Ya desde la campaña electoral de 2019, cuando nadie imaginaba que 2020 sería el año del Covid y la gran recesión, en el Frente de Todos (FdT) o mejor dicho entre quienes tomaban las decisiones económicas en el FdT, existían algunas ideas económicas rectoras. La primera era la de sostener un “tipo de cambio competitivo”, la segunda, conseguir “tasas de interés bajas”, entendiendo por bajas a las menores que la inflación, y la tercera era que los acuerdos de precios y salarios eran un instrumento para combatir la inflación. El gran lema de campaña, “encender la economía”, también fue económico.
Luego vino la pandemia y postergó todos los planes. Pero las ideas rectoras se mantuvieron. El mantenimiento del “tipo de cambio competitivo” fue, junto con el aumento de los precios internacionales de las commodities, la principal causa de la inflación de 2020 También del primer mes de 2021. No se logró ningún objetivo competitivo porque, aun en el marco de la pandemia, las cantidades exportadas siguieron dependiendo de lo que dependieron históricamente: la demanda del resto del mundo, la que cayó fuerte a pesar de la recuperación de los últimos meses. Y tampoco se logró el efecto de reducir drásticamente las importaciones, incluso a pesar de la recesión. A ello se sumaron las graves distorsiones introducidas por la ampliación de la brecha cambiaria, como los adelantos de importaciones y de prefinanciaciones de exportaciones.
En segundo lugar, las tasas de interés negativas la mayor parte del año fueron las que estuvieron por detrás del agravamiento de la brecha cambiaria. En contrapartida, las mismas tasas no sirvieron por el lado de la oferta para expandir la producción, un balance tan negativo como previsible ex ante. De todas maneras, al menos en los últimos meses, se advirtió el error y las tasas subieron, lo que sumado al costo de oportunidad de entrar y salir de activos externos, frenaron parcialmente la dolarización de carteras.
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Pero hubo aprendizaje. Ya hay voces en el gobierno que adelantan que se frenará el ritmo de devaluaciones diarias. En ese caso el balance preliminar es que se habrían advertido los errores tanto de devaluar por encima de la inflación como de inducir tasas bajas. No quiere decir que los principales actores del gobierno no sigan creyendo en estas dos premisas erróneas, la diferencia es que ahora se asumen todos los efectos de estas creencias. En consecuencia se devaluaría menos y se subiría la tasa en caso de que aumenten las presiones cambiarias.
Como fue señalado en este espacio el gobierno enfrenta hacia adelante un dilema de hierro. Sabe que luego de tres años de caída persistente, necesita aumentar salarios por encima de la inflación para “encender la economía”, punto en el que el dilema también es teoría. Los salarios, junto con el dólar y las tarifas, son uno de los tres precios básicos de la economía que “construyen” la inflación. Durante la pandemia funcionaron como un ancla “natural” pues la recesión limitó la capacidad de negociación de los trabajadores. El accionar del gobierno, vía IFE, ATP y desaliento a los despidos, evitó que la caída devenga desplome. Comenzar a soltar salarios significa entonces terminar con el único ancla existente para la inflación. Por eso es que ahora se incluye en el debate público la posibilidad de retomar otros anclas, como el dólar y en menor medida las tarifas. No se trata de congelar, sino de cambiar los ritmos.
Es aquí donde ingresan los “acuerdos de precios y salarios”. Hay una dinámica económica en la que al gobierno le resulta muy difícil intervenir. Vía el ministerio de Trabajo puede, por ejemplo, no ser neutral en las paritarias e inducir aumentos salariales más altos. Pero el paso siguiente será que los empresarios trasladarán ese mayor costo laboral a precios. ¿Hasta dónde pueden hacerlo? Hasta donde los convaliden la demanda y la competencia. Dicho de otra manera, aunque con las dos restricciones señaladas, se pone en marcha una carrera entre precios y salarios, la lucha de clases.
Quien cree en acuerdos de precios y salarios cree dos cosas, que la puja distributiva está en la raíz de la inflación, y que esta puja puede comenzar a resolverse por la vía del consenso. Se trataría de hacerle entender a los empresarios que es conveniente que, luego de tres años de caída, los salarios suban por encima de la inflación, es decir la ímproba tarea de que acepten renunciar a una porción de sus ganancias en el presente en pos de beneficios futuros. Lo mismo se le reclama a los trabajadores, que no se excedan en sus demandas salariales. Por eso en el gobierno cayó muy bien que los bancarios conducidos por Sergio Palazzo se hayan ajustado al techo del 29 por ciento sugerido por el Ministerio de Economía. Debe detallarse, no obstante, que se trata de un gremio bastante particular que en los últimos años no perdió poder adquisitivo, algo que muy pocos gremios pudieron lograr.
No obstante, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, declaró esta semana a la radio de El Destape, que también puede haber palo. Señaló que el diálogo tiene un límite y que si los precios no se frenan voluntariamente se podría recurrir a otros instrumentos para desacoplar precios como subir retenciones. “No tenemos muchos más instrumentos”, sostuvo con resignación. Si bien el margen inicial otorgado por el Congreso en el marco de la ley de Solidaridad Social es exiguo, hasta 15 puntos de alícuota para trigo y maíz y 33 para la soja (lo que no quiere decir que no se pueda sancionar otra ley o modificar la actual), las declaraciones de la funcionaria generaron la inmediata reacción sectorial y una multitud de artículos “preventivos” en los medios hegemónicos, textos que se esforzaron por demostrar lo poco que influyen los precios primarios en los precios finales de los productos que aumentan.
En síntesis, a partir de esta semana se pondrá en juego finalmente la tercer idea económica guía del FdT, la de los acuerdos de precios y salarios. Estos acuerdos comenzarán con reuniones tripartitas entre el Estado, representantes de las gremiales empresarias y la CGT. Por separado también habrá encuentros con las empresas que se considera “formadoras de precios”. Pronto podrá evaluarse si el consenso entre partes con intereses encontrados, el rol de la política, alcanzará para evitar el uso de instrumentos sensibles, como por ejemplo el aumento de retenciones. Lo que está por detrás es la coordinación entre los movimientos de los tres precios básicos, o más concretamente, cuáles de estos precios funcionarán como ancla en 2021.-