Sin margen para una reforma tributaria integral, el equipo económico apuesta a darle progresividad al sistema a través de distintos canales de redistribución de los fondos. En simultáneo el Gobierno busca avanzar lentamente contra su principal limitante: el alto grado de informalidad de la economía. A semanas de las elecciones de medio término y cerca de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario, la posibilidad de analizar cambios en la estructura tributaria argentina se presenta como una asignatura impostergable para el año próximo, aunque esa discusión encuentre limitantes políticos y, especialmente, económicos, tanto locales como globales.
La pandemia dejó en evidencia las inequidades del sistema y la necesidad de una mayor planificación estatal. Fuentes del equipo económico aseguraron a El Destape que no habrá una reforma tributaria integral y que la tarea principal, en un contexto de crisis como el actual, es reforzar la fiscalización para evitar la evasión.
Cuando se compara la presión impositiva argentina con el resto del mundo, las cifras dan cuenta de que mantiene un status similar al de países desarrollados e, incluso, dentro de la región. Lo que también es cierto es que el nivel de recaudación --y, por lo tanto, el gasto público-- no está en su potencial como en esos otros países, dado que la base imponible en la Argentina es más baja por el nivel de informalidad que mantiene la actividad. La informalidad entre los asalariados asciende, según el INDEC, al 35 por ciento, pero si uno suma a cuentapropistas el porcentaje de empleo informal ya supera el 50 por ciento. Es decir, la mitad de los trabajadores y trabajadoras empleados en la formalidad sostiene toda la matriz de la Seguridad Social.
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En Argentina la presión impositiva (recaudación sobre PIB) alcanza el 28,4 por ciento. En promedio, en los países de la OCDE este ratio asciende a 34,2 por ciento. En el punto más alto se destacan los países europeos, como Francia y Dinamarca con guarismos de 46,1 y 44,9 por ciento respectivamente. "Por lo tanto, en relación a los países más ricos la presión impositiva argentina luce baja. Este panorama cambia al realizar la comparación regional. En promedio, América Latina alcanza el 23,9 por ciento, lo que resulta inferior a la Argentina. Sin embargo, países como Brasil y Uruguay presentan ratios superiores de 33,1 y 29,2 respectivamente", señala Pablo Wahren, economista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica - celag.org.
El subibaja impositivo
"Durante el macrismo hubo una reforma impositiva que le subió los impuestos a las pymes y se los bajó a la grandes empresas, redujo los aportes patronales y Bienes Personales para incentivar la inversión y no hubo creación de empleo. El problema es que la base imponible es chica por el alto grado de informalidad y evasión", resumieron a este medio desde el equipo económico. Sin embargo, el empresariado sigue con sus anteojeras ideológicas y solo apunta a la bajar impuestos. En el último relevamiento de expectativas de IDEA, la principal preocupación de este segmento es una reforma impositiva, seguida por la inflación y una reforma laboral.
Pese a la reforma impositiva macrista, la cantidad de puestos de empleo no aumentó en términos reales. Para fines de 2019 se estimaba que casi seis de cada diez personas económicamente activas no tenían un empleo de calidad (desarrollaban trabajos sin aportes a la seguridad social o estaban desocupadas). En 2020 se profundizó la heterogeneidad de la estructura productiva argentina. "Considerando el total de ocupados: el 51,1 por ciento estaba inserto en el sector micro-informal, el 15,2 por ciento en el público y el 33,7 por ciento en el privado informal", según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
A partir de la década del 90, luego de la flexibilización menemista, se observa un crecimiento de la presión, a partir de la instauración de los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos. Se registra un salto entre 2006 y 2008 a partir de la nacionalización del sistema previsional, que implicó que el Estado comenzara a recaudar fondos que anteriormente se destinaban a aseguradoras privadas. En los años siguientes se presentan vaivenes asociados fundamentalmente a variaciones del PIB.
A partir de 2015, con el gobierno de Mauricio Macri, se realizó una leve baja de la presión impositiva a partir de la reducción de un conjunto de impuestos como los derechos de exportación, el impuesto a bienes personales y aportes a la seguridad social. "El proceso de rebajas se frenó a partir del inicio de la crisis económica en 2018, y con el cambio de Gobierno esta reversión se consolidó", explica Wahren, investigador de la celag.org.
Actualmente, la presión tributaria se encuentra en niveles promedio de la región y el mundo. Sin embargo, la presión nominal (determinada por las alícuotas de los impuestos) es superior a la presión tributaria que vemos al comparar recaudación y PIB. Esta diferencia se debe también a la evasión y la elusión fiscal. Esto deriva en que se terminen pagando alícuotas más elevadas para compensar lo que no se recauda a causa de la evasión y la elusión impositiva.
Si pagasen todos
Al ser consultados sobre la posibilidad de realizar una reforma impositiva progresiva, desde el equipo económico aseguran que no están dadas las condiciones. Existen impuestos, como el IVA, que explican el grueso de la recaudación pero impacta en el consumo. "Hubo varios cambios en IVA y las bajas nunca redundaron en menores precios, porque la informalidad dentro de las cadenas", explicaron desde el equipo económico. No obstante, destacan algunos cambios que se aplicaron tras la salida del macrismo y que le dio más progresividad al sistema.
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En 2019, en el marco de la emergencia económica, se dispuso bajo la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva , la creación del impuesto de un 30 por ciento sobre la compra en dólares, una suba de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales y sobre los activos en el exterior y un aumento de retenciones a las exportaciones. En paralelo, se decretó además un reintegro del 15 por ciento a las compras con tarjeta de débito para los sectores de menores ingresos. También se redujeron los intereses punitorios para las deudas impositivas, las cuales el macrismo había duplicado, y a contribuyentes que se adhirieron a planes de pagos por sus deudas en ejecución judicial por las que se hubiera trabado embargo se les levantaron las cautelares.
El Gobierno reforzó la tarea coordinada entre los distintos organismos de contralor para una mayor fiscalización de la actividad. En la AFIP se trabaja en lo que es un problema global vinculado con la doble imposición. Grandes contribuyentes presentan radicación en otros países de baja o nula tributación para evitar, con el argumento de "doble imposición", cumplir con sus compromisos en el lugar de residencia.
En ese caso se trabaja con lo que la OCDE calificó de "facilitadores de abuso fiscal corporativo a nivel mundial". Se trata de un reducido grupo de países ricos es responsable de más de dos tercios del abuso fiscal corporativo mundial, según alertó el nuevo Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021. El ranking de jurisdicciones off-shore lo encabezan los territorios británicos de ultramar de Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán y Bermudas, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Jersey, Singapur y Emiratos Árabes. Los países de la región tienen en promedio un reducido impacto en el volumen de operaciones de abuso fiscal de empresas a nivel mundial.
En el caso de la informalidad laboral, el esfuerzo del Estado debe centrarse en la reactivación económica y en apuntalar la protección y el crecimiento del empleo registrado y de calidad. Una reducción de aportes no tuvo un correlato con una creación neta de empleo, como así tampoco lo tuvo en el consumo la rebaja puntual de IVA en algunos productos. La informalidad de la economía afecta el impacto de cualquier modificación discrecional si no se piensa en términos de una estructura integrada impositiva, teniendo en cuenta la dificultad que es sumar a la actividad registrada a la mitad de la población económicamente activa.
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