No fue el mejor timing. El mismo día que la Casa Rosada canceló la posibilidad cercana de implementar un Salario Básico Universal, en línea con el pedido ya público de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y una parte mayoritaria de la coalición oficialista, las Naciones Unidas revelaron que 71 millones de personas cayeron debajo de la línea de pobreza en el mundo en apenas los últimos tres meses. ¿Las razones? El aumento meteórico de los precios de la energía y los alimentos a partir del conflicto en Europa. A sabiendas de que se pronostica que la guerra se extienda, al menos, hasta fin de año, y derive quizás en una recesión global, esa cifra de vulnerables solo puede multiplicarse más y más en los meses por venir, como así también sus efectos colaterales.
En ese contexto, vuelve a cobrar vigencia el debate sobre la renta básica universal, el salario básico universal y el ingreso mínimo universal que dista de ser nuevo y forma parte de una extendida puja en torno a la viabilidad del sistema. En el trasfondo, lo que emerge es la cuestión sobre el rol del Estado frente al mercado, mucho más longeva aún si se quiere. Desde los ‘70s a la actualidad, diversas experiencias pusieron a prueba este tipo de ingeniería redistributiva: algunas veces con financiamiento privado; la mayor parte, a cargo del tesoro público. Tuvieron lugar en distintos países y con marcadas diferencias de alcance y durabilidad. Pese a ello, los resultados no fueron tan discordantes.
“Debería ser la gran innovación del siglo 21”, sostiene ante El Destape Nelson Villareal Duran, ex secretario de Derechos Humanos de Uruguay y uno de los impulsores de este debate al otro lado del río. “El siglo 19 innovó en la idea del derecho político de los individuos a votar y elegir y no por el capital que tuvieran. El siglo 20 inauguró los derechos sociales. Este siglo, junto con el derecho a la tierra, la vivienda y los cuidados, debería incluir el derecho a una supervivencia económica independientemente que se tenga iniciativa emprendedora, empleo o herencia, que son los principios en torno a los que se piensan hoy los derechos económicos. No puede estar ligado a las crisis sino a una nueva economía política, a un nuevo pacto social que garantice nuevas formas de redistribución para pensarse como un nuevo pilar de protección social porque los mayores costos que tiene hoy la sociedad son las externalidades que genera el no tener derechos”, añade.
Paradójicamente, mientras que la parálisis de la pandemia y sus efectos devastadores expusieron como nunca la necesidad de corregir las desigualdades, la precaria situación de los países siembra obstáculos a la implementación de este tipo de proyectos a partir de cómo acceder a los recursos necesarios sin más endeudamiento. Quienes espolean estas iniciativas coinciden en que la ejecución debe sostenerse sobre dos puntales: un redireccionamiento de recursos ya invertidos en seguridad social y un robusto y efectivo sistema tributario de corte progresivo con el fin de redistribuir los recursos de los sectores más acaudalados hasta la base de la pirámide. Por supuesto, que se transforme en una política de Estado duradera para cumplir sus propósitos depende, en esencia, de que haya voluntad y consenso político entre las fuerzas mayoritarias de una sociedad.
Durante el pico de la última crisis europea, en 2011, un grupo de investigadores españoles trabajó en un plan de esta naturaleza a partir de una hipotética reforma del impuesto a la renta local —IRPF—, sobre el 20 por ciento de las mayores riquezas del país. Llegaron a la conclusión de que no solo era viable en momentos de emergencia, sino que sus efectos correctivos se evidenciaban velozmente, al punto de empujar el índice de Gini —que mide la desigualdad— de España, uno de los más bajos del continente, al nivel de los que mejor reparten su riqueza en el mundo, como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega. Quienes impulsan desde hace años el Ingreso Básico Universal en México también han planteado esquemas de financiamiento similares que excedan la coyuntura.
