Un reducido y concentrado grupo de bancos y fondos especulativos, aglutinados en un comité, con tenencias de deuda argentina en proceso de reestructuración, fue el que decidió la semana pasada que el país está en cesación de pagos. Más allá del acotado impacto que tiene la sentencia en un país en virtual default hace un año y medio, resulta grotesco analizar la estructura que posibilita que, por ejemplo, el acreedor más grande del país, el fondo Blackrock, con 1500 millones de dólares declarados en deuda argentina, incida en la decisión. Desde el Ministerio de Economía aseguran que "se trata de un asunto entre privados".
La propia reglamentación que rige a este comité, a partir de la caída de Lehman Bhroters contempla excepciones legales cuando el default es en un proceso de reestructuración.
El dictámen surge a partir de un mercado de derivados, que significa un "papel" que dan cobertura sobre el comportamiento de del precio de "otro papel". Por ejemplo, un seguro que se vende en el mercado contra ocurrencia de un hecho, como un default.
Esta cobertura se llama Credit Default Swaps (CDS). Si bien estos seguros se negocian independientemente de la tenencia de títulos del país contra el que se está apostando en contra, suelen coincidir en las carteras de los mismos bancos por razones obvias, asegurarse ganar pase lo que pase.
Si el país "cumple" con los cronogramas, el financista obtiene la renta semestral extraordinaria que ofreció el macrismo. Si no, espera a "cobrar el seguro". El problema es que quien determina el cobro es el tenedor de ambos instrumentos. En este escenario, el equipo de Economía que conduce el ministro Martín Guzmán, debe enfrentar a acreedores que, además de tener espalda financiera para pulsear, están asegurados pase lo que pase. Los mismos bancos que piden una mejora y mediáticamente aseguran que negocian de "buena fe" y los que están a cargo de la operación presionan con estos seguros.
El comité que determina que la situación de una deuda --en el caso argentino se disparó a partir de incluir en el canje a los bonos Globales, cuyo intereses vencieron el mes pasado-- se llama International Swaps and Derivatives Association (ISDA). Como organización agrupa a más de 900 bancos, fondos de inversión y otras entidades del mercado de derivados de todo el mundo.
Sin embargo, la decisión se inicia a partir del pedido de alguna de estas principales entidades: Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho Securities, AllianceBernstein, Citadel, PIMCO y Cyrus Capital y Elliott Management. Este último es propiedad de Paul Singer, quien demandó al país tras no aceptar el canje de 2005 ni de 2010. En 2014 logró incidir en el Comité para que declarara un default, pese a que el país había depositado el vencimiento y por una demanda del propio Singer se mantenía bloqueado.
En el equipo económico aseguran que hay una grupo de acreedores que no ingresará al canje sin importar la propuesta y buscarán de todos modos litigar. Volverá a ser, entre otros Singer, quien decida seguramente.
El cargo de secretario de esté comité, tercero en importancia en la estructura de la entidad, se ubica Jack Hattem, managing director de Blackrock, con tenencias de deuda argentina por unos 1500 millones de dólares y con la postura más dura y beligerante de todos los acreedores. En el resto del directorio está integrado por ejecutivos de grandes bancos y fondos como Pimco, HSBC, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Deustche Bank o RBC Market Capital.
En este tándem se destaca el HSBC, que detenta 70 millones de dólares de emisión macrista y actualmente, junto con el Citigroup, al frente de la colocación de la nueva deuda a emitir con el canje.
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