El FMI se encuentra en el tramo final del proceso de asignación de 650.000 millones de derechos especiales de giro (DEGs), el activo de reserva que emite el organismo -y que el mismo “acepta” contablemente como complemento de las reservas de bancos centrales de los países miembros desde 1969-.
Esta emisión se realiza en el marco y con motivo de las dificultades originadas en la pandemia en curso, vale decir que el FMI entiende la necesidad de apoyar a los países miembro en su esfuerzo para cuidar a sus poblaciones. Eso si, la “ayuda” llega 18 meses después de declarada la crisis de salud y con un saldo de millones de fallecidos por la misma. También hay que decir que esta medida se toma después de que los países centrales realizaran políticas de emisión monetaria y expansión fiscal de envergadura, al mismo tiempo que son criticadas y desaconsejadas para los países del sur.
Ahora bien, los DEGs son activos financieros, y como cualquier activo hay que tomar decisiones sobre cómo asignarlos. Consideramos necesario realizar, entonces, algunas consideraciones previas relevantes para el análisis sobre la forma mas adecuada de asignarlos:
- que la emisión de DEGs no tiene carácter redistributivo en términos globales, ya que al ser distribuidos en proporción a la cuota que posee cada país -en lugar de concentrarse en las necesidades o vulnerabilidades- las economías mas grandes son las que mas reciben profundizando las asimetrías y desigualdades.
- que esto fortalece más que proporcionalmente la posición financiera del G7 y su capacidad de imponer políticas de ajuste sobre el resto de los países, ya que tendrán la chance de reasignar sus propios DEGs. Es una pista para sospechar que la medida tiene poco que ver con el Covid-19 y mas con las necesidades del capitalismo financiero global.
- que los niveles de deuda que mantienen los países con el FMI no son homogéneos ni proporcionales a la cuota de cada uno. En particular Macri endeudó irresponsablemente a la Argentina -si, no sucedió: lo hizo Macri y su gente- convirtiendo a nuestro país en el peor deudor del mundo en el FMI.
- que si bien los DEGs son activos no reembolsables, los manuales del FMI recomiendan imputarlos como “deuda externa”.
Recordemos que el FMI no es un organismo democrático ni cooperativo, sino simplemente un instrumento de EEUU diseñado a partir de la segunda guerra mundial para consolidar y aumentar su influencia en la economía global. Baste señalar en tal sentido la composición de los votos para la toma de decisiones. Por ejemplo Argentina tiene el 0,66% de un voto, mientras que EEUU tiene el 16,5% de los votos. El G-7 (EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Japón Italia) detentan el 41,25% de los votos, con capacidad para bloquear o imponer cualquier decisión. Es decir el 3,89% de los países tienen el 41,25% en las decisiones, mientras que el 96,11% de los países (173 naciones) solo el 58,75%.
En definitiva, nuestro país recibirá el equivalente a $ 4.335 millones de dólares en DEGs (¡el 0,0066 de la emisión total!) y es relevante evaluar cual es la mejor asignación de dichos recursos.
Como dicha asignación no es una cuestión de principios, sino un hecho de razón práctica, es indispensable realizar alguna caracterización del marco en el cual se toma la decisión. En definitiva no estamos hablando de objetivos sino de herramientas, que deben ser tratadas como tales. Recordemos, si hace falta, que no existen cuestiones económicas -siempre instrumentales- por fuera de las cuestiones políticas -donde si habitan los objetivos-, es falaz y sesgado considerar lo “técnico” como preponderante. Seguir dicho camino es en definitiva una posición ideológica y no científica, aunque quiera presentarse al revés.
Avancemos entonces en alguna caracterización, incompleta y estilizada por definición, de la situación actual:
- El principal problema de nuestro país viene siendo hace seis años la caída del ingreso real. Este hecho a sido provocado por el gobierno de Macri mediante dos canales: el “precio” (debilitamiento de los salarios y jubilaciones nominales; dinámica inflacionaria con eje especial en los servicios públicos; devaluaciones; etc…), pero también por las “cantidades” (desempleo creciente; desindutrialización; caída de la actividad económica; ataque contra la economía real mediante un modelo de endeudamiento).
- Sin ingresos de la población -shock distributivo- es imposible recrear el mercado interno. Sin mercado interno no existirá un proceso de inversión en la economía real sostenido y sustentable.
- Persisten tasas de interés incompatibles con un modelo de inversión y desarrollo.
- Persiste la dinámica inflacionaria impuesta por Macri.
- Hay que lidiar con altísimos niveles de endeudamiento en moneda extranjera a los que en solo cuatro años el equipo de Macri sometió al país después de un arduo y virtuoso trabajo de desendeudamiento de los gobiernos de NK y CFK.
- Lo anterior es particularmente grave en relación con el FMI, con quien en este año hay vencimientos de capital por 3.375 millones de dólares más los intereses y, una deuda total extravagante e inaudita -tomada por Macri-.