“Hoy por fin estamos oyendo a (l presidente francés Emmanuel) Macron, y a gente que nunca hubiéramos pensando, apoyando estas medidas sociales fundamentales que son, sin duda, de subsistencia y de mínimos para un futuro más igualitario y, yo diría, más sostenible también. Porque no podemos volver a lo de antes. Tenemos que hacer un build back better. O sea, cómo regresamos mejor a una sociedad más inclusiva y más igualitaria y sobre todo más sostenible ambientalmente”, reflexionó la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, en una entrevista con la Deutsche Welle. Algunos sectores liberales se han unido a esta idea, incluso en países de fuerte tradición ortodoxa, como Alemania.
En octubre de 2017, en su informe Monitor Fiscal, el FMI propuso un ingreso básico universal dentro del "abanico de opciones para lograr resultados eficientes y equitativos" a disposición de las autoridades, a la par de los impuestos progresivos y las inversiones en educación y sanidad. Eso fue antes del descalabro social de la pandemia de Covid-19 con todas sus consecuencias. En julio de 2020, la subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Asia y el Pacífico, Kanni Wignaraja, volvió a insistirle al mundo que considere esta opción.
“Sus múltiples detractores niegan su funcionamiento al afirmar que ningún país puede permitirse el lujo de repartir dinero con regularidad a cada ciudadano. Argumentan que crean déficits insostenibles que no pueden ser costeados. Sin duda es una afirmación válida, pero hemos de pensar que la alternativa resultará en un aumento de la desigualdad que incrementaría las tensiones sociales suponiendo un mayor coste para los Gobiernos y expondría a los países a un mayor riesgo de conflicto civil”, escribió en una editorial que se difundió desde el organismo internacional.
Y añadió: “Necesitamos que surja un nuevo contrato social de esta crisis que reequilibre las profundas desigualdades que prevalecen en todas las sociedades. Para decirlo sin rodeos: la cuestión ya no debería ser si se pueden encontrar recursos para una protección social efectiva, sino cómo se pueden encontrar”. Sugirió, en línea con las ideas ya expuestas, recalibrar las cargas tributarias en coordinación mundial para evitar que personas y empresas evadan impuestos y acabar con las subvenciones, en particular las de los combustibles fósiles, que además impiden el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las metas relativas al cambio climático.
Experiencias globales
Entre 2017 y 2018, en un contexto de crecimiento muy distinto, Finlandia seleccionó una muestra de 2 mil personas desempleadas entre los 25 y los 58 años para garantizarles un ingreso básico de 685 dólares al mes con el fin de apuntalarlas en su búsqueda laboral. Al concluir el experimento, el gobierno sentenció que esa suma no había logrado una diferencia sustantiva entre el grupo seleccionado y el de control —sin acceso a esta asistencia— para conseguir más y mejor empleo. No obstante, quienes habían formado parte del proceso reconocieron haber sentido una menor presión psicológica, lo que redundó en menores niveles de estrés y mejores índices de salud. ¿Funcionó o no?
Guy Standing, doctor en Economía por la Universidad de Cambridge y copresidente honorario de la Red Global de la Renta Básica no tiene dudas al respecto. En una entrevista publicada en junio por El DiarioES, el investigador afirmó que “los experimentos en todo el mundo (ahora hay más de 80 programas piloto de renta básica) muestran que cuando la gente tiene una renta básica, su salud mental mejora. Significa que tienen más energía, que son más productivos en su trabajo y que gastan menos en atención sanitaria, lo que supone menos dinero al Estado. También mejora la eficiencia del gasto en la escolarización”. Y cuestionó: “Los críticos de la clase media que dicen que si la gente tuviera una renta básica se volvería más vaga no saben de qué hablan. Son prejuicios. Si ese fuera el caso, deberíamos quitar todo el dinero a los millonarios porque obviamente no tienen que trabajar. Es ridículo.”
Las estadísticas coinciden con otras pruebas a lo largo del globo durante las últimas décadas, mayormente, experiencias a pequeña escala y menor duración que la finlandesa, acorde a un exhaustivo relevamiento que hizo el medio Vox. Estados Unidos lo aplicó en diversos estados como Nueva Jersey, Pensilvania, Iowa, Carolina del Norte, Seattle, Denver y Gary, Indiana, entre 1968 y 1974. En Stockton, California, se ejecutó en plena pandemia un programa de 18 meses destinado a 125 personas que invirtieron sus 500 dólares, mayormente, en alimentos, ropa y el pago de servicios. En este caso fue financiado con aportes privados.
