La pérdida de recursos por parte del Estado derivado de la evasión y elusión fiscal de agroexportadores representó (tomando en cuenta apenas lo detectado por organismos de control) más de la mitad de lo que el Gobierno destinó en ayudas a pequeños productores afectados por la sequía o tres veces lo que aportó al sector lácteo en financiamiento. Es decir, que 6 de cada 10 pesos que dispuso el Estado para el sector podrían haberse financiado por otros actores de la misma actividad. En total, el Fisco perdió en los últimos doce meses por maniobras de evasión y de triangulación detectadas el equivalente a 32.393,8 millones de pesos.
A estas cifras informadas por AFIP y Aduana en el último año deberían sumarse las pérdidas en las arcas públicas por la planificación nociva de grandes cerealeras y el contrabando que sí logró sortear las pesquisas oficiales. En este marco, las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace exigen la eliminación de retenciones y mayores subsidios al sector.
Un sector del campo, enrolado bajo el ala más beligerante de la Mesa de Enlace, llevará a cabo este martes una asamblea de productores convocada por la Federación Agraria Argentina (FAA) en cercanías de Villa Constitución, Santa Fe. Por su parte, el miércoles los miembros del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presentarán un documento con 40 propuestas de cara al año electoral.
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El motivo de ambas manifestaciones, según expresaron los referentes de la mesa directiva del agro, cuestionados desde sus bases, en la falta de políticas públicas adecuadas para los pequeños y medianos productores frente a las diversas inclemencias climáticas, tales como sequías, inundaciones, heladas y granizo. El Estado dispuso a través del Banco Nación una línea de tasas subsidiadas por 50.000 millones de pesos para pequeños productores.
En resumen, el pedido de este nucleamiento de lobby agropecuarios es sobre la eliminación de retenciones y mayores subsidios al sector, una contradicción habitual entre el deseo “desfinanciar al Estado y pedir créditos del Estado”. A esto se suma la pérdida para las arcas públicas producto de la evasión del sector.
Los evasores de siempre
En la previa a la protesta de las entidades rurales, la Aduana intimó a cuatro grandes cerealeras por maniobras de triangulación para pagar menos retenciones en las exportaciones de derivados de soja importada de Paraguay. A través de ese mecanismo, las firmas estadounidenses Cargill y Bunge, la francesa Louis-Dreyfus y la china COFCO acumularon una deuda desde 2020 de 50 millones de dólares, según informaron desde la AFIP.
En pesos, a un tipo de cambio promedio entre el oficial y precios alternativos -un número que se aproxima a lo recibido por el sector en el marco del programa de “dólar sojero” y las alternativas de inmovilización y acceso al mercado financiero para cambiar las divisas-, la evasión alcanza entre 15.000 y 17.500 millones de pesos.
Estas empresas son las que presionan por una eliminación de las retenciones con el acopio de sus granos en silo-bolsas y luego, cuando se les otorgó una medida de impacto similar (como el dólar sojero) acaparan el beneficio. Las ventas al exterior de poroto, harina y subproductos de soja mediante el esquema de incentivo exportador alcanzaron a las 13,3 millones de toneladas, el volumen más alto para un mes al menos desde 2010. Las diez gigantes del campo se quedaron con el 91 por ciento del dólar-soja, equivalente a 12,1 millones de dólares.
Si bien hubo una mejora en el precio para los productores, más atomizados, el grueso del negocio exportador se mantuvo bajo el monopolio de las mismas firmas de siempre. Cargill se quedó con 1,8 millones de toneladas; Bunge, con 1,3 millones; LDC Dreyfus, con 1,3 millones y COFCO, con 970 mil toneladas.
Con la sequía y la venta anticipada de granos como resultado de las dos etapas de incentivo de un dólar para el sector por encima del oficial, los ingresos derivados de la liquidación de exportaciones del sector agropecuario registraron una fuerte caída en enero. En febrero se espera una pérdida aún mayor en los derechos del comercio exterior.
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A esta retención de la cosecha se suma la evasión directa o la triangulación de operaciones, lo que erosiona fuertemente los ingresos fiscales. Un racconto de los operativos exitosos que informó la Aduana y la AFIP durante el último ejercicio anual da cuenta de la evasión o elusión impositiva por planificación fiscal nociva.
Esta semana, la AFIP, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 62 toneladas de maíz, 30 toneladas de soja y 28 toneladas de maíz partido, con un valor de mercado que ronda los 6,8 millones de toneladas, por diferentes controles de ruta llevados a cabo en puestos ubicados en los accesos al Puente General Manuel Belgrano y Sáenz Peña en la provincia de Chaco y las localidades de El Colorado y Tatane, en Formosa. El total interdictado equivale a la carga de cuatro camiones.
Previamente, también en Chaco y Corrientes, la DGI-AFIP incautó 266 toneladas de soja y 28 toneladas de maíz partido, valuados en casi 24 millones de pesos, durante en los mismos puestos de acceso al Puente General Manuel Belgrano y en Paso de los Libres. En esas provincias además, se habían incautado 60 toneladas de soja y 4 toneladas de maíz valuadas en más de 5,3 millones de toneladas, que eran trasladadas sin la documentación respaldatoria correspondiente. Solo en Paso de los Libres, Corrientes, el organismo conducido por Carlos Castagneto detectó 180 toneladas de soja valuadas en 17 millones de pesos que tampoco contaban con documentación respaldatoria.
