El Banco Nación anunció este viernes el cierre de su sucursal en Ramos Mejía por la suba de la tasa municipal y reubicará clientes y operaciones fuera del partido de La Matanza. La maniobra se enmarca en la política emprendida por el ministro de Economía, Luis Caputo, para remover el impuesto en las localidades del conurbano bonaerense.
La decisión es "consecuencia de la elevada incidencia de la tasa municipal que se ha transformado en un impuesto sobre los créditos a las familias, inclusive los hipotecarios y las empresas", señaló la entidad en un comunicado de prensa.
"El municipio de La Matanza somete al Banco Nación a una altísima presión tributaria, dado que es la jurisdicción del país donde las tasas municipales tienen mayor impacto sobre el margen financiero de la entidad: en los primeros ocho meses de 2024 acumuló pagos por $ 3.500 millones en concepto de tasas municipales, suma que equivale a la nómina salarial de los 150 colaboradores que revistan en sus sedes del distrito", indicó el Banco Nación.
El presidente del BNA, Daniel Tillard, afirmó que suprimirá "los obstáculos que impiden el crecimiento del crédito: las tasas municipales exorbitantes son uno de ellos". La migración la cartera de Ramos Mejía se producirá antes del 31 de diciembre de 2024.
Batalla en la Justicia
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, suspendió por seis meses la prohibición de cobrar tasas municipales dentro de facturas de servicios públicos, después de una presentación que había hecho el municipio de Pilar contra la disposición del Gobierno. El magistrado resolvió en relación a una acción de amparo que había presentado la municipalidad de Pilar, por lo que la medida rige sólo para ese distrito.
El 18 de septiembre, el juez había hecho lugar a una medida precautelar que había suspendido en lo inmediato la norma en el caso de Pilar, y ahora hizo lugar a la cautelar y estableció que ese municipio podrá seguir incluyendo el cobro de tasas por seis meses hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El magistrado recibió un informe del Ministerio de Economía donde se detalló que lo que no se puede realizar más es "la facturación conjunta o fusionada en un mismo documento respecto de cargos o tasas que resulten ajenos a la naturaleza y prestación del servicio", porque cobrar todo junto podría derivar en "suspensión o interrupción" de la prestación, por ejemplo la luz, "frente a la dificultad o la imposibilidad de afrontar el pago" en tiempo y forma.
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