabeza, presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2023. El Gobierno anticipa una inflación del 60% para el próximo año -mientras que las consultoras calculan que será del 85%-, un crecimiento del 2% y un déficit del 1,9%. En lo que hace a la cotización del dólar, se prevé que a diciembre del año que viene alcance los 269 pesos. De esta forma, cumpliendo con lo establecido por ley, el Poder Ejecutivo eleva el proyecto de presupuesto para el próximo año al Congreso.
En el Gobierno confían en un gesto de la oposición a partir del diálogo que entablará el oficialismo en el Congreso. No hay posibilidades de otra prórroga presupuestaria tras el fracaso de 2021 y de no conseguir el aval legislativo, el Estado entraría en la condición shutdown, lo cual significaría una catástrofe para las cuentas públicas por la incapacidad de redistribuir los ingresos con los que actualmente cuentan las cuentas públicas. Es decir, no se podrían pagar jubilaciones, salarios estatales, y otras partidas de primera importancia.
Inflación, dólar y déficit
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Conforme a lo señalado por Massa en la reunión que recientemente mantuviera con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en Estados Unidos, en el sentido de respetar el acuerdo firmado entre la Argentina y el FMI, el Gobierno contempla reducir el déficit fiscal primario de 2,5% este año 1,9% el próximo. En el marco de esta contracción, se prevé una reducción de subsidios energéticos en torno al 0,6% (serían del 1,6) y una leve reducción para los dirigidos al Transporte (pasarían del 0,5% en 2022 al 0,4% en 2023).
Sobre este último punto, en Economía hay certezas acerca de que el Gasoducto Néstor Kirchner estará estará apto para funcionar el 20 de junio de 2023, lo cual reduciría fuertemente las importaciones energéticas, un punto débil para el comercio exterior nacional. Justamente, la reducción deficitaria sería al vía de escape para proyectar una baja inflacionaria de peso.
En el proyecto se reconoce que la inflación será del 95% en el año en curso, pero se espera una desaceleración a 60% (punta a punta) para el año próximo. La premisa se basa en que bajar el déficit fiscal permite reducir las necesidades de financiamiento monetario, que es la base de la inflación. Es un requisito para lograr un orden fiscal que resulta indispensable para los técnicos del Gobierno.
Los supuestos macroeconómicos sobre los que se elaboró el proyecto de presupuesto también contemplan una desaceleración de la actividad económica: el PBI pasaría de crecer 4% en el año en curso a 2% el próximo. En tal sentido, se prevé una menor expansión de la inversión, que pasaría de crecer 10% en el actual ejercicio a 2,9% el próximo. También se desaceleraría el consumo privado pasando de un aumento de 6,5% en el año en curso a un incremento de 2% el próximo.
Esta caída se vería compensada por el aumento que se espera en las exportaciones, de 7,1%, contra importaciones que aumentarían el año próximo 2%. De esta manera, el superávit comercial pasaría de 7.751 millones de dólares en 2022 a 12.347 millones en 2023.
Con este objetivo se prevé mantener actualizado el tipo de cambio: se espera que hacia diciembre próximo el dólar oficial se ubique en 166,50 pesos por dólar y que pase a valer 269,90 hacia fines del año que viene. En línea con el reacomodamiento macroeconómico, se proyecta que la tasa de interés siga siendo positiva en términos reales y persiga la curva inflacionaria.
Apuntarán a las grandes empresas y a los jueces
En los pasillos del Palacio de Hacienda se habla de un presupuesto creíble y realista. Un dato a tener en cuenta es que el Gobierno presentará una base presupuestaria y en paralelo un llamado al Congreso para que discuta un recorte real sobre los subsidios a las empresas y una hipotética inclusión del Poder Judicial dentro del esquema del Impuesto a las Ganancias.
Tal como anticipó El Destape, los subsidios corporativos representan 2,5 puntos del PBI y fue uno de los ítems consensuados a revisar entre los equipos técnicos argentinos y la directiva del FMI. De hecho, fueron los que más subieron desde 2019, con un alza de 384%, frente a un aumento de 247% de los servicios sociales. Las transferencias a empresas o servicios económicos comprenden acciones de apoyo a la producción de bienes y servicios significativos para el desarrollo económico. En este segmento se incluye energía, combustibles y minería y transporte, que son los que más peso tienen en este segmento. Sobre estos ya hubo una quita de subsidios que impacta de forma directa en los valores de las tarifas de los servicios asociados. Sin embargo, un subsidio puede ser definido como cualquier asistencia o incentivo, en efectivo o especie, hacia sectores privados (productores y consumidores) sin compensación equivalente.
El universo de servicios económicos sobre los que el Gobierno realiza sus erogaciones incluye programas para empresas de comunicaciones, ecología y medioambiente, agricultura, industria, comercio y turismo. Esta clasificación comprende acciones de fomento, regulación y control del sector privado y público.t
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