La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, encabezada por José Leonardo Gialluca, exigió a la Secretaría de Energía de la Nación que garantice el suministro eléctrico durante el verano, una temporada especialmente crítica en la región debido a las altas temperaturas que disparan la demanda energética. A su vez, alertó sobre la necesidad de medidas urgentes para evitar cortes en el servicio.
Según el organismo, la falta de inversiones sostenidas en infraestructura y la demora en obras clave como la línea de alta tensión AMBA I, ponen en riesgo el abastecimiento, afectando tanto a hogares como a comercios e industrias. El punto más polémico señalado por la Defensoría es la postergación de la línea de alta tensión AMBA I, un proyecto fundamental para reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Esta obra, que debía mejorar la capacidad de transporte eléctrico en el país, fue detenida tras la propuesta de financiarla mediante un aumento en las facturas de los usuarios, esquema conocido como "estampillado a la demanda". Este modelo implicaba un incremento de entre el 3% y el 10% en los costos para los consumidores, lo que generó un fuerte rechazo, especialmente desde las provincias del Norte Grande.
Una decisión polémica
Gialluca cuestionó la medida al considerar que el costo de la obra debe ser asumido por el Estado Nacional o mediante créditos a largo plazo: "Es inaceptable que los usuarios deban asumir los costos de una obra que todavía no existe y cuya responsabilidad recae en el Gobierno".
Además, destacó que este esquema beneficiaría principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que deja al resto del país en desventaja. Ante la inminencia del verano y la posibilidad de cortes masivos en el suministro eléctrico, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, implementar acciones inmediatas para garantizar la provisión energética.
Gialluca subrayó que la energía eléctrica es un servicio público esencial que no puede quedar supeditado a conflictos de financiamiento o planificación insuficiente. La falta de energía no solo impactaría en la calidad de vida de millones de argentinos, sino que también comprometería el desarrollo económico de regiones como Formosa, donde la actividad productiva depende en gran medida de un suministro confiable.
Desde la Defensoría, se insta a una planificación energética equitativa que contemple las necesidades de todas las provincias y priorice inversiones que beneficien a todo el país, evitando que las regiones periféricas queden relegadas.
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