El Gobierno buscará este viernes la aprobación en Diputados del proyecto de Ley Bases, donde el caballito de batalla es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un esquema de exenciones y beneficios cambiarios y tributarios que perfeccionan un programa de entrega de soberanía nacional. El principal receptor de estas medidas es el sector minero, el cual ya cuenta con régimen especial hace más de 30 años y que solo mostró resultados concretos durante el período de crecimiento entre el primer y segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Durante esos años, con una ley de hace tres décadas y un código minera de un siglo y medio de antigüedad y más controles se registró récord de exportaciones, de empleo, actividad e inversiones.
Durante las dos administraciones de Fernández de Kirchner arribaron inversiones por 9205 millones de dólares (5455 millones en el primer gobierno y 3750 en el segundo), a los que se sumarían los 2266 millones que arribaron durante la Presidencia de Néstor Kirchner. En el gobierno de Alberto Fernández, pese a la pandemia y a la inestabilidad económica que reinó en esa administración, el ingreso de inversiones en minería se ubicó segundo en el podio, con 3639 millones de dólares, mientras que durante el macrismo, tercero en el ranking, llegó financiamiento por 3400 millones.
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“Con el mismo marco normativo, la mayor cantidad de IED, de exportaciones y de empleo minero se dio durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, es decir cuando tuvimos una política nacional que defendió el conjunto de los intereses de la Argentina, lo que favoreció también a las provincias”, destaca un relevamiento realizado por Ocipex. El RIGI es un esquema de cesión de soberanía, que no implicará que Argentina se transforme en un país minero, sino con minerales.
El gobierno de Javier Milei reconoce que el RIGI es una potenciación de la ley de inversiones mineras. “Una versión ampliada, mejorada", aseguró el secretario de Minería, Luis Lucero. Se trata del Régimen de Inversiones Mineras (ley 24.196), de 1993, que otorga similares beneficios a los que propone el RIGI para atraer inversiones. Además., la actividad está regulada por el Código Minero de 1887 que concesiona las minas de minerales como el litio, el cobre, la plata, el oro o las tierras raras o empresas privadas para siempre y en carácter de dueños de nuestro suelo, quienes pueden vender, alquilar o heredar las minas.
Bajo este esquema las empresas privadas ya pagan solo 1900 pesos por cada 100 hectáreas por año en concepto de canon de explotación y 9680 pesos por cada 5000 hectáreas por única vez en concepto de canon de exploración. “Pero el RIGI va más allá: le otorga a las empresas libre disponibilidad de divisas y las exime del pago de derechos de exportación a partir del tercer año y en caso de alguna controversia, la solución de conflictos se realiza en jurisdicción internacional”, destacó Ocipex. El mayor volumen de exportación tuvo lugar en los años 2011 y 2012, con un promedio de 4981 millones de dólares, mientras que el nivel de empleo, con 93 puestos de trabajo, se alcanzó el año pasado.
El proyecto que se convertirá en ley este jueves contiene reformas estructurales desde el punto de vista fiscal, económico y jurídico que brindarán beneficios excesivos e innecesarios para conseguir inversiones. Además, limitarán a los próximos gobiernos para realizar una planificación económica que permita brindar un proyecto de desarrollo sostenible macroeconómicamente con industrialización, desarrollo tecnológico, generación de empleo genuino y distribución de la riqueza.
El RIGI está enfocado en proyectos de inversiones de grandes corporaciones transnacionales que se orientarán a sectores primarios como la minería y los hidrocarburos (y tal vez el sector agropecuario o forestal), y en el menor de los casos en los sectores industriales que añadan valor agregado y generan empleo de calidad. Entre los principales puntos controversiales del proyecto (a convertirse en ley), se destaca el beneficio de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años es excesivo en su extensión, tanto para la normativa nacional como para la local.
La entrega de soberanía
El esquema discrimina a las empresas nacionales que ya operan y tributan en nuestra economía (particularmente las pymes, pero también las grandes empresas) de nuevas sociedades, el RIGI establece una situación de privilegios, antes que simples incentivos.
El RIGI incluye: a) reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25 por ciento; b) amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias; c) deducción de quebrantos impositivos sin límite temporal en el Impuesto a las Ganancias ni obligatoriedad de ser transferidos a terceros; d) deducción de quebrantos impositivos sin límite temporal en el Impuesto a las Ganancias ni obligatoriedad de ser transferidos a terceros; e) distribución de dividendos y utilidades (incluso remesas al exterior) tributarán a una tasa inferior (3,5 por ciento en lugar del 7 por ciento vigente) en el Impuesto a las Ganancias luego de 7 años de la adhesión al régimen; f) pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal; g) exención de derechos de exportación e importación; h) cómputo del 100 por ciento del Impuesto a los Débitos y Créditos como crédito del Impuesto a las Ganancias.
“El RIGI no tiene metas cuantitativas en términos de impactos en generación de empleo y no se les requiere la contratación de trabajo local. Por ejemplo las actividades minera e hidrocarburífera, pese a generar puestos bien remunerados, tiene un bajo impacto en cantidad de empleos generados”, destaca el informe de Ocipex.
Los excesivos beneficios fiscales e impositivos, no sólo afectarán las capacidades del Estado para realizar política económica, fiscal y cambiaria, sino que perjudicará a empresas (pymes y grandes), las cuales ya se encuentren instaladas y poseen estructuras de costos fiscales más altos que las demás empresas. “Esto puede generar la desaparición de empresas, como también los intentos por parte de compañías no beneficiarias de recibir los mismos beneficios reclamando trato justo y equitativo”, agrega el observatorio.
No hay condiciones que refieran a explicitar de dónde provienen los fondos. Por este motivo, el GAFI advirtió respecto a las fallas de seguridad que conllevan el RIGI, y que pondrían a la Argentina en lugar inédito: el de paraíso fiscal, refugio para capitales provenientes del narcotráfico, la venta de armas y otras actividades ligadas al crimen organizado internacional. Tampoco contiene condición u objetivos cuantitativos específicos para el desarrollo de las economías regionales, que permitan reducir las desigualdades existentes entre las provincias de nuestro país.
“El gobierno parte del supuesto de que, con una normativa excesivamente permisiva, que sirva como garantía de largo plazo para las inversiones extranjeras (y los fondos locales exteriorizados), no tardará en darse un ingreso importante de divisas que permita aportar esos dólares que no están ingresando, y dar algún tipo de consistencia al programa económico”, de acuerdo con las conclusiones del informe.
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