La ministra de Economía, Silvina Batakis, enfrenta este miércoles una primera pulseada con el sector financiero para evitar una corrida del dólar, a partir de la colocación de deuda con la que busca morigerar la renovación de los 400.000 millones de pesos en bonos nominados en moneda local que vencen a fin de este mes. Estos títulos vienen castigados hace unas semanas, luego de que se instalara desde la oposición la idea de un posible default de la deuda en pesos, lo que terminó de coronar el ex ministro Martín Guzmán con su salida intempestiva de Economía, lo que caldeó todavía más las especulaciones de los financistas.
Desde hace unos días, según confirmaron a El Destape fuentes del Gobierno, la ministra Batakis viene reuniéndose con bancos e inversores locales --la semana que viene comenzará con los extranjeros-- para explicarles las condiciones de las próximas renovaciones (o rollover, según la jerga financiera) de los títulos en pesos y descartar cualquier posibilidad de impago o incumplimiento. El objetivo de las reuniones, que hasta el momento son de carácter bilateral para con cada uno de los actores del sistema financiero, es evitar un bajo nivel de renovación y que el volumen de pesos que no vuelva a posicionarse en deuda del Tesoro, el cual el Banco Central deberá cubrir con emisión, se traslade al dólar, tensionando todavía más los precios de la divisa en el segmento informal.
"No es una mesa de encuentro con inversores. Hasta ahora las reuniones privadas con inversores individuales, como lo fue la semana pasada con banqueros locales", detalló a este medio la fuente oficial. Según pudo saber El Destape, ya hubo varias reuniones con tenedores locales de deuda y "ya están previstos nuevos convites con bonistas internacionales para los próximos días". En esos encuentro la funcionaria explicó parte de los nuevos lineamientos fiscales y financieros lanzados el lunes, que tuvieron como claro interlocutor al "mercado", y despejar cualquier rumor de incumplimiento.
En el caso de los banqueros, también hubo una reunión protocolar el lunes, con la asistencia del presidente de la asociación de bancos extranjeros (ABA), Claudio Cesario; de bancos de capital nocional (ADEBA), Javier Bolzico; de los especializados (ABE), Gregorio Goity y el director ejecutivo de los bancos públicos (ABAPPRA) Marcelo Mazzón.
Este mes el equipo económico enfrenta vencimientos por unos 400.000 millones de pesos, de los cuales uno de cada cuatro pesos es deuda entre organismos del Estado (intra-sector público), mientras que el otro tercio está en manos de privados. Principalmente, en poder de bancos y grandes fondos de inversión. Si bien este miércoles no existe un vencimiento de deuda específico, el objetivo es buscar fondeo en las semanas previas para llegar con cierta holgura a la operación de fin de mes.
La estrategia, adelantada por la titular del Palacio de Hacienda, es garantizarle a los bonistas un rendimiento positivo, lo que equivale a ofrecer tasas de interés que le ganen a la inflación o activos que se indexen por precios (bonos CER) o variaciones en el tipo de cambio (dollar-linked). También se comprometió a poner en práctica mecanismos alternativos que eviten una menor dependencia de la asistencia del Central al Tesoro, lo que atizaría una inflación ya creciente y tensaría aún más la brecha cambiaria.
Este martes, en un mercado de renta fija que operó en terreno mayoritariamente negativa se destacó la suba de más de 6 por ciento en los papeles atados a la inflación (bonos CER), lo que fue entendido por el Gobierno como una señal de posible acompañamiento a lo que suceda en la renovación de este mes. En el caso de la deuda en moneda extranjera, que surgió de la reestructuración que llevó adelante Guzmán y que también fue puesta en duda en los últimos días, los contactos de Batakis con sus tenedores buscarán evitar un mayor castigo sobre esos papeles que, en plena especulación, rinden como antes del canje.
Tal como quedó claro en el primer anuncio formal de la ministra, los grandes inversores (institucionales) exigen un mayor grado de ajuste fiscal que el acordado con el Fondo Monetario. El organismo multilateral le había brindado al país cierta flexibilidad en el diseño de la política económica, algo que rechazan los inversores y presionan sobre el tipo de cambio.