Las consecuencias de la falta de una política de ingresos

La administración de Javier Milei ingresó en una tercera etapa en la política de ingreso, con eje en bajar la nominalidad de los incrementos salariales para complementar el resto de las anclas (recesión, fiscal, tipo de cambio) con las que aspira a reducir el ritmo de incrementos de precios de la economía. La inflación que generó el Gobierno con la devaluación de diciembre provocó una fuerte pérdida en el poder de compra para la mayoría de los argentinos, pero no fue para todos igual y aún en medio de la debacle hubo gremios y sectores que lograron incrementos reales.

Un trabajo de CP Consultora observó sobre la falta de sincronización para el diseño de una política de ingresos ya que la estrategia de bajar la nominalidad de los incrementos salariales no considera heterogeneidades, en un mercado donde conviven sectores con grandes pérdidas y otros con recuperaciones. “Es una gran incógnita la efectividad de una política basada en el freno a las homologaciones.

Durante 2016-2017 se llevó adelante y terminó con la generalización de las cláusulas gatillo”, señaló en un informe y advirtió que “las últimas negociaciones demuestran que los acuerdos sobrepasan las metas del gobierno”.

Describió tres etapas de la política de ingreso en lo que va del gobierno de Milei:

• Diciembre, enero y febrero: Mirada libertaria. Paritarias libres. Negociaciones libres entre privados. Recuperaciones asimétricas.
• Marzo: Tensión. Comienzo de lineamientos. Proceso incipiente e informal de retraso de homologaciones
• Abril: Intento de limitación abierta sobre negociaciones (inflación como tope

Sin embargo, lo más destacado del informe es que en estos cuatro meses hubo un grupo de gremios que logró incrementos salariales por encima de la inflación mientras que otros perdieron hasta una cuarta parte a la espera de la homologación de los nuevos aumentos. El mercado de trabajo en Argentina exhibe una elevada fragmentación, donde sobre 20 millones de trabajadores solo la mitad son asalariados registrados mientras la alta inflación, que afecta de manera diferencial a los distintos estratos sociales, amplificó las desigualdades preexistentes.

La Población Económicamente Activa (PEA) está estimada en unos 22 millones de personas de las cuales más de 20 millones está ocupada. Entre estos, el 75% son asalariados que se distribuyen en unos 10 millones registrados (seis millones en el sector privado y cuatro en el público) y 5,4 millones sin aportes a la seguridad social. La población no asalariada, entre los que se encuentran por ejemplo los monotributistas, llega a los 5,5 millones de personas.

La recuperación de los ingresos está directamente relacionada con esa estructura de ingresos. A mayor registración, menor es la caída del poder de compra. Por ejemplo, entre los trabajadores bajo convenio colectivo, la pérdida fue de 6%, aunque hubo gremios que le ganaron a la inflación y otros quedaron rezagados.

Según el trabajo de CP Consultora, en el primer trimestre de Milei (diciembre, enero, febrero) el gremio de Bancarios le ganó por 9% a la inflación, los aceiteros por 7%, los de Alimentación por 5% y los de Comercio por 1%. En cambio, en ese período camioneros cuya paritaria fue objetada y obligada a redimensionar, llevaba a febrero una pérdida de 21% del poder de su salario, mientras para metalúrgicos la caída era de 17% , para entidades deportivas 13% y en Sanidad, construcción y encargados de edificios la pérdida era de 11%.

En diciembre se registró una caída mensual de 11% real, de una magnitud con pocos precedentes, y la reacción de gran parte de las paritarias, negociadas a partir de enero, permitieron recuperar parcialmente esa caída. En promedio, en marzo se había recuperado el 40% de la caída (-6% real vs noviembre). El sector público tuvo un comportamiento diferente al privado y en los datos generales no se evidencia recuperación. El Índice de Salarios Públicos (INDEC) mostró una caída de -16% en diciembre y de -21,8% en enero, en relación a noviembre. Estos datos son coherentes con la reducción del gasto en salarios del Sector Público, que en los dos primeros meses del año registra una caída de -19,4% interanual.