(Actualiza información)
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados inició hoy el tratamiento de los proyectos que buscan modificar la ley de alquileres, en una reunión en la que se designaron las autoridades de ese cuerpo y en la que se estableció un cronograma de trabajo que incluye la posibilidad de emitir dictamen entre el 26 y el 27 de abril, previa asistencia de expositores sobre la materia.
La diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau fue reelegida como presidenta de la comisión, en tanto que Carla Carrizo, de Evolución radical-Juntos por el Cambio, continuará como vicepresidenta.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
En la breve reunión, en la que solo se acordaron estas cuestiones organizativas, se resolvió un esquema de trabajo que incluye reuniones virtuales y presenciales, así como la posibilidad de que algunos de los testimonios de los sectores interesados en la iniciativa puedan realizarse a través de videoconferencia aun cuando el encuentro de la comisión sea presencial.
Las próximas reuniones de la comisión serán el martes y el miércoles de la próxima semana, bajo la modalidad remota, entre las 13 y las 17 horas, y con opiniones de especialistas.
La semana siguiente, el martes 19 y el miércoles 20, los diputados recibirán a invitados en forma presencial.
Por último, el martes 26 y el miércoles 27 los diputados se reunirán en forma presencial para abocarse a la discusión interna y buscar emitir un dictamen de consenso en base a la veintena de proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas.
La ley de alquileres vigente fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.
A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.
También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.
En cambio, los legisladores mantendrán los artículos incorporados a la ley sancionada en 2020 que fueron la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.
También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito.
Con información de Télam
Cerrar sesión