En febrero, también se incautaron 595 toneladas de maíz, con un valor de mercado cercano a los 30 millones de pesos, en una planta de la localidad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. El total interdictado equivale a la carga de 22 camiones. En Chaco, funcionarios de la DGI secuestraron 236 toneladas de soja con un valor de mercado de 20,1 millones de pesos; mientras que en Corrientes se incautaron otras 30 toneladas de soja y 28 toneladas de maíz partido valuados en casi 4 millones. El total incautado equivale a unos 10 camiones completos de carga.
En la provincia de Entre Ríos, el organismo que conduce Carlos Castagneto incautó más de 53 toneladas de soja, durante un control de rutas realizado en la intersección de las Rutas Nacionales 14 y 18, valuadas en 4,5 millones de pesos. Los allanamientos encontraron que los transportistas no contaban con la Carta de Porte Electrónica, documento obligatorio para el transporte de granos no destinados a la siembra. La mercadería incautada tenía como destino la localidad de El Soberbio, provincia de Misiones. El operativo fue realizado de forma conjunta con Gendarmería nacional.
Los agentes de la AFIP llevaron adelante este mes los operativos en el acceso al Puente General Manuel Belgrano (Chaco), Paso de la Patria (Corrientes) y Tatané (Formosa), donde se incautaron cinco camiones que llevaban una carga total de 113 toneladas de soja y maíz, valuadas en 6,6 millones de pesos.
Durante el mismo período, AFIP incautó en Córdoba 99 toneladas de soja y 466 toneladas de maíz valuados en 31 millones de pesos que no contaban con la documentación respaldatoria. En esa misma provincia también se habían incautado 210 toneladas de soja y 372 de maíz, las cuales estaban valuadas en 34 millones de pesos y no contaban con la documentación correspondiente.
Los ejemplos son variados y los hallazgos tienen una periodicidad casi diaria. De hecho, durante el año pasado el organismo incautó más de 81.600 toneladas de granos y otros productos en diversos procedimientos realizados en distintos puntos del país, equivalente a unos 10.000 millones de pesos. De esa cifra, la soja, el maíz y el azúcar representaron cada una un 25 por ciento del total, es decir que en su conjunto sumaron tres cuartas partes de los decomisos del año.
La ayuda, sin colaboración
La evasión detectada, apenas una muestra de lo que puede ser la pérdida real de ingresos en las arcas públicas, asciende a unos 32.393,8 millones de pesos. En tanto, los voceros de la Mesa de Enlace agropecuaria exigen la eliminación de retenciones y, en simultáneo, ayudas financieras para pequeños productores. Si no se mejora la recaudación, los desembolsos deberían provenir de una emisión extra, algo que el establishment también rechaza, en línea con acuerdo con el Fondo Monetario. No obstante, el Estado desplegó distintos canales de ayuda al sector agropecuario frente a las distintas complejidades que enfrentan.
Entre los beneficios anunciados en el marco de la emergencia agropecuaria hasta el 30 de abril, se destacan la suspensión del anticipo del Impuesto a las Ganancias, la interrupción de juicios de ejecución fiscal y de embargos de cuentas corrientes y la desafectación del cálculo de impuesto a las ganancias para quienes hayan realizado ventas forzosas de hacienda por el impacto de la sequía.
Se prorrogó también el vencimiento del pago de impuestos que graven el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas cuando el mismo recaiga en el mismo período en el que esté vigente el estado de emergencia, hasta el ejercicio siguiente a su finalización.
Para los monotributistas se definió que los productores que estén inscriptos en el régimen simplificado gozarán de la prórroga del pago del componente impositivo y una reducción del 50 por ciento si está englobado en el estado de emergencia y del 75 por ciento si se trata de zona de desastre.
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En el caso del sector lácteo, el Ministerio de Agricultura asistió a los productores con subsidios por el equivalente a 10.000 millones de pesos. La cartera que conduce Juan José Bahillo estableció un Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz, que se financiará con los fondos provenientes del Programa Incremento Exportador (dólar sojero), con el objetivo de acompañar el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de este segmento productivo.
En este sentido, el beneficio a percibir por cada productor de soja y/o maíz será de hasta 6500 pesos por hectárea de soja declarada y de 20.000 para el maíz. Además, el Programa podrá destinar hasta la suma de 15.000 millones de pesos a los beneficios establecidos, sujeta a disponibilidad presupuestaria del Servicio Administrativo Financiero. Para viñateros el Gobierno puso a disposición 10.000 millones de pesos en aportes no reintegrables a productores de San Juan, Mendoza, Rio Negro y La Rioja para fortalecer la marca de “Vino Argentino”.
En el caso de los préstamos para productores afectados por la sequía, el Banco Nación dispondrá de 50.000 millones de pesos en subsidio de tasas (15 puntos porcentuales) en línea de crédito para productores alcanzados por la emergencia agropecuaria. En definitiva, el Estado ya puso a disposición el doble de lo detectado en evasión del campo para acompañar a los productores del sector. El resto del programa de ayuda se encuentra definido en el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso y que no cuenta con tratamiento parlamentario por la negativa de la oposición.
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