La justicia federal de Córdoba falló a favor de la AFIP para cobrar el Aporte Solidario y Extraordinario a un empresario de esa provincia que había cuestionado la constitucionalidad de la iniciativa aprobada en 2020 para morigerar los efectos de la pandemia de Covid-19. El dictamen ordenó llevar adelante la ejecución sobre activos embargados del contribuyente por 37 millones de pesos.
Se trata de un importante desarrollador inmobiliario cordobés que, luego de sancionada la ley 27.605 por el Congreso, presentó una declaración jurada determinativa respecto del Aporte, con un monto a favor del organismo conducido por Carlos Castagneto de 47 millones de pesos. Incluso, la persona llegó a abonar en efectivo una parte de ese saldo informado.
Sin embargo, posteriormente realizó presentaciones en la justicia federal de Córdoba en contra de este pago por única vez que estaban obligadas a realizar las personas con alta capacidad contributiva. Como tampoco integró el resto de la cifra que, según el propio contribuyente, le correspondía abonar acorde a sus activos, la AFIP inició un juicio de ejecución fiscal.
En ese marco, recientemente el juzgado federal N°3 de la ciudad de Córdoba rechazó los planteos del empresario y su pedido para levantar el embargo trabado por el organismo. El organismo ordenó llevar adelante la ejecución por la deuda impositiva, las costas y los honorarios por un total de 37 millones de pesos mediante la inhibición general de sus bienes, que ya fue efectivizada ante el Registro General de la provincia.
AFIP busca que paguen
La Dirección General Impositiva (DGI) intimó en julio a un exejecutivo del sistema financiero a pagar $ 2.100 millones en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario. Las tareas de fiscalización y control del organismo permitieron detectar que el contribuyente posee bienes valuados en más de $50.000 millones, entre los que se encuentran participaciones en empresas, inmuebles y automotores de alta gama, tanto en el país como en el exterior.
Sin embargo, a pesar de su elevada capacidad contributiva, no había realizado el Aporte Solidario y Extraordinario, lo que dio pie a investigaciones que culminaron con un ajuste de $ 2.100 millones. Desde su vencimiento, la AFIP ajustó en concepto de este gravamen a 87 contribuyentes por un total de $25.000 millones, más intereses y multas.
En 2022, la Justicia Federal de Reconquista ordenó un embargo por más de 71 millones de pesos al exfutbolista y productor agropecuario Gabriel Batistuta, luego de una demanda de la AFIP por incumplimientos en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas.
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