Canadá realizó varios ensayos controlados sobre poblaciones aleatorias. El primero de ellos fue entre 1974 y 1979, en un pueblo agrícola, Dauphin, en el que cada familia participante exhibió beneficios en la salud física y mental al punto que se redujeron en un 8,5 por ciento las hospitalizaciones y mejoraron las tasas de graduación. Los conservadores cancelaron el programa que contaba con recursos provinciales y federales. En 2017, otro gobierno liberal en la provincia de Ontario quiso repetir la experiencia con 4 mil personas de bajos ingresos de tres ciudades a lo largo de tres años. Pero cambió el signo político en el medio y también se canceló sobre la marcha bajo el argumento de que desincentivaba la búsqueda de empleo.
Brasil aprobó en el Congreso su propio proyecto trabajado con la CEPAL, en plena pandemia y con un gobierno neoliberal a cargo del país, luego de diversos precedentes como el del Instituto ReCivitas —que implementó un ingreso básico con financiamiento privado para 100 residentes del pueblo de Quatinga Velho, entre 2008 y 2014, de 8 dólares— y la experiencia ampliada a 52 mil personas en la ciudad de Maricá, a través del programa Renda Básica de Cidadania, de 35 dólares mensuales. El objetivo: reducir los niveles de pobreza a partir de las regalías petroleras.
En Europa, la organización germana Mein Grundeinkommen (Mi Renta Básica) apeló al crowdfunding para entregar rentas básicas, entre 2014 y 2019, a 500 personas de todo el mundo que dijeron sentirse menos ansiosas. Más de la mitad aseveró luego que utilizó esos fondos para seguir estudiando. Durante la pandemia, la misma entidad aportó los recursos, provenientes de donaciones privadas, para extender la prueba dentro del país por tres años y sobre un conjunto de 120 personas que reciben 1430 dólares.
España, por su parte, fijó un ingreso mínimo vital, en 2020, para poco más de un millón de personas en situación de pobreza, luego de mostrar antecedentes de pruebas temporales en Barcelona, en 2017. Y la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, tuvo su propio experimento social de mil dólares para 250 beneficiarios, algunos a cambio de una contraprestación.
A la vez, hubo otras experiencias en el mundo en países como Irán, que estableció en 2011 un programa de transferencia de efectivo incondicional en todo el país y en modo compensatorio mientras se quitaban gradualmente los subsidios al pan y los servicios básicos, en tiempos de crecimiento, sentando un precedente global por su extensión. Y Kenia inició un proyecto de 12 años en 2016, también en plena curva de ascenso de su PBI, a cargo de una organización, Give Directly, que reparte pequeñas sumas por día a más de 20 mil personas repartidas en 245 aldeas rurales, con un antecedente similar que terminó incentivando las economías locales en los pueblos cercanos.
Namibia distribuyó un ingreso básico de casi 7 dólares por mes, entre 2008 y 2009, a todos los residentes menores de 60 años en la región Otjivero-Omitara sin importar su estatus social. La experiencia, financiada por donaciones privadas, mostró una baja en la desnutrición infantil y una suba de las tasas de matriculación escolar. Y la India también tuvo su plan anual de renta básica, entre 2011 y 2012, para 6 mil personas del estado de Madhya Pradesh, con recursos aportados por Unicef. Se evidenciaron mejoras en el saneamiento, la nutrición y la asistencia escolar en el balance final.
Un caso aparte se ve en Alaska que, desde 1982, ha despachado un monto anual basado en los ingresos por el petróleo que nutren el Fondo Permanente de Alaska a cada uno de sus habitantes solo por residir allí, uno de los territorios más inhóspitos del país y hasta del continente. Los efectos no solo se vieron sobre los niveles de pobreza sino también en la fertilidad de la población local.
