Los puntos débiles del acuerdo firmado por Argentina con el FMI, fueron por primera vez mencionados por el propio organismo multilateral. Según manifestó su titular Kristalina Georgieva en la apertura de la Asamblea Conjunta del FMI y del Banco Mundial, el programa suscripto con la Argentina podría requerir "recalibrarlo para reflejar los cambios en la economía global para la Argentina".
En rigor, las inconsistencias del acuerdo que llevó adelante el actual gobierno con el FMI, luego de que la alianza Cambiemos reintrodujera la tutela de este organismo hacia las decisiones de política económica, se vienen discutiendo permanentemente a nivel local y desde antes del cambio de escenario global por la invasión de Rusia a Ucrania, la cual por otra parte no modificó ninguno de los puntos que el gobierno había acordado con el FMI previo al inicio de la contienda bélica y terminó de suscribir a posteriori de la misma.
Por caso, el último informe del Centro CIFRA de la CTA permite vislumbrar que ni los ingresos ni los egresos públicos que plantea el acuerdo podrán cumplirse, tanto durante el presente año como en lo convenido hasta 2027.
Puntualmente, el informe sostiene que el programa del FMI planteaba una reducción del déficit fiscal, del 3 por ciento de 2021 a 2,5 por ciento del PBI para este año. Para ello, se había acordado por el lado de los ingresos tributarios un crecimiento del 0,9 por ciento del PBI, que compensaría incluso la reducción de otros ingresos obtenidos en 2021 como el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Y por el otro, un recorte en los subsidios económicos por el 0,8 por ciento del PIB. Sin embargo, en relación a los ingresos fiscales, CIFRA plantea que los mismos se proyectaron en línea con los obtenidos en 2021, “en el marco de un crecimiento del 10,3 por ciento del PIB, que contrasta con el proyectado del 4 por ciento del PIB en 2022 que tiene, además, escasas posibilidades de concretarse”, en un escenario que se extiende por lo menos hasta 2027. Aún más, sostienen que los límites al crecimiento económico surgen “también de la profundización de la política económica del primer semestre de 2021, es decir, la implementación de un ajuste monetario y fiscal” que involucra el acuerdo con el FMI, el cual, añaden, podrá ser de menor o mayor relevancia de acuerdo a la situación internacional, pero “por ahora tiende a empeorar los términos del acuerdo”. E incluso, si se toma en cuenta los ingresos extraordinarios por el alza de los precios provocados por la guerra, sostienen que “esa evaluación no contempla los efectos adversos de la sequía” que, agregan, “anularían los efectos positivos que los aumentos de precios tendrían en la recaudación”.
Por el lado del gasto, el informe de CIFRA plantea que la reducción de los subsidios económicos, de los cuales el 75 por ciento correspondía a subsidios energéticos, “no va a ser posible en el marco de los precios internacionales de la energía producto de la guerra”, pues “es probable que los subsidios energéticos, aún con el aumento de tarifas pactado, experimenten un incremento que puede ser superior a 1,5 por ciento del PIB”, en lugar de la reducción del 06 por ciento del PBI, para el caso de que se mantengan los precios internacionales del gas.
En este sentido datos relevados por la Fundación FIDE en base a informes publicados por la consultora Economía y Energía, proyectan un precio del GNL de 40 dólares por millón de BTU, con lo que los subsidios energéticos se incrementarían en 6.500 millones de dólares, y por cada 10 dólares por millón de BTU que aumente el costo, el desembolso adicional sería de 1626 millones de dólares.
Primera revisión
La falta de sustentabilidad del acuerdo con el FMI, que ahora hasta el propio organismo reconoce, no afectaría sin embargo la primera revisión que el propio Fondo hará sobre el cumplimiento del gobierno a las metas acordadas para el primer trimestre de 2022. Adelantada para el mes de mayo en lugar de junio, esta primer revisión debía comprobar que para los primeros tres meses del año el déficit primario no fuera mayor a 222.264 millones de pesos o 0,3 por ciento del PIB, lo cual se sobrecumplió al consolidarse un déficit de 192.735 millones de pesos, aún cuando el gasto primerio aumentó un 14 por ciento en términos reales. De la misma forma, el techo máximo de emisión monetaria para el primer trimestre al que se comprometió el gobierno fue de 236.800 millones de pesos o 0,3 por ciento del PIB, pero en dicho periodo solo se emitieron 122.000 millones de pesos, en gran medida gracias a la colocación de mayor deuda en pesos. Por último y en relación a la acumulación de reservas, en la que se comprometían 1.200 millones para el primer trimestre, el mismo ingreso de 9.800 millones de dólares por parte del FMI aseguraba su cumplimiento, aun cuando hasta febrero el Banco Central había vendido la fuerte suma 2.645 millones de dólares, de los cuales 1.430 millones correspondieron a financiar operaciones financieras del sector privado. En cualquier caso, el cumplimiento a esta primera revisión estaría asegurado, y con ella, el nuevo desembolso por 4.200 millones de dólares para el mes de junio.
El interrogante, al que ahora se sumó el propio FMI, comenzará a partir de ese mismo mes.
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