- La deuda con el FMI que tomó Macri no ha sido contraída mediante los recaudos legales que exige la legislación Argentina -mas allá que para el monto en cuestión debiera haberse hecho de cara a la sociedad dado el impacto político de largo plazo de la funesta decisión- y también por fuera de los estatutos de FMI[1]
- Lo anterior fue denunciado por el propio Presidente de la Nación, no solo en público sino también en sede penal.[2]
Siempre existen alternativas. Por lo tanto se proponen, en orden de deseabilidad, las siguientes aplicaciones para los DEGs que recibirá Argentina:
- Monetización y acreditación de los DEGs para inyectarlos en la economía del país en las prioridades de decisión política que determine el Poder Ejecutivo. Este mecanismo ya fue utilizado en la anterior emisión de DEGs del FMI -2009- por la Argentina, entre otros países. Es el mecanismo que otorga mayores grados de libertad al proceso económico y asegura efectividad de aplicación en políticas públicas relevantes en el actual contexto.
- Creación de un fondo de inversión en obra pública. Podría ser complementado con pesos en la misma magnitud del monto recibido y asignar los DEGs a los componentes importados necesarios en la ejecución de cada obra. Este mecanismo dinamiza la economía, aumenta el empleo, aumenta la inversión, mejora la competitividad y productividad de largo plazo. Una versión homeopática del mismo ya fue experimentada con éxito mediante el Fondo del Bicentenario.
- Creación de un fondo para pre-financiar exportaciones en la órbita del BICE.
- Creación de un fondo de orden cambiario en el BCRA, tendiente a resistir los ataques especulativos que viene sufriendo el peso, particularmente en períodos electorales donde las variaciones del tipo de cambio no tienen que ver con ningún fundamento económico sino, ni mas ni menos, que con especulación financiera y ataques al sistema democrático -o una combinación de ambos-.
- No se considera adecuado, ni útil, asignar estos activos para pagar deuda con el FMI. Seguramente podría ser presentado como una “reducción” de la deuda en casi un 10%, pero esta argumento sería un autoengaño. Hay que mantener la relación y la negociación con el FMI en buenos términos, pero de ninguna manera es conveniente cerrar un acuerdo antes del fin de la pandemia. Avanzar en un acuerdo en la situación actual es hacerse trampa al solitario. La Argentina no sacará nada positivo de dicho acuerdo, además de ser incumplible. Cualquier decisión respecto al FMI debe tomarse en una situación de mayor certidumbre sobre las condiciones globales. Este hecho es reconocido por el propio Fondo, ya que es la causa de la emisión de los DEGs en cuestión. Si no reconocieran desde el Fondo lo extraordinario y difícil de la situación ¿hubieran emitido 650.000 millones de dólares?
Como afirmara certeramente el presidente Alberto Fernández en un reciente reportaje radial: “Vamos bien; no hay un límite temporal para la firma del acuerdo. No voy a firmar algo que dañe a los argentinos", destacando que va a avanzar en definiciones cuando "a la Argentina le convenga".
En el caso de Argentina, de utilizarse los DEGs para pagar al propio Fondo, sería como si la emisión para afrontar el Covid no hubiera existido, poniendo a nuestro país en una situación de inequidad respecto del objetivo de la propia medida del FMI.
Adicionalmente, sería particularmente grave para nuestro País el hecho de pagar sin haber tomado una decisión previa respecto a las denuncias que realizara el Poder Ejecutivo sobre la deuda contraída en forma ilegal por el gobierno de Macri. Sería una licuación auto infligida -sin sentido- de la capacidad de acción del gobierno[3].
En definitiva existen no solo motivos económico-financieros, sino también -y fundamentalmente- políticos para desechar esta alternativa.
[1] La deuda con el FMI no fue autorizada por el Congreso de la Nación y viola el Inciso a) del Artículo 6°del Convenio Constitutivo del FMI que obliga a la institución a realizar un monitoreo para ver el destino de los fondos y, no solo no se hizo, sino que se le prestó al gobierno de Cambiemos en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA de esa gestión vendía sin límite las reservas internacionales, hecho que de por sí, tornaba más previsible que se endeudaba al país para posibilitar la fuga. Artículo 6to. Inciso a) … ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo
[2] El Presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo de 2021, dijo: “Una deuda tomada por un gobierno irresponsable que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación. Tanta mala fe de los tomadores del crédito y tanto desdén de funcionarios políticos de un organismo multilateral por privilegiar a un gobierno en la coyuntura, no puede ser visto como un caso más…”
[3] Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Por medio del Decreto 239/2021 la Procuración del Tesoro de la Nación se constituye en parte querellante en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la CABA y coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado Nacional. Pero que la querella no sea solo contra los funcionarios que hicieron posible el endeudamiento y su fuga en la gestión de Cambiemos, sino que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica. El Informe de marras dice que siete millones de personas físicas y jurídicas compraron 86.200 millones de dólares, pero los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.769 millones de dólares, según afirma el Informe. Bien hay que llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuestos a las ganancias por el monto de dólares que compraron, de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria
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