En lo que ya se está convirtiendo en una insana costumbre, el Gobierno lanza dos medidas que favorecen al sector de mayores ingresos de la población. En este oportunidad se lanza un blanqueo de capitales -el último lo aplicó Macri y permitió ingresara a su familia al beneficio- y la eliminación de el impuesto a los Bienes Personales, una medida regresiva en términos tributarios. Más allá de la mala para los contribuyentes que hacen un esfuerzo por cumplir con sus obligaciones, este tipo de medidas sin un trasfondo de repatriación de capitales solo pueden fomentar la existencia de entidades no reguladas conocidas como “cuevas” y tener un impacto profundo y negativo en múltiples aspectos de la sociedad y la economía; además, desalientan el cumplimiento de obligaciones fiscales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó su primera entrevista televisiva luego de los anuncios y explicó que se encuentra trabajando en un blanqueo de capitales, que aportaría dólares a la Argentina que actualmente están fuera del sistema. “Va a ser esencialmente para todo el mundo, pero principalmente se va a favorecer a aquel que ingrese sus dólares al sistema bancario argentino. El que ingrese sus dólares al sistema bancario argentino no va a pagar nada”, afirmó en diálogo con un canal de noticias. En relación a esta medida, Caputo agregó que "si lo saca del sistema bancario va a pagar 5 por ciento. Si lo saca del colchón o lo trae de afuera no va a pagar nada", contrastó, para incentivar un blanqueo de capitales.
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Con serias dificultades para conseguir dólares con los cuales armonizar la economía argentina, Caputo hecha mano de una viejo conocido: el blanqueo de capitales. En tanto, se prevén ingresos por la revisión de la reforma de Ganancias y por Bienes Personales, moratoria y blanqueo, medidas que asegura implicarán un posible ingreso del 0,5 por ciento del PBI.
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Regresividad y elusión
Hace 35 años se impulsó el primer blanqueo desde el regreso de la democracia en la Argentina. Hasta ahora hubo seis regímenes para declarar en el país dinero o bienes en el exterior, similares al proyecto actual de senadores oficialistas. Sin embargo, la formación de activos externo nunca dejó de crecer. No importa el premio ni la condonación de deuda, si el tenedor de divisas no encuentra un escenario propicio, no estará en condiciones de ingresar sus dólares. Por su parte, la eliminación gradual de Bienes Personales, que también aplicó el gobierno de Cambiemos, tampoco incrementa la inversión ni la recaudación y solo permite una mayor evasión impositiva.
La discusión sobre el rol de los sistemas tributarios en la redistribución de ingresos es una discusión bienvenida en ALC, ya que, como es sabido, nuestra región es la más desigual del mundo. De acuerdo con un estudio del BID, el 10 por ciento más rico de la población gana 22 veces más que el 10 por ciento más pobre, y el 1 por ciento más rico de la población obtiene el 21 por ciento de los ingresos de toda la economía. Esta desigualdad es aún mayor cuando se analiza la riqueza en vez de los ingresos. Un estudio de Credit Suisse encuentra que el 1 por ciento más rico de la región posee el 41% de la riqueza total, y que el 10 por ciento más rico de la región concentra el 72 por ciento de la misma.
A pesar de esta enorme desigualdad en la región, la política tributaria vigente no ha contribuido significativamente a reducir la desigualdad. Esto es mayormente consecuencia de sistemas tributarios que descansan fuertemente en los impuestos al consumo, altos niveles de evasión, elevados gastos tributarios que favorecen a los más ricos, y bajos niveles de recaudo de impuestos sobre la renta personal y el patrimonio. De esta forma, la discusión actual sobre el impuesto a la riqueza representa una oportunidad para que los gobiernos de nuestra región incrementen el impacto redistributivo de sus sistemas tributarios. La reducción de Bienes Personales, como lo demostró el macrismo, solo baja la recaudación y estimula la evasión.
Si bien los impuestos a la riqueza son un instrumento que pueden incrementar el impacto redistributivo de los sistemas tributarios. De hecho, la gran mayoría de los países que implementaron impuestos a la riqueza observaron bajos niveles de recaudación, consecuencia de la alta . Estos bajos niveles de recaudación, sumados a ciertas preocupaciones relacionadas sobre pérdidas de eficiencia en la economía que discutimos más adelante, llevaron a que varios países eliminaran este impuesto, según la CEPAL.
Así, mientras que 12 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contaban con un impuesto a la riqueza personal en 1990, actualmente solo 3 países (España, Suiza y Noruega) cuentan con este impuesto.
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En ALC, solo 3 países (Argentina, Colombia y Uruguay) contaban con este impuesto previo a la crisis generada por la pandemia del COVID. En ambas regiones la recaudación de este impuesto es baja. En los países de la OECD con este impuesto, la recaudación promedio en 2018 representó solo un 1,8 por ciento de los ingresos totales del gobierno (o 0,56 por ciento del PIB), mientras que en los países de ALC es cifra fue de 0,25 por ciento (o 0,06 por ciento del PIB, En ALC, solo 3 países (Argentina, Colombia y Uruguay) contaban con este impuesto previo a la crisis generada por la pandemia del COVID. En ambas regiones la recaudación de este impuesto es baja.
La solución no es eliminarlo
Para entender las dificultades que enfrentan las administraciones tributarias de gestionar un impuesto a la riqueza o, mirando la otra cara de la moneda, la facilidad con la que los contribuyentes pueden evadir o eludir su pago, es útil pensar en un diseño “ideal” del impuesto. Un impuesto a la riqueza debería estructurarse como un gravamen sobre el patrimonio neto total de una persona o familia.
La base gravada por el impuesto debería incluir el total de activos (patrimonio bruto) y deducir las deudas u obligaciones con la que cuenta dicho individuo. Los activos a considerar deberían ser la totalidad de los mismos, es decir, tanto activos financieros (depósitos bancarios, bonos, acciones, etc.) como activos físicos, incluyendo propiedades, obras de arte, joyas, bienes de lujo (como yates y jets privados), vehículos, etc. Sin embargo, en el gobierno librertario la posición es otra: reducir impuestos a los sector más pudientes de la población.
El segundo gran desafío es conocer cuál es el valor de los activos que posee una persona. Si bien puede resultar fácil conocer los valores de ciertos activos financieros, como bonos y acciones, conocer el valor de los activos físicos que no se transaccionan frecuentemente en el mercado puede ser más complejo. ¿Cuál es el valor de una empresa familiar o de una obra de arte? Para estos casos, la valoración del activo suele ser autoreportada por el contribuyente, lo cual genera incentivos para subreportar el valor del activo, a fin de reducir el pago del impuesto.
En el caso del blanqueo, el último fue el del gobierno de Mauricio Macri, que realizó la maytor exteriorización de capitales --no sin escándalos de por medio--. De acuerdo a la ley, quienes declaraban hasta 19.000 dólares no debían tributar, entre ese valor y 50.000 dólares tenían una alícuota de 5 por ciento y si se exteriorizaba un capital mayor una del 10 por ciento.
Este blanqueo se hizo en el marco de la puesta en marcha del acuerdo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para realizar intercambios automáticos de información financiera y tributaria con más de 100 países. En total, ingresaron al país más de 110.000 millones de dólares. El problema fue que nunca se exigió el ingreso de esos dólares al país.