Propuestas en Argentina
Nuestro país no se ubica entre los que encendieron las alertas de las Naciones Unidas en su informe sobre la escalada de la pobreza. Así y todo, con estadísticas que han mostrado mejoras en el primer trimestre del año en comparación con 2021, la creciente inflación que se disparó desde marzo amenaza con licuar a gran velocidad los ingresos de los y las argentinas. Según el último reporte del Indec sobre distribución del ingreso, la mitad de los hogares del país no alcanzaron a cubrir el costo de la canasta básica total —una ganancia promedio de 86.614 pesos frente al costo de 89.690 pesos— que marca el ingreso a la pobreza. Y ocho de cada diez asalariados perciben ingresos con los que no se puede sostener un grupo familiar promedio.
“Lo que proponemos es una medida coyuntural, que jugaría un papel esencial en esta situación difícil que atravesamos. Pero al mismo tiempo es una solución estructural porque efectivamente, de la misma manera que la Asignación Universal por Hijos y las políticas de inclusión jubilatoria establecieron un piso de ingresos que se mantuvo en el tiempo, este proyecto busca profundizar ese camino, partiendo de la idea que en la Argentina y en el mundo hay un mercado laboral sumamente fragmentado en el cual una porción importante no puede acceder a todos los beneficios y derechos que establecen las formas tradicionales de empleo”, explica a El Destape el diputado Itai Hagman, autor de uno de los dos proyectos que se encuentra en el Congreso hoy. El segundo lleva la firma del radical Alejandro Cacace (Evolución), si bien no lo denomina “salario” sino “ingres básico universal de emergencia” y lo fija en torno al 50 por ciento de una canasta básica alimentaria por adulto.
“Este es un camino para compensar ese problema —añade Hagman, que describe una asignación que rondaría los 14 mil pesos para cerca de 7 millones de personas—. Por supuesto que a medida que en la Argentina genere más empleo formal, el universo de potenciales beneficiarios se iría achicando. Por lo que esta no es una medida contrapuesta sino complementaria con cualquier política de fomento a la creación de empleo formal.” La iniciativa que se impulsa desde el espacio Patria Grande, con el liderazgo del dirigente social Juan Grabois, se basa en la experiencia local de redistribución de ingresos citadas previamente más que en ejemplos internacionales y plantea ampliar esa red de seguridad social a la población entre 18 y 65 años a quienes el mercado laboral no garantiza ingresos fijos. Aún genera resistencia ideológicas y políticas en sectores oficialistas además de opositores.
“Si bien una política de esta naturaleza implica un costo fiscal, no es tan desmesurado como se piensa. Primero porque el Estado nacional y las provincias ya tienen sus programas sociales, a veces superpuestos y no del todo ordenados. Y la otra parte del financiamiento hay que pensarla en base a recaudar impositivamente de manera más progresiva, que es algo que ya se viene haciendo en la Argentina. Por último, se puede avanzar en etapas, si es que nuestro limitante es la cuestión fiscal: podemos empezar con un universo más chico y ampliarlo de forma paulatina en función de la disponibilidad de recursos. Hay manera de resolverlo en una mesa política si hay voluntad política y acuerdo conceptual”, indica Hagman.
Desde Uruguay, Villareal Duran puntualiza que las diversas denominaciones implican diferencias que van más allá de lo semántico: “La Renta Básica se ata al promedio básico que una sociedad puede establecer como mínimos para la inclusión en lo socioeconómico mientras que el Ingreso Mínimo Universal sería un piso que no necesariamente es el promedio máximo que puede dar una sociedad. A la vez, el concepto de Salario Básico Universal, tal cual lo propuso el Papa Francisco, vincula la idea de empleo y renta básica, ligado a la idea de pleno empleo, de entender esa transferencia como retribución, por lo que ya no es incondicional”. Al fin de cuentas, en todos los conceptos de lo que se trata es de repensar los derechos económicos bajo un nuevo prisma de ciudadanía. Ya no solo como garantías de desarrollo sino de autonomía plena y hasta de supervivencia misma.
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